Los desaparecidos de la Fuerza Pública

Según los registros oficiales, 267 militares y policías han sido víctimas del delito de desaparición. Sin embargo, se habla de la existencia de sub-registros que dan cuenta de otras cinco mil desapariciones. Las Farc estarían detrás de la mayoría de casos.

Por: José Espejo Muñoz

Olga Esperanza Rojas es una más de las miles de víctimas anónimas del conflicto armado colombiano. Desde el 2 de noviembre de 1992, ella espera que su cónyugue, José Vicente Rojas, regrese a casa. Con todo, su drama no ha tenido el despliegue mediático de casos similares o de la misma naturaleza.

El nombre de José Vicente aparece como un registro más en las bases de datos de la Unidad de Víctimas. Él fue declarado oficialmente como desaparecido. Ya han transcurrido 24 años, seis meses y 30 días desde que se le vio por última vez.

El día que Olga le perdió el rastro a su marido, él, un suboficial del Ejército, patrullaba entre Carepa y Mutatá, Antioquia, cuando la unidad a la que pertenecía entró en combates con las cuadrillas quinta y 34 de las Farc. Las versiones que reposan en la Fiscalía dicen que los guerrilleros se lo llevaron vivo.

Pero el caso del sargento Rojas no es el único. La Unidad de Víctimas registra los nombres de otros 266 militares y policías víctimas de este delito, el cual se endilga tradicionalmente al Estado y sus agentes, resultado, por lo general, de macabras alianzas con grupos de autodefensas o bandas de narcotraficantes.

Con 139 episodios, el Ejército aporta la mayor cantidad de víctimas a la lista de desaparecidos de la Fuerza Pública. El segundo lugar lo ocupa la Policía Nacional con 120 casos, mientras que la Armada Nacional y la Fuerza Aérea tienen cada una cuatro.

Sin embargo, se habla de la existencia de sub-registros que dan cuenta de por lo menos otras cinco mil desapariciones en las filas castrenses y policiales. Las Farc -dicen los familiares de estos uniformados que no quedaron inscritos en la Unidad de Víctimas- serían las responsables de la mayoría de estos hechos.

Si bien es cierto que para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la desaparición forzada es un hecho que sólo puede ser atribuido a servidores públicos o a personas particulares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, no es menos cierto que en Colombia -gracias a una sentencia de la Corte Constitucional proferida en mayo de 2002- este delito, tipificado en el artículo 165 del Código Penal, puede tener como sujeto activo a cualquier persona.

Pero parece ser que esta mirada jurídica la ignoran algunas autoridades y las lideresas de asociaciones de víctimas del conflicto armado como Asfades, pues ayer, durante un evento en la plaza de Lourdes, adelantado en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, los familiares de estas víctimas de la Fuerza Pública -quienes también son víctimas indirectas- fueron desconocidas y revictimizadas por los organizadores y asistentes.

Revictimización a la que recién ha contribuido el equipo de investigadores de Gonzalo Sánchez. En ninguno de los cuatro libros publicados  sobre este delito por el Centro Nacional de Memoria Histórica -mucho menos en las conferencias, exposiciones, documentales y demás actividades adelantadas por ellos para visibilizar esta práctica criminal en nuestro país en la última semana-, los militares y policías víctimas de desaparición merecen siquiera un pie de página.

Ojalá que el Centro no se escude como siempre en el eufemismo de que tocaron los portones de la Fuerza Pública y no tuvieron respuesta. En honor a la verdad y a la objetividad de su trabajo,  pues ¡toquen más duro y, de ser necesario, derriben  la puerta!

*Coronel (RA) José Espejo Muñoz. Comunicador estratégico y especialista en DIH y DD.HH.