Interceptar a WhatsApp: otra lógica antidemocrática

Los derechos fundamentales no son ningún lujo de países con más recaudación de impuestos, sino un requisito básico para los avances sociales de un territorio con inmenso potencial.

En cierto modo, la lógica de la política de seguridad interna de cualquier estado autónomo suele chocar vigorosamente con otras iniciativas políticas del mismo gobierno. Porque el objetivo es blindar la infraestructura estatal, y la población, contra las múltiples amenazas de nuestros tiempos, desde adentro y afuera, reales o imaginarias, los ministros del Interior de Colombia, del Reino Unido o de Alemania aparentemente no le prestan mucha atención a los derechos humanos, a las libertades civiles, al derecho de autodeterminación individual o, mejor dicho, a los fundamentos de una sociedad democrática, liberal y abierta. La llegada de la edad digital, una abarcadora revolución que estamos viviendo día a día, ha ampliado ese conflicto de forma desproporcionada.

En los últimos años hemos percibido las extensas exigencias de las autoridades de seguridad para imponer más herramientas de vigilancia contra el crimen organizado y "el terrorismo": conservación de datos de comunicación, almacenar los datos personales de los pasajeros aéreos (en la Unión Europea), videovigilancia en cada esquina de las ciudades. Una lamentable necesidad para asegurar el bienestar de los pueblos, nos han dicho. Pero no sólo el hecho de que casi todos los autores de atentados en Europa fueron vigilados por las autoridades nacionales anteriormente pone en entredicho ese fragmento de la lógica de la seguridad pública.

La respuesta a su propio fracaso es la próxima estrategia antidemocrática. La vieja y, por los resultados electorales sorpresivamente, nueva Primer Ministra del Reino Unido, Theresa May, busca "elemininar las manchas negras" del internet, incluso tener acceso a todos los datos de los usarios de las aplicaciones de mensajería. Al mismo tiempo, anunció el ministro del Interior alemán que si bien quiere que los proveedores como WhatsApp, Threema o Telegram estén aplicando un "cifrado de extremo a extremo", el orden público exige acceso de las autoridades de seguridad a las comunicaciones privadas por messenger, bajo ciertas circunstancias. No ha especificado cuáles serían estas, obviamente.

Colombia tampoco es un paraíso de los derechos y libertades civiles. Recientemente, las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez, quién por pura casualidad también es un exministro del Interior, sobre la misma idea generaron polémica. El señor Martínez hasta manifestó que a las empresas de servicio de mensajes de texto, o de voz, les deberían quitar el derecho de operar en Colombia si no suscriben un acuerdo para desencriptar sus chats - bajo ciertas circunstancias, obviamente.

En palabras simplificadas, hay solamente tres maneras como las autoridades pueden adquirir control sobre las multitudes de los chats privados: una puerta trasera estatal, back door en inglés, fallos voluntarios en los protocolos de seguridad de las app, o el uso de herramientas para descifrar mensajes. Al menos las primeras dos son la mayor violación del derecho a la privacidad imaginable. Y su introdución rompería una vez más el acuerdo legal y moral que un Gobierno tiene con sus habitantes.

En ese momento clave de la historia social colombiana, en el que la implementación de un acuerdo de paz se debería convertir en el motor de un cambio democrático mucho más profundo que unas 300 páginas de texto, la responsabilidad del Estado es ampliar los derechos fundamentales y los espacios democráticos de cada individuo en Colombia, no reprimirlos. Una sociedad abierta se construye sobre la sensación de que existen lugares protegidos de la influencia y la vigilancia estatal. Los derechos fundamentales no son ningún lujo de países con más recaudación impositiva, sino un requisito básico para los avances sociales de un territorio con inmenso potencial.

Sí, hay criminales aprovechándose de la privacidad de la comunicación digital. Pero hay otros derechos fundamentales que deben prevalecer a la indiferencia, la desconfianza y el miedo que vive una sociedad bajo vigilancia constante. Su política, queridos ministros del Interior, no debería fundamentar esa lógica contraproducente.