La JEP: no es milimetría, es reconciliación

La Jurisdiccioón Especial para la Paz debe buscar la verdad de los hechos y asignar responsabilidades, pero teniendo siempre en mente la manera en que la verdad sobre los horrores ocurridos y sobre quienes en ellos participaron afecta a las víctimas.

¿Cómo saber si una persona es inocente o culpable? La democracia moderna ha optado por el camino del procedimiento, es decir, por la vía del derecho penal como la manera más justa de responder a esa pregunta fundamental. La ruta elegida se funda en la idea de respetar los protocolos de etapas claras y previamente establecidas, en las cuales el acusado tiene la oportunidad de hacer oír, frente a un tercero que se presume imparcial, todos los argumentos a su favor. A la par, permite controvertir aquellas afirmaciones que lo incriminan.

Pero ante la ocurrencia masiva de agravios y violaciones de los derechos humanos -típicas de conflictos internos o guerras civiles- la justicia penal, con su énfasis en las formas, su apelación a la imparcialidad y su foco de interés en la conducta individual, parece tener poco que hacer.

La justicia transicional implica un camino radicalmente diferente al fijar toda la atención en las consecuencias de su intervención. Se trata más de comprender qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. No solo respecto a uno o algunos individuos, sino alrededor de los fenómenos políticos y sociales que posibilitaron los hechos terribles ocurridos en el marco del conflicto o la guerra. Porque en este caso, lo más importante es procurar sanar las heridas y contribuir de todos los modos posibles a evitar que tales hechos se repitan.

Los ejercicios de memoria histórica y de justicia propia emprendidos por pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, luego del genocidio y etnocidio que produjo la cauchería, nos invitan a avanzar hacia el mutuo reconocimiento. Nos invitan a considerar que es más importante sanar.

El juez transicional debe estar profundamente comprometido tanto con las consecuencias de la guerra como con las consecuencias del ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por eso, debe buscar la verdad de los hechos y asignar responsabilidades, pero teniendo siempre en mente la manera en que la verdad sobre los horrores ocurridos y sobre quienes en ellos participaron afecta a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Los hechos violentos han acabado con vidas, con proyectos de vida, con posibilidades de futuro. Esto hay que tenerlo en mente en las labores que se inician.   

El modelo de la JEP incluido en los Acuerdos entre el Gobierno y las FARC se trata en síntesis de un esfuerzo colectivo y consiente de reconciliación y, por tanto, las decisiones adoptadas por sus órganos, antes que un juego de votaciones  o de mayorías, debe ser un ejercicio de deliberación, de uso público de la razón, de comprensión sobre lo que nos pasó en aras de evitar a toda costa que vuelva a ocurrir.  

Valorar la selección hecha por el Comité de Escogencia a partir de un ejercicio de milimetría política o ideológica es una forma deplorable de empezar una tarea como la que tenemos en frente. Mejor que eso, reconozcamos los valores pluralistas que se vieron reflejados en la composición final de los magistrados seleccionados. La diversidad de los miembros de la JEP es un buen augurio respecto del cómo se desarrollará su labor.

Cabe la esperanza de que cuando la labor de la JEP empiece en firme no hablaremos de imposición de mayorías, sino de ejercicios de deliberación pública y transparente de cara a las víctimas y a la sociedad. No es posible en este momento perder la confianza, olvidar la nobleza, la generosidad, la imparcialidad y la buena voluntad indispensables en las tareas que iniciará la Justicia Especial para la Paz.