La deuda con el río Magdalena

Uno de los retos más grandes que tiene Colombia para llegar a una paz estable y duradera es el de construir capacidades estatales a lo largo del territorio nacional, especialmente en zonas y poblaciones históricamente olvidadas.

Autor: Alejandro Rodríguez Llach

Pese a ocupar el 26 por ciento del territorio nacional y ser la principal arteria fluvial del país, hoy el río Magdalena atraviesa por una situación socio-ambiental lamentable. Los altos niveles de contaminación, la explotación sistemática de sus recursos, la deforestación, la ganadería extensiva y el cambio climático, son tan solo algunas de las problemáticas que se han conjugado en las últimas décadas y que representan un peligro latente para el ecosistema y sus habitantes.

Las poblaciones que se encuentran en sus riberas han esperado largos años la llegada de un Estado que sea eficaz y diligente a la hora de brindar soluciones. Tal vez uno de los retos más grandes que tiene Colombia para llegar a una paz estable y duradera es el de construir capacidades estatales a lo largo del territorio nacional, especialmente en zonas y poblaciones históricamente olvidadas.

Y es que las consecuencias sociales ante la crisis ambiental del río son contundentes. El Magdalena representa el sustento de aproximadamente 35.000 familias de pescadores. Para ellos el río es un símbolo de vida. Estas comunidades tienen una conexión intrínseca con éste al extraer de él la pesca y el agua dulce para sus actividades diarias. También les permite trasportarse por la región y comercializar sus productos. Sin embargo este sustento cada día es más limitado. La contaminación y el secamiento de los espejos de agua y ciénagas a causa de la sedimentación de los caños comunicantes ha hecho que la actividad pesquera haya disminuido en un 50% en las últimas 3 décadas. Esto se traduce en una vulneración al derecho del mínimo vital de los pescadores, pues de la actividad pesquera sustraen la mayor parte de sus ingresos y es además un componente crucial para la seguridad alimentaria de sus familias.

El deterioro ambiental también tiene impactos en la salud de los habitantes. La limitada cobertura de acueducto en los municipios del Magdalena hace que las comunidades habiten en constante contacto con aguas contaminadas, quedando expuestas a graves problemas de salud. Por ejemplo, en los municipios que conforman la Ciénaga Grande de Santa Marta se han incrementado drásticamente en los últimos años los casos de enfermedades asociadas a la contaminación del agua. Las cifras muestran que la tasa de mortalidad infantil promedio de los municipios de la cuenca del Magdalena es mucho más elevada que el promedio nacional. Adicional a esto, en general, cuentan con una infraestructura en salud muy precaria.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la constante amenaza en la que viven estas comunidades. La deforestación de las orillas del río por parte de las grandes plantaciones de monocultivos ha provocado una fuerte erosión de sus orillas (cerca del 78%) y por tanto la pérdida de su barrera natural. Así pues, en épocas de invierno se han vuelto frecuente las inundaciones de los municipios aledaños, afectando las viviendas y medios de subsistir de miles y miles de personas.

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿qué ha hecho el gobierno para solucionar o mitigar la situación ambiental, social y económica del río y sus comunidades? Al juzgar por el deterioro acelerado de los últimos años, no mucho.

Una explicación se puede encontrar en la complejidad político-administrativa a lo largo de la cuenca. Distintas alcaldías, gobernaciones y CARs se reparten las competencias de una manera descoordinada y confusa. Cormagdalena, principal guardián y responsable del río, ha fallado en articular exitosamente estas instituciones y de esa manera poder diseñar una política integral de rehabilitación. Esto último explica la precaria gobernabilidad y la poca capacidad del Estado para lograr superar la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran los pobladores ribereños.

Recientemente, el gobierno aprobó un documento Conpes que aprueba la ampliación de vigencias futuras para el proyecto de navegación del río Magdalena. Ahora que finalmente el país está mirando de nuevo hacia el Magdalena, es una oportunidad de oro para que el Estado colombiano demuestre su voluntad de generar presencia estatal. Una vía puede ser aprovechando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, los cuales tienen una mirada de ordenamiento territorial que se ajusta a las necesidades y contextos de las distintas regiones. Hacer esto significaría un avance importante para llegar a la “otra Colombia”,  la que ha estado por años abandonada y que es fundamental para lograr un camino exitoso hacia la paz. 

*Investigador de Dejusticia