Los Paradise Papers: un crimen antidemocrático

Adicionalmente al daño monetario, los involucrados en los Paradise Papers causan un devastador efecto negativo sobre el mejor sistema político que la humanidad ha desarrollado hasta el día de hoy: la democracia.

Las nuevas filtraciones de los "Paradise Papers" revelan la más la elaborada y creciente red de servicios para evadir y reducir las cargas tributarias de las empresas multinacionales, de personalidades de las élites políticas y económicas, de figuras de la farándula y deportistas. Si bien la gran mayoría de esos esquemas se encuentran dentro de la legalidad, al mismo| tiempo aumentan la desigualdad, estimulan la inestabilidad financiera y desestabilizan nuestros fundamentos democráticos, impactando hasta en el proceso de paz colombiano.

No es ningún delito menor: miles de millones de euros se pierden los diferentes estados por el comportamiento antisolidario de sus ciudadanos y varias compañías multinacionales. Sólo en España, se omite pagar alrededor de 10.000 millones de euros en recaudación fiscal, cada año. En la Unión Europea, las seis jurisdicciones con menos transparencia y colaboración tributaria redistribuyen fondos por casi 350.000 millones de euros. En Colombia, 200 personas están involucrados en los "Paradise Papers", entre ellos políticos, empresarios y abogados. Los de siempre. La suma que se pierde la comunidad colombiana anualmente también alcanzaría a millones de euros.  

Adicionalmente, al daño monetario, se registra un devastador efecto negativo sobre el mejor sistema político que la humanidad ha desarrollado hasta el día de hoy: la democracia. El razonamiento de mucha gente es más que entendible: Si nuestro organismo político permite, participa, y a veces alienta, esos excesos antisociales, ¿por qué seguir construyendo la democracia colombiana? O en términos más concretos: ¿Cómo podríamos esperar seguir generando confianza pública en la Justicia Especial para la Paz (JEP) sin el mínimo de fe en la clase política y empresarial? Para mí, ese detrimento pesa aún más que la pérdida tributaria.  

Poco sorpresivo, un nuevo estudio del Pew Research Center, un centro de pensamiento con sede en Washington constata que solo un 18 por ciento de los colombianos está satisfecho con la manera cómo funciona la democracia en su país. La media global (no el promedio) monta a 46 por ciento, mientras pocas naciones, México es un ejemplo, cuentan con un porcentaje más bajo que el colombiano.

Siento que el factor que más nos indigna, a nosotros la gente común, es la indiferencia y naturalidad con la que los perpetradores pillados en las nuevas revelaciones realizan sus acciones. Esperan construir sus carreras políticas o deportivas, generar sus ganancias o establecer su imagen pública en el ámbito nacional, pero esconden su dinero en el exterior cuando les aparezca la oportunidad. Y al final, todos nosotros pagamos por la ausencia de sentido solidario de esas personas, con aumentos impositivos y el mal estado de nuestros colegios, universidades y parques.

En discursos políticos y programas electorales la retórica contra la evasión, y elución, de impuestos prima desde hace años. Para ser justo: es un tema complejo, sin remedios simples que un sólo país puede aplicar. Se necesita otro esfuerzo global a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Colombia busca entrar, para dejar de lado los paraísos fiscales que se aprovechan de su autonomía y renuencia de cooperación. Debido a la presión política internacional, cada vez más países consienten publicar al menos algunas estadísticas fiscales necesarias para operar como destino opaco. La omnímoda introducción del “country-by-country reporting” sería un próximo paso.

Al mismo tiempo, el Gobierno colombiano posee la responsabilidad de hacer todo lo posible en su territorio, y abstenerse de tolerar o promocionar cualquier comportamiento amoral. Ejercer su peso político, amenazar a los institutos financieros con la retirada de sus licencias en Colombia, imponer sanciones más severas, son aslgunas salidas. Construir confianza pública es una tarea ardua y una vez erosionada durará años para regenerarse. Los evasores y sus auxiliares no sólo roban a la comunidad, también causan un grave daño democrático. Y eso no tiene precio.