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"No sé cuándo me vaya a tocar a mí": Andrés Narváez, líder social amenazado

Óscar Parra Castellanos
13 de julio de 2018 - 04:18 p. m.

Como la mayoría de los colombianos, Andrés Narváez esperaba ansioso la inauguración del Mundial 2014. Ese 12 de junio planeaba ir a ver el partido inaugural entre Brasil y Croacia en el centro de Ovejas, en Sucre, el pueblo en el que ha vivido casi toda su vida. Andrés, que para ese momento tenía 56 años, decidió ir a recoger algo de leña en un monte cercano, antes de ver el juego. 

Mientras caminaba apareció un hombre en un caballo y le disparó. Andrés recibió cuatro balazos, uno que le destrozó un dedo, otro que le hirió la palma de la mano y dos más en el pecho.  Milagrosamente, las dos últimas balas salieron por la espalda sin tocar ningún órgano vital.

El atacante huyó. Como pudo, Andrés se levantó y caminó más de un kilómetro, sangrando, hasta una carretera donde encontró a unos jóvenes que lo llevaron al hospital de un municipio cercano. Duró internado 22 días.

El sobreviviente es un campesino que no sabe leer ni escribir; un juglar que dedica parte de sus días a componer y cantar canciones con ritmos de porro y música de gaita; un hombre creyente que asiste tres veces a la semana a una iglesia cristiana evangélica en la que agradece fervorosamente el estar vivo. Pero antes que cualquier otra cosa, Andrés Narváez es un líder social.

Los reclamos de los campesinos por el acceso a tierras en los Montes de María tienen ya varias décadas. Andrés, junto a un grupo de campesinos exigen la propiedad de un predio llamado La Europa y han entrado en confrontación con una extraña empresa que alega ser la verdadera dueña. Los padres de los campesinos que hoy reclaman la tierra recibieron los títulos de propiedad a finales de los sesenta, pero luego tuvieron que soportar la violencia guerrillera, paramilitar y de la fuerza pública.

Andrés es lo que muchos medios de comunicación llaman frecuentemente un líder de restitución de tierras. En la práctica, este campesino hace parte de una asociación que reclama unos predios que consideran suyos. 

El día del atentado, Andrés reconoció al agresor y la Policía lo capturó días después. Los campesinos de La Europa señalan al victimario como un conocido empleado de la empresa que alega ser la propietaria de las tierras.

Luego del atentado, Andrés tuvo que acostumbrarse a andar con escoltas e ir a su predio a trabajar la tierra con chaleco antibalas, bajo el ardiente sol de los Montes de María. El proceso por el intento de homicidio se dilató y el acusado terminó libre por vencimiento de términos, aunque luego un juez lo condenó a 25 años de cárcel. Ante el inminente peligro, el Estado colombiano sacó a Andrés del país hacia España, donde vivió seis meses refugiado.

A finales de 2016 regresó al país, pero volvió a recibir amenazas y un compañero de la Asociación de Campesinos de La Europa sufrió un atentado en Sincelejo, del que salió ileso. Por eso volvió a recibir un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección: un vehículo, un escolta y un chaleco antibalas.

El 10 de junio pasado la Unidad le retiró el carro. Ahora tiene que trasladarse a pie con su guardaespaldas, mientras la angustia crece por los frecuentes asesinatos de líderes sociales en el país y porque su victimario sigue libre. “Esta misma semana llegaron unos señores en moto en la noche cerca de la casa y duraron un rato hablando. Tengo mucho miedo, yo casi no salgo, vivo preso en mi propia casa porque no sé cuándo me vaya a tocar a mí”, dice Andrés con voz angustiada.

Es urgente que el Estado actúe con esquemas de protección para preservar la vida de este líder social, como las de tantos otros, pero estos esquemas no son suficientes. A la larga, ni los chalecos antibalas, ni los escoltas, ni los carros blindados han detenido a aquellos que quieren acallar violentamente los reclamos de las comunidades. Además de que no hay protección disponible para todos, los esquemas no solucionan el fondo del problema: que algunos se sientan con el poder, la seguridad y la libertad para proteger sus negocios a punta de balazos.

Según hemos documentado en La Paz en el Terreno (lapazenelterreno.com), después de la firma del acuerdo de paz, al menos siete líderes sociales han sido asesinados tras recibir esquemas de protección.

 

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