La memoria histórica del conflicto armado, desde la Fuerza Pública

La verdad oficial de un conflicto puede contribuir a que las futuras generaciones no acudan al revisionismo y tengan conciencia de la no repartición de hechos que victimizaron a la sociedad. Pero, sobre todo, a que se fortalezcan las instituciones y se fomente la protección de los derechos humanos.

Sin lugar a equívocos, la verdad oficial de un conflicto puede contribuir a que las futuras generaciones no acudan al revisionismo y tengan conciencia de la no repartición de hechos que victimizaron a la sociedad. Pero, sobre todo, a que se fortalezcan las instituciones y se fomente la protección de los derechos humanos. El objetivo, al final, es que se logre una verdadera la reconciliación.

Las comisiones de la verdad y los centros de memoria histórica juegan un papel decisivo en la edificación de una democracia y en la consolidación de la paz en un posconflicto. Hechos palpables lo demuestran: en Argentina se creó la Comisión de la Verdad después de la dictadura militar (1976-1983); en Brasil también hubo una Comisión para los Muertos y Desaparecidos (1964 a 1985), y en Guatemala se trabajó con la Comisión de la Esclarecimiento Histórico (1983). Todas, sin excepciones, contribuyeron al esclarecimiento de lo sucedido.

Recientemente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 502 de 2017, que modificó el Decreto 4803 de 2011, por medio del cual se estructuró el Centro de Memoria Histórica. La reforma busca incorporar al Ministerio de Defensa, con el argumento de que las instituciones que participaron en el conflicto contribuyan al esclarecimiento de sus causas y ayuden a comprender las dinámicas institucionales que lo desencadenaron y degradaron.

Esta inclusión ha generado polémica en algunos sectores y en particular en las víctimas, quienes señalan que la memoria histórica desde esa óptica puede resultar amañada y afectan la independencia de la Comisión de la Verdad, uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Pero se nos olvida que los militares y la policiales también fueron víctimas y victimarios en el conflicto colombiano. Su voz no sólo es valiosa, sino indispensable. Es la oportunidad ideal para que los actores construyan un panorama del conflicto en Colombia, que dejó alrededor de ocho millones de víctimas.

Hay que aclarar que, para que esto funcione, el espacio debe ser trasparente y sin sesgos. No puede circunscribirse a las víctimas de la fuerza pública -que de por sí son numerosas-, al actuar delictivo de los grupos armados ilegales que perpetraron hechos lamentables para el país, sino también al reconocimiento expreso de los delitos que atentaron contra los derechos humanos y a las graves infracciones al derecho internacional humanitario por parte del Estado.

La verdad es una sola y no puede ser parcial, contada por uno de los actores del conflicto. Con una labor juiciosa de investigación y de contribución para una paz estable y duradera, sin armas, con la responsabilidad que les caracteriza, se juega la legitimidad de un Ejército que ha sido el abanderado y guardián de la democracia.

Su contribución a definir el conflicto ha sido decisiva y lo seguirá siendo, porque a la paz no se llega con la firma de un documento. El papel que cumplirá ahora va de la mano para coadyuvar en la construcción de la paz, esta vez desde la pluma de quienes contribuyen día a día al fortalecimiento de la democracia. No se puede seguir mirando a la fuerza pública como un ente ajeno a la sociedad.

 *Exmagistrado del Tribunal Superior Militar.  Capitán de Navío de la Reserva Activa.