Muchos indicios, pocos procesos contra empresas auspiciadoras de la violencia paramilitar

Varios desmovilizados han señalado por casi una década a numerosas empresas como auspiciadores de la violencia paramilitar en diferentes zonas del país, pero el tiempo pasa sin que la justicia defina la veracidad de las acusaciones.

En 2007 la multinacional Chiquita Brand se declaró culpable en un juzgado de los Estados Unidos por "involucrarse en transacciones con terroristas globales".  La justicia condenó a la empresa porque altos funcionarios aprobaron pagos a grupos paramilitares en Colombia. Nadie fue a la cárcel, pero la compañía debió pagar una multa de 25 millones de dólares.

Pasaron más de 11 años de esta decisión judicial para que en Colombia la Fiscalía llamara a juicio a 13 empleados de Chiquita.  Un claro ejemplo de la lentitud de la justicia ordinaria, que, a la hora de investigar la responsabilidad de las empresas en el conflicto armado, tiene muchos indicios y pocos procesos.

Varios desmovilizados han señalado por casi una década a numerosas empresas como auspiciadores de la violencia paramilitar en diferentes zonas del país, pero el tiempo pasa sin que la justicia defina la veracidad de las acusaciones.

Otro ejemplo es el de la multinacional carbonera Drummond, que ha aparecido en decenas de testimonios de paramilitares dentro del proceso de Justicia y Paz, pero sus empleados nunca han sido llamados a juicio en Colombia. Lo más cercano a un juicio que determine la responsabilidad de la compañía en decenas de crímenes y desplazamientos en el departamento del Cesar, fue el proceso contra Jaime Blanco Maya, medio hermano del actual contralor general y contratista que le vendía los alimentos a la Drummond.

Blanco Maya fue condenado en 2013 a 38 años de cárcel por el asesinado de dos sindicalistas de la multinacional. Aunque el contratista ha señalado en varias ocasiones, que era el puente entre los paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’ y la carbonera, la justicia sigue sin aclarar las responsabilidades.

Los casos de Chiquita y Drummond ponen en evidencia la oportunidad que perdió el  Congreso al dejar por fuera de la Justicia Especial de Paz, JEP, la competencia de investigar a las empresas y su responsabilidad en la violencia del conflicto armado. Como quedó establecida la ley,  las empresas solamente podrán acudir a la JEP voluntariamente, pero ante la precaria acción de la justicia ordinaria, es poco probable que las compañías responsables de crímenes asuman su responsabilidad. Y mucho menos, cuando esto implica dañar su imagen comercial, es decir, afectar su negocio.

Empresas colombianas de diferentes sectores también han sido señaladas de colaborar con los paramilitares, pero la verdad judicial sigue ausente. No son muy frecuentes las sentencias que aclaren si se trataron de casos de extorsión, en los que estas compañías se vieron obligadas a pagar ‘vacunas’ o si por el contrario, fueron impulsadores de la violencia y socios de los grupos armados para asesinar y desplazar a sindicalistas, campesinos o cualquier persona que afectara sus intereses.

La imposibilidad de que la JEP investigue estos crímenes también dejará por fuera a los comerciantes que tuvieron algún grado de responsabilidad en las llamadas ‘limpiezas sociales´.  Es un secreto a voces en muchos pueblos de Colombia, que algunos pequeños empresarios se aliaron con grupos armados para asesinar a presuntos ladrones y habitantes de calle, drogadictos o cualquier persona señalada de empeorar las condiciones de seguridad de los lugares en los que tenían sus negocios. En ciudades como Cúcuta, paramilitares perpetraron masacres de este tipo en colaboración con pequeños y medianos comerciantes.

En algunos casos, la relación entre ‘paras’ y empresarios fue tan directa que marcó la expansión de las Auc en diferentes lugares del país, a través de la creación de bloques paramilitares en las regiones del Urabá y los Montes de María, en 1997, y en el suroccidente del país, en 1999, con el Bloque Calima. Según testimonios de desmovilizados, en estas regiones, algunos empresarios llevaron a las autodefensas para contrarrestar los abusos crecientes de las guerrillas en la época, pero el remedio fue peor que la enfermedad. Decenas de miles de civiles fueron victimizados bajo el pretexto de la seguridad y la venganza, y poco se sabe de la participación de los empresarios en estos hechos.

Y es precisamente este intento por justificar lo injustificable, la principal razón para intentar llegar a una verdad judicial, que no solo asigne responsabilidades claras y puntuales, si no que siente un precedente que garantice la sanción social para la no repetición.