Los tiroteos, las masacres y las políticas limitadas de seguridad

Los recientes tiroteos en Estados Unidos nos invitan a repensar los modelos tradicionales de seguridad en el continente americano. A partir de los atentados del 11 de septiembre se modificó la política de seguridad y defensa encaminada hacia la lucha y contención del terrorismo. Modelo que sigue imperando una década y media después, pese a su insuficiencia para responder a los nuevos retos y escenarios de seguridad en el continente, en particular y el hemisferio occidental, en general.

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Es que las masacres en las escuelas norteamericanas, aun cuando parezcan una problemática lejana a nuestra realidad, deben ser también abordadas a nivel local ,comoquiera que evidencian los retos que presentan las sociedades contemporáneas, urbanas e hiperconectadas, para el diseño de su política de seguridad. En el caso colombiano, se entremezclan con los retos convencionales frente a la insurgencia y la criminalidad organizada, los cuales, en suma, contribuyen al incremento de la sensación de inseguridad entre la población, que para las 28 principales ciudades del país tiene un registro superior al 62% (DANE,2016)

Ante esta problemática los planes de seguridad en Colombia apuntan a utilizar estrategias tradicionales, las cuales se limitan a proveer la mayor cantidad posible de cámaras de vigilancia, patrullas de policía y un mayor pie de fuerza, limitando e invisibilizando el debate sobre las causas y soluciones de fondo.

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En Colombia aún no poseemos las herramientas conceptuales y materiales necesarias para hacer frente a nuevas amenazas, tanto en los entornos rurales como los urbanos. Si bien los indicadores de seguridad en los últimos años presentan leves mejorías, el índice de muertes por cada 100 mil habitantes aún es muy superior al promedio de la región y ésta lejos de los registrados en Norteamérica, y aún más de los de Europa según datos del Banco Mundial en 2016.

Las amenazas se han multiplicado y mutado en todas las direcciones de forma vertiginosa incrementando la vulnerabilidad del Estado y los individuos. Nuevos ámbitos como el cibernético ejemplifican como las personas y organizaciones criminales tiene acceso a información para la manipulación , compra y venta de armas de alta capacidad de fuego como la AR15 usado en los tiroteos en USA. Para contener este fenómeno de poco o nada servirán las patrullas de policía y las cámaras de seguridad, es un asunto de control, educación y perfeccionamiento de las capacidades en inteligencia.

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A ese respecto, se destaca que en el país el debate no se ha centrado en el porte y tenencia de armas por parte de los ciudadanos, el cual se encuentra prohibido por el gobierno nacional mediante el Decreto 2268 de 30 de diciembre de 2017, disposición acertada pero ineficaz, en la medida que el control de armas desde hace varias décadas está por fuera de las capacidades del Estado, de modo que quien pretenda adquirir y hacer uso de armas, lo puede hacer fácilmente por medio de los canales clandestinos y tecnológicos.

Así entonces, conviene repensar las políticas de seguridad hacia un enfoque que atienda las amenazas manifiestas en todos los niveles a nivel nacional y que están estrechamente relacionadas a los retos planteados para el posacuerdo. Son necesarias acciones efectivas que eviten la expansión de las bandas criminales en operación y las neo estructuras en formación, que en suma buscan apropiarse de la comercialización ilegal de la minería, el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el abigeato, entre otras, para lo cual se requiere una lucha que difícilmente tendrá éxito si se conduce exclusivamente con misiles y tanquetas.

De otra parte, en los entornos urbanos urge atender múltiples amenazas que se han venido consolidado durante años, de forma silenciosa pero cierta. Esto es la presencia de estructuras delincuenciales organizadas que tradicionalmente han operado en los entornos rurales y que han trasladado sus negocios e intereses hacia las grandes ciudades. Por lo cual la problemática no se limita a la atención del crimen en cabeza de raponeros o bribones solitarios, sino, que implica el combate de complejas redes del crimen que tienen capacidad de acción internacional.

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Reiteramos, la problemática no se soluciona con asignar un policía en cada esquina o con una simple y limitada estrategia tradicional de seguridad. Por el contrario, requiere el abordaje de nuevas campañas, complejas y estructurales, que tengan en cuenta los focos de formación de criminales, políticas integrales y pedagógicas en las escuelas públicas, cambios en la política reactiva que privilegia los canales represivos, hacia una nueva que adopte la prevención y la atención de alertas tempranas e incluso, contemple la promoción de una transformación cultural hacia la paz y la resolución de conflictos en los niveles menos favorecidos de la sociedad.

En conclusión, la necesidad imperante de formular una política marco que contenga un nuevo estatuto de seguridad y la urgente formulación de la ley de seguridad y defensa nacional, son pasos imperiosos para la consolidación de la paz y el orden. Lo cual no se logra únicamente con la firma de un acuerdo de paz, sino que su implementación deberá acompañarse con acciones concretas que regresen la capacidad de control y orden al Estado