La superación de los cultivos ilícitos está aún lejana

En todo el país se suscribieron pactos de sustitución voluntaria pero a estos lugares han llegado el Ejército o la Policía Antinarcóticos a erradicar forzosamente. 

En la tarde del 21 de Septiembre pasado, campesinos del corregimiento San Juan le hicieron frente a tropas del Ejercito Nacional que habían ingresado a la zona rural de Corinto Cauca a destruir unos “machucaderos” de hoja de coca. Pero la captura de dos vecinos subieron los ánimos y vino lo peor. El Ejército aseguró que desde la multitud les dispararon primero y que ellos reaccionaron. Resultado: tres campesinos heridos y uno muerto. El líder de la guardia campesina de la ZRC Jose Alberto Turijano murió y la comunidad rodeo a la fuerza pública. Intervino la Personería “para que el problema no fuera más grande”.

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Pareciera un hecho aislado, pero no. A principios de Septiembre en la vereda San Isidro de Morales Cauca se había presentado un hecho similar. Allí hubo cuatro labriegos heridos y otro más muerto. Estos choques se repiten todas las semanas en diferentes regiones del país.

Al mismo tiempo continúan las amenazas, la persecución o el encarcelamiento contra líderes sociales vinculados a la construcción de paz y la sustitución de cultivos. Recientemente, en Piamonte baja bota caucana, la lideresa Maydany Salcedo sufrió un atentado contra su vida. En ese mismo municipio ya se había registrado el homicidio de un líder de Marcha Patriótica vinculado a la COCCAM. A Nelly Luna de la Unión Peneya, una madre y lideresa comunitaria, la procesaron por presunto “secuestro” de unos agentes de Policía en medio de una protesta que impidió la erradicación forzada de cultivos en Caquetá.

 

Tumaco y Llorente en Nariño, fueron escenario, entre Marzo y Abril de 2017, de un largo paro que se levantó con una primera acta, pero debido a las acciones de erradicación forzada en las mismas veredas que habían protagonizado el primero, las comunidades hicieron un segundo paro que culminó con una nueva acta de compromisos para poner en marcha el programa de sustitución. Luego se han vivido levantamientos campesinos en San José del Fragua Caquetá, Puerto Rico Meta y El Retorno Guaviare. En todos los casos, las comunidades están reclamando incumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

En San José del Guaviare, el 28 de Febrero se suscribió un pacto de sustitución voluntaria pero al día siguiente la Policía Antinarcóticos ingresó a una de sus veredas a fumigar por vía terrestre. En otro caso ejemplar, el 9 de Septiembre en Tibú Norte de Santander, se firmó un acuerdo para desarrollar el Programa Nacional de Sustitución Integral de cultivos de uso ilícito, el cual forma parte del Punto 4 del Acuerdo de Paz (PNIS) en Catatumbo, pero dos días mas tarde, el Ministerio de Defensa anunció acciones de erradicación en el Catatumbo y un día después las tropas desembarcaron para realizar sus operaciones. Los campesinos en estos casos se congregan, hacen “cercos” o “campamentos humanitarios” o bloquean la acción de la fuerza pública. En estos casos, casi siempre se presentan choques, enfrentamientos y violaciones a derechos humanos.

 

El panorama señalado contradice claramente el espíritu del Acuerdo de Paz. Las poblaciones rurales esperaban que el fin de la guerra trajera un nuevo ambiente de concertación, dialogo y acuerdos entre ellos y la institucionalidad. De hecho, un trato entre Gobierno y Farc Ep desde la Mesa de Diálogos de La Habana puso en marcha un “Esfuerzo Conjunto” de sustitución de cultivos en 11 veredas de Briceño Antioquia, como parte de acciones demostrativas de construcción de confianza y de trabajo coordinado. De hecho, en el Consejo de Direccionamiento del PNIS tienen asiento delegados de las Farc, los cuales, ya no se oponen a la sustitución de cultivos sino que la impulsan en al menos 12 Departamentos.

Sin embargo, al tiempo que se acordó un Programa de Atención Inmediata -PAI- en Enero de 2017 con el cual se busca destruir 50.000 hectáreas, el Presidente ordenó al Ministerio de Defensa erradicar otras 50.000 hectáreas. En terreno, la estrategia del miti/miti chocó y está restando credibilidad a la institucionalidad. Problemas presupuestales, paquidermia de la institucionalidad social, tramitología burocrática, coordinación, falta de participación de entidades territoriales y empresa privada, y hasta una mirada contrainsurgente, que pervive entre algunos funcionarios, han llevado a demoras que ponen en entredicho lo acordado. Han sido, el Esmad y los grupos de erradicación forzada los que aterrizan con mayor rapidez en las zonas apartadas

En medio de las expectativas y de algunos avances, las informaciones anuales del monitoreo de cultivos publicadas, a finales de Julio, se instalaron en el centro de la discusión política. La ultraderecha acusó al Gobierno de haber bajado la guardia frente a los cultivos y la Casa Blanca acusó al proceso de paz de ser responsable del incremento de hectáreas con coca. En el Senado de Estados Unidos, se advirtió que solo habría cooperación para Colombia si ésta se dedicaba a erradicación manual forzada, al tiempo que se pidió el regreso a las aspersiones aéreas.

El Gobierno colombiano respondió reclamando a Estados Unidos su alianza de vieja data en la lucha contra drogas, recordó las cifras de las incautaciones alcanzadas por Colombia, advirtió que en la frontera entre México y US los decomisos son escasos, que el aumento del consumo es responsabilidad del país del norte, y que el aumento de los cultivos no es atribuible al proceso de paz. Ante la Asamblea de la ONU, el Presidente Santos abogó por la regulación del consumo, señaló que el uso de sustancias es un tema de salud pública, y una vez más comentó sobre la responsabilidad internacional compartida. EEUU por su parte, moderó su lenguaje contra Colombia y se decidió mejor por pedir una nueva postura del país hacia Venezuela, dejando nuevamente la sensación de que la “guerra a las drogas” sirve para otro tipo de intereses geopolíticos en las relaciones hemisféricas.

A raíz de estas discusiones se presentaron algunas cifras con las que se busca defender la estrategia nacional. A septiembre de 2017, el  Ministerio de Defensa ha erradicado más del 60% de las 50.000 hectáreas que se tienen como meta para este año. La cantidad de cocaína capturada ha superado los resultados de años anteriores. En adición, se supo que son más los laboratorios o sitios de fabricación de pasta base y cocaína destruidos, y que se han dado golpes a estructuras del narcotráfico, en particular al Clan del Golfo y a las disidencias de las Farc.

Desde la otra orilla, el Ministerio del Posconflicto hizo su balance. Más de 8.000 familias han firmado pactos de sustitución voluntaria. En Colinas y Charras Guaviare, La Uribe Meta, La Carmelita Putumayo, Caño Indio Catatumbo, Briceño en Antioquia y unas cuantas veredas en Tumaco, ya recibieron un primer desembolso por cuenta del PAI y PNIS. Se espera que en pocas semanas se llegue a más de 20.000 familias a través de esta modalidad de pactos. Pero casi 100.000 familias que cultivan al menos 70.000 hectáreas han manifestado su voluntad de sustituir a través de acuerdos colectivos en Caquetá, Putumayo, Nariño, sectores del Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar, Arauca, Córdoba, Norte de Santander, Valle, Meta y Guaviare.

Del Acuerdo del Teatro Colon quedan varios pendientes, además de llevar desarrollo rural integral a las zonas rurales. El tratamiento penal diferencial no se tramitó por “fast Track” y está apenas en la CSIVI. Sin esta norma, las comunidades agricultoras de coca siguen estando en la órbita penal, sin contar el hecho de que cientos siguen presos en cárceles por delitos no violentos, proviniendo del ámbito del cultivo o producción. Tampoco hay claridad sobre el trato diferencial de que habla el Punto 6 del acuerdo en relación con las mujeres encarceladas por delitos de drogas. Adicionalmente, no existe hoja de ruta para la realización de la Conferencia Internacional sobre Drogas que pretende animar una discusión global o hemisférica sobre el comercio y el negocio internacional del narcotráfico.

*Coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores declarados Ílícitos (OCDI).