No hay lugar para la indolencia

Preocupan los asesinatos a líderes sociales. Asusta el silencio. El pacto político de 1991 que buscó romper con las prácticas y prejuicios contra la población indígena, no ha sido suficiente.

*Texto producido por el equipo del Informe Nacional de Memoria Histórica para Pueblos Indígenas, que el autor coordina.

Imágenes de violencia en contra de gentes indígenas inundan informativos de prensa, televisivos y redes sociales. Bolillos, armaduras del ESMAD y silbidos de balas –cuando no, fuego mortal-  se estrellan contra sus cuerpos en movimiento. Hechos que ya parecen volverse costumbre. En estas como en otras situaciones, sigue siendo un reto lo avanzado en 1991 al reconocernos constitucionalmente como país pluriétnico y multicultural.

Será que a la sociedad colombiana nos disgusta que pueblos indígenas se desenmarquen de los lugares dispuestos higiénicamente para ellos. Será que cuando asumen su capacidad política para hablar del país y a la sociedad colombiana en general, ¿es cuando vienen los problemas? ¿Es esta la razón de la indolencia de la sociedad frente a los asesinatos y la violencia? Acaso se podría pensar que logramos tolerancia sólo cuando los indígenas hablan de “cosas de indígenas”, cuando los negros “hablan de negros” o sólo cuando repiten lo políticamente aceptado, cuando nos venden una mochila bonita, cuando hacen un buen baile o realizan un ritual chamánico? La situación es de alerta para todos, ¿qué nos pasa a los colombianos, qué pasa en el Estado?

En esta semana, distintos pueblos indígenas y sendas organizaciones sociales del país, han denunciado el asesinato de por lo menos treinta indígenas, la gran mayoría habitantes de regiones como Cauca, Chocó y Nariño. Estas zonas se han considerado prioritarias para la puesta en marcha de los PDET y también como laboratorios territoriales en la construcción de paz. A pesar de ese estatus, central para que el proceso de paz y la transición democrática lleguen a buen puerto, en estas regiones se sigue asesinando a líderes, defensores de derechos humanos y autoridades tradicionales. Igualmente, las amenazas son continuas y de múltiples orígenes, los agentes del Estado siguen excediéndose en la fuerza mientras se mantiene públicamente que no existe ninguna relación que explique los asesinatos. Esto ¡preocupa! Pero sobre todo, debe ocuparnos develar el por qué de la violencia y la desidia frente a la muerte violenta.

Desde la ONIC y el Centro Nacional de Memoria Histórica se avanza en la construcción del Informe Nacional de Memoria Histórica sobre Pueblos Indígenas de Colombia, a causa del conflicto armado. Allí se ha advertido sobre el racismo estructural que ha imaginado a “lo indígena” como sinónimo de “salvaje”, “no humano”. Un prejuicio cómplice de la idea que les asigna comportamientos violentos y mañosos. Juicios que terminan por excluirlos de lo que entendemos como Colombia.

Las formas de violencia del presente son producto de relaciones sociales que vienen desde la colonia, cuando se restó valor a sus vidas, culturas y conocimientos. La violencia física se une al confinamiento, a los intentos de extinguir sus prácticas, arrebatarles su lengua, su manera de pensar y de aprehender el mundo.

Pero esto no sólo lo obra el asesinato. Hoy es necesario decir que también es responsable el silencio ante los hechos del presente. Callar refuerza las formas que intentan extinguir a lo indígena, casi siempre en nombre del progreso. Callar es cerrar la puerta a la democracia en Colombia.

El pacto político de 1991 que buscó romper con estas prácticas y prejuicios, no ha sido suficiente. Hechos como los actuales, muestran que la exclusión y la marginación siguen vigentes.

Parece necesario, en tiempos de construcción de paz tomar en serio la convocatoria de reforzar lo común desde la diferencia. Es urgente hacer posible la conversación, el cumplimiento y el consenso.