La travesía de la sustitución de coca en Briceño

Al borde de la carretera que atraviesa la vereda de Travesías en  Briceño, Antioquia, el tumulto agolpado bajo un techo de zinc dejaba intuir que algo grande sucedía.

Por lo menos unas 300 personas intentaban captar algo de lo que se discutía a la sombra que daban las tejas metálicas. Danilo Agudelo, alcalde del municipio, intentaba que su voz saliera fuerte y que el chaleco antibalas negro que ahora usa diariamente no lo sofocara.

Flanqueado por dos mandos del Ejército Nacional y por el director de paz del municipio, el mandatario le explicaba a las comunidades que tenía la tarea de servir de vocero del Gobierno Nacional, el departamental,así como del local, para darle respuesta a los campesinos que dos semanas antes habían llevado a cabo un paro cocalero; el primero en esa región desde el año 2015; el primero desde que se echó a andar el Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito en 11 veredas de Briceño.

En junio de 2016 se emitió un comunicado conjunto de la Mesa de Diálogos de La Habana, el número 74. Este comunicado anunciaba que se instalaría allí una experiencia piloto que serviría para ambientar la implementación del Punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El 10 de julio de ese año un equipo del Gobierno Nacional, de la Oficina para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas; uno de las Farc y uno de la Unodc (Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito)  se mudaron al corregimiento de Pueblo Nuevo y comenzaron su trabajo.

“El Gobierno viene y nos dice que nos va a dar soluciones para que no tengamos que sembrar coca, pero va usted a ver y resulta que prometen una plata que tal vez no alcance y que no sabemos si vayan a cumplir con todo eso”. Quien dice eso es un líder de la vereda La América que ese día viajó hasta Travesías para saber qué soluciones tiene el Gobierno. A lo que se refiere es al Plan de Atención Inmediata (PAI). Este le plantea a los cultivadores que tengan tierra la posibilidad de acceder a un máximo de 36 millones de pesos en dos años para poder establecer proyectos productivos que les ofrezcan alternativas a los cultivos de uso ilícito.

“A uno le van a dar un millón mensual por un año para ir arrancando las matas. Pero si usted hace la cuenta por mal que le vaya con un tajo de coca usted puede ganar un poco más que eso”, continúa el campesino de La América. Este razonamiento se ha extendido por toda la región desde que se empezó a socializar el PNIS o Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El ejercicio de socialización se hizo con una serie de asambleas veredales que llevó a Natalia Arboleda, por el Gobierno Nacional; a Julián Subverso, quien hace parte del equipo de las Farc; y a Melquisedec Panesso, de la Unodc; a visitar las 11 veredas contempladas en el Esfuerzo Conjunto. En estas Asambleas, además de explicar el PNIS se recogían inquietudes y problemáticas de estas comunidades.

Sin embargo, a principios del mes de marzo de 2017, el Ejército Nacional inició una campaña de erradicación forzada de este tipo de cultivos. El objetivo de esta acción fueron tres veredas de las otras 24 que hacen parte de Briceño pero que no están incluidas en el Esfuerzo Conjunto. A pesar de esto el pasado 4 de marzo el Gobierno Nacional firmó un preacuerdo de sustitución con las 35 veredas que componen la totalidad del municipio. La destrucción de los cultivos de coca, sumada a la quema de laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca llevaron a que el descontento creciera.

Esto llevó a que el sábado 25 de marzo cerca de 500 campesinos llegaran hasta el pueblo. Sus exigencias estaban basadas en algo muy sencillo: que no les arrancaran las plantas de coca que son las que garantizan su sustento. Entre los que se sumaron al paro había representantes de las 11 veredas del Esfuerzo Conjunto, que sienten una amenaza a su futuro en estas acciones del Ejército Nacional.

Ese paro se solucionó con el compromiso del alcalde Agudelo de que iba a buscar soluciones con el Gobierno Nacional y departamental y con el compromiso de la Fuerza Pública de dar a conocer al Ministerio de Defensa el acuerdo firmado el 4 de marzo. Al finalizar se anunció una nueva reunión para ese 10 de abril en el que el mandatario local sufría con el micrófono y el calor que daba el techo de zinc en Travesías.

Ahí Agudelo no paraba de repetir que lo logrado era el compromiso del Ejército de no erradicar forzosamente hasta tanto no se inicie el plan de sustitución concertado con todas las comunidades. Sin embargo, inquietudes sobre el control de las autoridades a insumos para la producción de la pasta base, como es la gasolina; garantías de cumplimiento del poder nacional a propósito del PNIS y el PAI no pudieron resolverse ya que ningún representante de la Oficina de Atención Integral contra las Drogas se hizo presente.

Este gesto, que algunos leyeron como una evasión, generó que muchos empezaran a plantear ese mismo día que un nuevo paro es inminente dado que no hay garantías de que el Gobierno cumplirá con los compromisos suscritos en los acuerdos logrados con las comunidades. Esta preocupación no es infundada ya que en departamentos como Guaviare, Putumayo, Nariño y Cauca se han emprendido acciones de erradicación aún después de firmarse los acuerdos de sustitución voluntaria.

Dos horas después de haber iniciado su intervención y con los ánimos caldeados, los cuatro representantes del poder, que dirigieron la reunión salieron intempestivamente y abandonaron Travesías mientras las comunidades empezaron a abordar las chivas y las monturas que los transportarían a sus hogares. La incertidumbre que quedó flotando en el aire fue tan grande que un par de días después los 11 presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas del Esfuerzo Conjunto se reunieron y redactaron una carta que le piden con urgencia a Eduardo Díaz, por el Gobierno Nacional, y a Pastor Alape, por las Farc que se hagan presentes antes de que termine abril en Pueblo Nuevo y se discutan las inquietudes y reparos de las comunidades antes de que se adelante cualquier tipo de firma de acuerdo familiar de sustitución voluntaria.

El terreno está preparado para que se pueda crear un acuerdo en esta materia que no tenga precedente en el país o para que nueve meses de trabajo mancomunado de todos los actores del Esfuerzo Conjunto se pierdan en el aire como ha pasado otras veces con otros esfuerzos.

Por: Gerald Bermúdez, Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.