Nuestro derecho a vivir en paz

Qué difícil es lograr el respeto por el más elemental derecho a la vida cuando los colombianos se han matado, torturado y amenazado durante décadas; qué complicado es cambiar la mentalidad violenta que nos impuso la guerra. Y por eso mismo, ¡qué urgente era buscar una salida negociada!

Durante dos días, Colombia presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra el séptimo informe sobre la implementación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en nuestro país. Este pacto, ratificado por Colombia en 1969, hace referencia a derechos como la vida, la libertad y la igualdad, entre muchos otros.

Con una delegación compuesta mayoritariamente por mujeres, fuimos respondiendo a las preguntas que nos formularon los miembros del Comité. Dado que el tiempo de las sesiones es limitado, los Estados disponen habitualmente de dos días adicionales para remitir respuestas por escrito. Con los insumos, la ONU emite un documento final con observaciones y recomendaciones. El de Colombia lo recibiremos en los próximos días.

Me gustaría comentar en este espacio algunos aspectos que se trataron durante el ejercicio, donde reivindicamos que la búsqueda de la paz a través del diálogo es la mejor manera de contribuir a que los derechos humanos sean respetados, como lo expresó el propio Comité.

En primer lugar, después de 50 años de conflicto armado, es necesario reconocer que son muchos los desafíos que asumimos. En palabras simples: qué difícil es lograr el respeto por el más elemental derecho a la vida cuando los colombianos se han matado, torturado y amenazado durante décadas; qué complicado es cambiar la mentalidad violenta que nos impuso la guerra. Y por eso mismo, ¡qué urgente era buscar una salida negociada!

No solo eso. ¡Qué oportunos resultaron el cese bilateral al fuego y los acuerdos humanitarios entre el Gobierno y las FARC-EP antes del acuerdo final! Los compromisos entre las partes para la salida de menores de los campamentos, el desminado humanitario y la búsqueda de personas desaparecidas, sin duda, contribuyen a restablecer derechos de buena parte de la población y a garantizar que no se repitan las violaciones que padecieron. El acuerdo para la terminación del conflicto armado se basó en un enfoque de derechos y en él participaron activamente las propias víctimas con sus propuestas.

Por tanto, los intercambios y diálogos que se continuarán dando con otros sectores sociales y grupos armados no pueden ser ajenos a los derechos humanos, pues estos son el eje central que debe guiar cualquier iniciativa de paz.

Esto nos lleva al siguiente punto. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), concebida para resarcir los daños de los afectados por el conflicto, es una de las más completas en el mundo. La puesta en marcha de esta norma ha permitido reconocer a ocho millones de víctimas, indemnizar a unas 600.000 personas, brindar atención psicosocial a más de 300.000 de ellas y a 150 comunidades, iniciar cerca de 400 procesos de reparación colectiva, restituir 192.000 hectáreas de tierras y realizar más de 270 actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de disculpas públicas, así como homenajes y actos de dignificación. Todo esto no sería posible sin una incidencia cada vez más visible de las víctimas y un Gobierno comprometido con sus derechos. El programa de reparación a víctimas es la política de derechos humanos más grande que asumió Colombia.

En tercer lugar, resaltamos ante las Naciones Unidas la existencia de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, alimentada con los aportes recibidos de cerca de 22.000 personas y 9.000 organizaciones. Es decir, las instituciones y la sociedad civil comparten una visión a largo plazo y, a nivel internacional, es evidente que hay un movimiento de derechos humanos en Colombia muy propositivo y que ejerce control social y veeduría al desempeño del Estado.

Esas organizaciones defensoras de los derechos humanos son plurales e incluyen mujeres, sindicalistas, periodistas, campesinos… y esto se refleja también en que las políticas públicas ahora incorporan un enfoque dirigido a los grupos sociales tradicionalmente más vulnerables: niñas y niños, comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, personas en condición de discapacidad, personas mayores y los miembros de la población LGBTI. En ese camino hacia la equidad y contra la discriminación, reafirmamos especialmente ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que las mujeres son esenciales en la construcción de un país más equitativo, justo y en paz.

Son muchos los temas tratados en los que debemos perseverar. No somos ingenuos y, aun cuando el conflicto armado termine, habrá retos que tendremos que afrontar, pero también sabemos que será más fácil hacerlo sin los dolores que causa la guerra. Ojalá los colombianos nos hubiéramos dedicado en estas décadas a combatir únicamente la desigualdad y la pobreza y no a combatir con las armas entre hermanos o con el que piensa diferente.

Estamos convencidos de que las observaciones del Comité nos servirán para reflexionar sobre los esfuerzos ya existentes destinados a garantizar los derechos de todos. Le agradecemos también que valorase la transparencia y la voluntad de diálogo con la que Colombia reconoció sus errores y las lecciones que está aprendiendo del pasado.

En estos días, cuando se cumplen 71 años de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, es más necesario que nunca reiterar el compromiso de toda la sociedad con el respeto por los derechos humanos, para que al fin vivamos en una sola Colombia, unida entorno a la paz sin impunidad, con equidad, reconciliada y orgullosa de su diversidad.