Pronto: La Comisión de la Verdad

Abierto el proceso de escogencia de los y las integrantes de la futura Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, hay que volver a señalar algunos de los retos al respecto que deberían ser ampliamente discutidos.

Una selección con legitimidad

Más que un listado de individuos, la Comisión debe concebirse como una selección. El movimiento social está a tiempo de proponer y posicionar un equipo completo de comisionados y comisionadas con cualidades y capacidades diversas, que ha de trabajar por una causa común. La tarea es muy difícil, por supuesto. Mientras tanto, si hay que pensar en un capitán desde ahora, quien se convertirá también en un promotor excepcional de la reconciliación y la convivencia, mi opinión personal es que ese capitán debe ser el Padre Francisco de Roux.

El mandato no se puede cambiar

El mandato de la Comisión no es elaborar investigaciones como las que ya ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es la hora de esclarecer, aprovechando el camino avanzado, las políticas, planes, estrategias y decisiones gruesas que han hecho que el conflicto armado ocasionara un número mucho mayor de víctimas civiles que de militares y combatientes, y produjera un impacto especialmente focalizado sobre los procesos organizativos de diferente tipo.

Hay que decir desde ya que ese mandato no puede ser modificado por la voluntad de la Comisión invocando su autonomía o la legitimidad de sus integrantes, como ha ocurrido con experiencias pasadas. Cambiar el mandato de la Comisión, aún con argumentos supuestamente a favor de las víctimas, sería hacer trizas un órgano vital del Acuerdo de Paz.

Un pacto entre excombatientes por los archivos

Un tema sensible desde siempre ha sido el de los archivos. Muchos investigadores, incluyendo a quienes hoy hacen parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, han afirmado que no se puede hablar de responsabilidades del Estado y de las élites que han gobernado este país a profundidad porque hay vacíos de información emanados de las dificultades de acceso a los archivos oficiales. Por su parte, el movimiento social de víctimas ha expresado, desde el principio de su actividad, la demanda de la desclasificación de los archivos.

Sobre este campo hay dos problemas: ya se han ejecutado acciones para borrar archivos oficiales como en el caso del DAS y nadie asegura que, logrando la desclasificación, encontremos registros contundentes que conduzcan a esclarecer responsabilidades individuales o colectivas. Sin desfallecer en la exigencia, hay que ver la ventana de oportunidad que significa la reunión especialmente dedicada al tema de la verdad que tuvieron los comandantes de las FARC y de los grupos paramilitares desmovilizados. La información privilegiada que éstos pueden haber acumulado es hoy más esperanzadora que la voluntad del gobierno en esta materia.  

Movilización social para el reconocimiento de responsabilidades

Por último, sobre el reconocimiento de responsabilidades que debe promover la Comisión, debemos tener muy claro que éste reconocimiento no se va a lograr sin el acompañamiento y la presión de la sociedad. En ese sentido, tenemos que proponernos una movilización de amplios sectores, más allá de las organizaciones de víctimas, lo que significa la tarea difícil de posicionar en el sentido común la idea de que La Comisión y sus resultados no son sólo una respuesta para quienes han sufrido directamente las violaciones a los derechos humanos. La verdad es un camino necesario para reformas institucionales y consecuencias políticas que se traducen en democracia real.