Las caletas de la guerra y el cambio de billetes en Colombia

Por: Alberto Lozano Vila*

Durante el Congreso de Sostenibilidad de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, propuso llegar a un “consenso” nacional para quitarle los tres ceros al peso y así ejercer presión sobre los grupos criminales que tienen su dinero en ‘caletas’.

Esta propuesta, que busca obligar a los delincuentes a llevar su dinero a los bancos y así perseguirlos, es una buena idea y seguramente va a cambiar conductas criminales, pero no es suficiente.

La efectividad de esta medida puede ser relativa, por varias razones. En primer lugar, la noticia tuvo gran difusión y los grupos criminales ya están advertidos. Seguramente en estos momentos están pensando en estrategias para lavar el dinero antes de que sea obsoleto. Se perdió el factor sorpresa.

En segundo término, es una medida demorada de implementar, toda vez que un ajuste así debe ser tramitado a través de una ley cuya aprobación toma tiempo en el Congreso. Además, es necesario que se haga una transición para cambiar los billetes y así evitar afectar a los ciudadanos, con lo cual el dinero de los delincuentes no perderían de inmediato su poder económico.

En tercer lugar, los delincuentes tienen muchas maneras de burlar la medida. Por ejemplo y como lo han hecho en muchos casos de lavado de activos en Colombia, pueden cambiar los billetes impunemente por medio de empresas fachada, de testaferros, suplantando personas, falsificando documentos o por medio de ‘pitufos’, personas que se prestan para moverles pequeñas cantidades de dinero a los ilegales.

Por otra parte, las denominadas ‘caletas’ parecen ser cosa del pasado. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), que dan cuenta de los dineros incautados a los grupos insurgentes y estructuras de crimen organizado, en los 2014 y 2015 apenas se incautaron 1.833 millones de pesos en ‘caletas’ de las Farc, y 14.993 millones de las bandas criminales (Bacrim).

Si tenemos en cuenta que, según estimaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), el lavado de activos en Colombia supera los 18 billones de pesos al año, el monto incautado de las ‘caletas’ equivale al 0,000000093 % del total de plata lavada.

En Colombia el problema es más grande que las ‘caletas’. Es claro que los delincuentes tienen sus activos en efectivo, pero también en empresas, en tierras, en ganado, en oro y en un sistema informal de cuentas que los gringos han denominado cambio del peso en el mercado negro (Black Market Peso Exchange).

Hace algunos días la Revista Infolaft, publicación especializada en prevención del fraude y el lavado de activos, reveló un informe en el que señala varias tareas pendientes que Colombia tiene para perseguir el lavado de activos de forma eficiente y efectiva.

De acuerdo con el informe, Colombia debe emprender acciones decididas y contundentes para luchar contra el lavado de activos.

Para citar solo las más relevantes, el país debe tener un registro único de propiedades que le permita a los ciudadanos consultar la legalidad de los bienes, un sistema centralizado para que las autoridades legitimadas para prevenir el lavado de activos puedan hacer consultas en tiempo real y verificar información de procesos, emitir un estatuto contra las finanzas ilícitas (tarea definida dentro del acuerdo de paz) y sacar adelante un registro único de socios y accionistas para identificar fácilmente a los beneficiarios finales de las operaciones (esta es una exigencia de la Ocde).

Así las cosas, más que desechar la idea de los ceros se debería abrir el debate sobre un sinceramiento patrimonial en Colombia con más efectos que los simplemente fiscales para convertir esta economía, permeada por la ilicitud, en una economía formal y lícita. Es muy complejo luchar contra la ilegalidad cuando los delincuentes y los supuestos agentes económicos legales comparten prácticas como la evasión, el mercado informal de divisas, las facturas falsas y la acumulación de efectivo no declarado.

Una medida de este tipo requiere oportunidad y beneficios para quienes se acojan, castigos para quienes no lo hagan (recordemos que el propio fiscal criticó el tipo penal existente del delito tributario), así como seguridad jurídica, programas de delación y transparencia institucional.

Muchos dirán que esto ya se ha hecho y es cierto, pero lo que se propone acá es una versión más profunda y efectiva que la que periódicamente se hace en nuestro país.

Se pueden quitar los ceros y serviría, pero no es una solución mágica. El país debe entrar en el debate de un sinceramiento patrimonial para que ni los grupos ilegales ni los empresarios tengan activos ocultos que no paguen impuestos.

*Gerente de Lozano Consultores, firma líder en el diseño e implementación de sistemas de prevención del LA/FT. Fue director de la Uiaf entre 2003 y 2006.