La institucionalidad estatal que le da fuerza a la paz

Por: Liliana Caballero*

Hace un año, la imagen de un soldado junto a un guerrillero de las Farc, reparando la lancha rápida que los transportaba hacia una de las zonas veredales, se convirtió en un símbolo de reconciliación y del fin de la confrontación armada con la guerrilla más antigua del continente. Esta foto, que nos trajo esperanza, es el resultado de un camino emprendido por décadas para buscar una salida negociada al conflicto armado colombiano y que se logró materializar gracias al compromiso del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Con el proceso de diálogos adelantado con las Farc, el país dio un paso importante en la labor para construir una paz estable y duradera que solo podrá consolidarse con el compromiso de todos y con una fuerte institucionalidad que le brinde sostenibilidad. Revisando la historia reciente de nuestro país, encontramos un significativo grupo de instituciones que han sido creadas o ajustadas para promover el diálogo con grupos armados ilegales, establecer modelos de justicia transicional, garantizar los derechos de las víctimas y resolver los problemas rurales y de cultivos de uso ilícito.

Desde el nacimiento de la Comisión de Paz en el gobierno de Belisario Betancourt en 1982 se han creado diversas entidades e instancias que han contribuido al propósito de superar la confrontación armada y a la construcción de la paz. El actual Gobierno creó parte de las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo del Teatro Colón antes del inicio de la fase pública de los diálogos porque respondían a necesidades que reconoció necesario atender con mayor énfasis con o sin acuerdo. Por tanto, en 2015 por mandato del Plan de Desarrollo, se crearon tres entidades: la Agencia Nacional de Tierras, enfocada en consolidar y mantener el ordenamiento social de la propiedad; la Agencia de Desarrollo Rural, cuyo objeto es el desarrollo de proyectos integrales de desarrollo agropecuario; y la Agencia de Renovación del Territorio, con la tarea de coordinar la atención del Gobierno en los territorios priorizados para la implementación del Acuerdo y contribuir al cierre de brechas socioeconómicas de los territorio más afectados por el conflicto armado. 

Adicionalmente, en el grupo de entidades que venían funcionando previamente al Acuerdo de paz se destacan la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entidades creadas en el marco de la Ley de Víctimas. Estas entidades han contribuido a la coordinación e implementación las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas a las personas afectadas por el conflicto.

Una vez firmado el Acuerdo de Paz, el Gobierno identificó la necesidad de adecuar la estructura y la planta de personal de varias entidades para optimizar la implementación de lo pactado en La Habana. Entre ellas se encuentra el caso de la Agencia Colombiana para la Reintegración, transformada en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que deberá acompañar la transición a la vida civil de los miembros de las Farc, sin dejar de atender la población desmovilizada que venía siendo beneficiaria de su programa desde 2006.

Del mismo modo, con la reforma del Sector de la Presidencia, las políticas de sustitución de cultivos ilícitos y desminado quedaron en manos de direcciones técnicas que asesoran al Vicepresidente en dichas tareas; así mismo se reformó la Unidad de Protección y se creó un cuerpo de seguridad y protección con el fin de adelantar las acciones para la protección de los integrantes del nuevo partido político Farc. 

Además, se crearon la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que busca adoptar medidas para el desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación del Acuerdo; el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, con participación de la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional para la definición de alternativas políticas de negociación del conflicto armado; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que contribuirá a garantizar una cultura de convivencia y tolerancia que dignifique el ejercicio de la política previniendo cualquier forma de estigmatización y persecución; y el Fondo Colombia en Paz como el principal instrumento para la administración y ejecución de las diferentes fuentes de recursos con miras a la implementación del Acuerdo Final. 

No se puede dejar de lado que el Acto Legislativo 01 de 2017 creó el Sistema Integral  de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que le da vida a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que estará a cargo de reconstruir la narrativa del conflicto desde el enfoque de las víctimas; a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que coordinará los esfuerzos para encontrar e identificar las personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado, desde un enfoque humanitario; y a la Jurisdicción Especial para la Paz que se acordó como el modelo de justicia transicional que, apelando a un principio restaurativo y de reconocimiento de los hechos, busca dar cumplimento al derecho de justicia a las víctimas otorgar plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado.

Esta institucionalidad allana el camino a la superación del conflicto y es parte de la apuesta que el Gobierno ha asumido por una más eficiente relación entre las entidades estatales y la ciudadanía, principalmente en los territorios más golpeados por el conflicto. La recuperación de la confianza de cada ciudadano en sus instituciones es uno de los retos más importantes en la construcción de paz, y es el compromiso por el que estamos trabajando para un mejor futuro de nuestro país.

*Directora de Función Pública