Justicia en territorios olvidados

La justicia es una condición necesaria para consolidar la paz. Estamos en mora de proporcionarle a las personas de los municipios olvidados que han sufrido el conflicto, una oferta estatal de justicia articulada, eficaz, y eficiente.

Por: Carolina Villadiego Burbano*

La implementación del Acuerdo de paz es una oportunidad para enfrentar los déficits en justicia que existen en varios municipios del país. La debilidad de la presencia estatal es un problema serio, que debe ser abordado y resuelto para consolidar la paz. También, para brindar una oferta estatal que permita resolver conflictos cotidianos. Y para contar con un aparato que sancione eficazmente los delitos graves que ocurren en esos territorios.

Aunque es un problema que existe desde hace décadas, hay que adoptar acciones inmediatas para fortalecer el sistema de justicia en el nivel territorial. Se han desarrollado algunas estrategias, como el fortalecimiento de los Sistemas Locales de Justicia en ciertos municipios, para promover la articulación de las distintas entidades de justicia e identificar las necesidades de justicia de las comunidades. Esta iniciativa es importante, pero debe ir acompañada de un verdadero y completo fortalecimiento de la oferta de justicia, por ejemplo, de aquella que pueda investigar y sancionar los delitos graves. Como lo menciona el Plan Decenal de Justicia, la oferta de funcionarios judiciales, de fiscales y de defensores, entre otros funcionarios, es bastante débil en varios territorios.  

Sería bueno que se implementara, lo más pronto posible, un plan estatal para brindar de manera articulada la oferta estatal de justicia en los municipios, y para ello, se requiere la voluntad política de las altas cortes, del Fiscal General, del Defensor, del Procurador, del gobierno nacional y de las entidades territoriales, entre otros. Podría ser implementado de manera gradual, e iniciar con los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El plan también debería priorizar los municipios donde hay presencia de grupos armados. Y debería, al menos, contar con jueces que puedan juzgar los delitos más graves, fiscales que tengan competencia para actuar ante ellos, investigadores del CTI, peritos forenses, y defensores públicos. Pero también, debería dialogar con los distintos esquemas de gestión de conflictos que existen en los municipios, como los servicios de conciliación de las juntas de acción comunal o los conciliadores en equidad, entre otros.

Asimismo, sería apropiado fortalecer el trabajo que debe realizar la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. Ante los homicidios de líderes sociales, es necesario fortalecer el aparato de persecución penal para esclarecerlos.

Una de las lecciones aprendidas de los procesos de desmovilización del pasado es que hay que fortalecer la justicia ordinaria y no solo la justicia transicional que, sin duda, es muy relevante. Esto no solo es una lección para el área penal; aplica a todo el sistema judicial. Ello también implica brindar condiciones de seguridad para que los operadores cumplan con sus funciones sin coacción ni amenazas. La justicia es una condición necesaria para consolidar la paz. Estamos en mora de proporcionarle a las personas de los municipios olvidados que han sufrido el conflicto, una oferta estatal de justicia articulada, eficaz, y eficiente.

*Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.