Propuestas para el agro, pero no para el campesinado

Por Natalia Abril Bonilla*.

Aunque la concepción que tienen los candidatos del campesinado colombiano no es una categoría específica en los planes de gobierno de los candidatos, sí salta a la vista la idea que tienen sobre este sector de la población en las propuestas a la protección de la economía campesina, comunitaria o familiar.

Pareciera que, a pesar de haber superado una etapa de 52 años de conflicto, la concepción del campesinado como trabajador agrario no ha cambiado mucho. O al menos esa es la sensación que queda luego de comparar las propuestas que tienen para atender sus necesidades, que se resumen en dotar de bienes públicos y aumentar la productividad del agro. Elementos que si bien son necesarios para mejorar la calidad de vida del campesinado, continúan entendiéndolo como un mero proveedor de fuerza de trabajo, sin reconocer sus diferencias internas ni su potencialidad en la toma de decisiones de la política rural.  

En este tema particular, Humberto De la Calle propone impulsar el desarrollo de redes para la comercialización de productos, que integren a los productores a los grandes mercados, nacionales e internacionales. También promueve la asociatividad de productores  para la construcción, adecuación y manejo de distritos de riego, eliminando la participación de los intermediarios para negociar directamente los precios.

Sergio Fajardo propone brindar los instrumentos necesarios a campesinos y empresarios para garantizar una producción sostenida, competitiva y rentable que incluirá herramientas orientadas a incrementar sus ingresos, respaldando a las asociaciones de pequeños productores y expandiendo el crédito. Eso sí teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y promoviendo un ordenamiento institucional sin clientelismos.

Germán Vargas propone una política agraria que garantice la productividad, la sostenibilidad de los ingresos rurales, las exportaciones y el mejoramiento tecnológico para ser más competitivos. Propone un crédito especial para pequeños y medianos productores con tasas subsidiadas para la compra de maquinaria y equipos, tasas de interés flexibles que reconozcan los riesgos de la actividad rural.

Gustavo Petro, propone generar una economía campesina sostenible, fomentando la asociación entre pequeños productores, contando con la participación de las organizaciones campesinas, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria que proteja las semillas nacionales. Además propone la construcción o el mejoramiento de vías secundarias y terciarias que reduzcan los costos de intermediación de los productos y generen un valor agregado a la producción agropecuaria.

Iván Duque propone la transformación de tierras rurales con la articulación de agroindustria con pequeños productores, al igual que la protección de la propiedad y créditos que incentiven la inversión. Y Vivianne Morales busca dotar de infraestructura y adecuación de tierras al campo para favorecer (pareciera que por igual) a comunidades campesinas, desarrolladores agrícolas e inversionistas. También teniendo en cuenta aspectos regionales y territoriales que favorezcan a las comunidades rurales

Con excepción de Petro, el resto de las propuestas tienen una concepción un poco reducida del campesinado con rezagos del paradigma de la modernización, al considerar que el desarrollo de la agricultura comercial jalona y resuelve la cuestión campesina. Carlos Salgado, uno de los mayores conocedores del campesinado en Colombia, cuestionó en 1994 esta misma visión de la política agraria en los gobiernos de Gaviria y Samper, según la cual los “problemas críticos del sector agropecuario se relacionan con la rentabilidad de los cultivos, la tecnología, la adecuación de tierras, el mercadeo, el comercio exterior y el crédito”. Según Salgado, son políticas que se refieren a la idea implícita de que el crecimiento, la competitividad y la política social son suficientes para promover el desarrollo rural campesino

El campesinado de la frontera agrícola, no es el mismo que el del centro del país, conectado por la infraestructura y el comercio, y su capacidad para responder a estrategias productivas es diferente, pues depende de las relaciones culturales y sociales construidas a partir de su modo de trabajo y producción. Entender estas diferencias es crucial para formular una política pública que atienda sus necesidades y que permiten tener una concepción más amplia del campesino, no solo como un trabajador del agro con problemáticas iguales. 

Preocupa, finalmente, el silencio en la mayoría de los candidatos frente a la capacidad de la organización campesina para generar y desarrollar políticas agrarias, especialmente en la toma de decisiones. Los puntos donde se acumula la riqueza en la producción agropecuaria, como la transformación y comercialización, funcionan también como centros de decisión económica y política donde el campesinado no tiene voto. Por eso, permitir a las organizaciones participar en estos espacios de toma de decisión solo reconoce la capacidad de agencia del campesinado, sino podría transformar esa misma realidad que cada cuatro años vemos en las propuestas.

Investigadores del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria