¿Qué espera Médicos Sin Fronteras en Colombia del próximo Presidente?

El 17 de Junio 2018, el país va a escoger su próximo jefe de Estado y con ello las responsabilidades que le corresponden para atender a la población colombiana en temas de salud.

Por Nicholas Gildersleeve, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Colombia.

Según el informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) "A la sombra del proceso: Impacto de las otras violencias en la salud de la población colombiana": “Colombia está viviendo una nueva realidad política y social con el llamado `posconflicto` y la implementación de los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP); sin embargo, un análisis de los eventos violentos registrados en las zonas de Buenaventura (departamento del Valle del Cauca) y Tumaco (departamento de Nariño) permite ilustrar que la violencia sigue activa a pesar de haber finalizado el conflicto con las Farc-Ep y a pesar que sigue el diálogo con el Eln.”

En las zonas donde Médicos Sin Fronteras trabaja, se observa un incremento de la presencia e influencia de organizaciones criminales y otros grupos armados. Asimismo, en las comunidades se están intensificando Otras Situaciones de Violencia (OSV), como amenazas, homicidios selectivos, secuestros, desapariciones, hostigamientos, extorsiones y confinamientos. Estas situaciones de violencia tienen un claro impacto en la salud física y mental de la población de los municipios atendidos. Durante el periodo 2017 y primer cuatrimestre 2018, hemos visto que a consecuencia de la exposición a eventos violentos, las comunidades han presentado un impacto en la salud mental, reflejado en  las 4.459 personas atendidas, quienes han desarrollado depresión (30%), ansiedad (12%), trastornos mentales (12%) –esquizofrenia, psicosis infantil, trastorno afectivo bipolar– y estrés postraumático (10%). Esta situación refleja la realidad que se vive en zonas urbanas y rurales de muchos departamentos de Colombia. De estos pacientes, el (65%) tuvo un factor de riesgo relacionado con la violencia y el (24%) relacionado con la separación o perdida de algún ser querido, que incluye la desaparición forzada.

Colombia acumula 120.104 personas desaparecidas forzadamente según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, de los cuales, 25.000 fueron relacionados con el conflicto armado. La situación de angustia y sufrimiento por la que pasan sus familiares, exige una respuesta efectiva por parte del nuevo gobierno. Basada en nuestra experiencia en salud mental, uno de los retos de hoy para el próximo gobierno en Colombia, debería ser apoyar la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, para que cumplan con el objetivo de promover la coordinación interinstitucional, la orientación y la atención psicosocial a los familiares de personas dadas por desaparecidas.

También hemos sido testigos directos de la falta de acceso a la salud en ciertas áreas del país a través de las respuestas en situaciones de emergencias relacionadas directamente con desplazamientos, confinamientos, catástrofes naturales o precisamente donde no hay respuesta institucional. Chocó por ejemplo, es el departamento que reportó, en el segundo semestre de 2017, un mayor número de personas desplazadas forzadamente. Aquí, como en Norte de Santander y Nariño, nos hemos encontrado a lo largo del año, un contexto de disputas territoriales y enfrentamientos entre actores armados. En estas situaciones, que suelen ser desatendidas, las comunidades sienten miedo persistente y preocupación frente a la repetición de los eventos, así como angustia por la presencia y el constante tránsito de miembros de grupos armados ilegales. En estas zonas apartadas es definitivamente necesario que se realicen brigadas de atención médica con profesionales en salud mental, incluso la atención primaria debe ser más frecuente, ya que nos hemos encontrado con esquemas de vacunación incompletos, con poca cobertura en programas de promoción y prevención como citologías, controles prenatales, controles postparto, vacunación, odontología y crecimiento y desarrollo.

Asimismo y fruto de nuestro trabajo, consideramos ineludible que el nuevo gobierno siga luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas. Colombia tiene un marco legal robusto que permite a las mujeres poder acceder a  la interrupción voluntaria de embarazo (IVE). MSF en 2018 acompañó a 48 embarazadas de menos de 12 semanas y ha referido 56 de más de 12 semanas a las estructuras de salud. Hoy en día muchas barreras impiden a las mujeres el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo segura.  MSF espera que el próximo gobierno rompa esas barreras, que conllevan en numerosas ocasiones a prácticas de abortos inseguros, evitando con ello complicaciones médicas que muchas veces  derivan en infertilidad, infecciones graves y otros problemas que en ocasiones terminan en la muerte.

Frente a esta realidad y basándose en su experiencia, MSF llama al próximo gobierno colombiano a persistir en el camino que ha iniciado en materia de legislación e implementación efectiva de la atención en salud mental, la atención a las víctimas de violencia sexual y el despliegue de un sistema efectivo de atención primaria en aquéllas zonas del país afectadas por la desigualdad y la violencia estructural.