“Falsos positivos” frente a la Jurisdicción Especial para la Paz

No podemos olvidar que  este es un instrumento de justicia necesario para avanzar en el camino de una paz estable y duradera, que cierra un ciclo de violencia en nuestro país. Lo cierto es que sus normas deben estar ajustadas a los estándares internacionales en materia de estos sistemas de justicia especialísimos.

La Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policial Nacional) ha tenido a lo largo de nuestra historia un trato diferenciado en las diferentes constituciones, tanto en un reconcomiendo foral especial para los delitos relacionados con el servicio, como en su parte laboral y prestacional. La excepción no podía ser la justicia transicional que hace parte de un andamiaje, un sistema en el marco de transición hacia la paz, en el que las víctimas son los actores principales.

El punto cinco del acuerdo final, que abarca 60 páginas de todo el texto, hace referencia a las víctimas del conflicto y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), tema que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los aspectos más polémicos y que ha generado críticas de la oposición al considerarlo un factor de impunidad.

Dicha Jurisdicción Especial para la Paz va dirigida a los miembros de la guerrilla, a los agentes del Estado y a los terceros involucrados en el conflicto, es decir, a los civiles que hayan colaborado con actores armados ilegales en la guerra y que hayan tenido una participación determinante en la comisión de delitos graves como los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio o desaparición forzada.

El numeral 15 del mismo punto 5 del documento señala que el componente de justicia del SIVJRNR es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica, aspecto que han reclamado los miembros de la Fuerza Pública.

De igual manera establece, reitera y aclara, en su numeral 32, que el componente de justicia también se aplicará sobre los agentes del Estado que cometieron delitos relacionados con el conflicto armado. Pero su aplicación se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico.               

Lo cierto es que la premisa para acogerse a las normas de justicia transicional por los miembros de la fuerza pública es que las conductas en que se encuentren incursos tienen que haber sido cometidas en razón o por ocasión del conflicto armado, pero con un ingrediente bien importante: que para la obtención de los beneficios están condicionados a los aportes de verdad, reparación y no repetición.

El acuerdo hace otra diferenciación entre los actores: la presunción de legalidad en el actuar de los miembros de la fuerza pública, de quienes se presumen sus conductas ajustadas a la ley (salvo que se demuestre lo contrario), a diferencia de las Farc que es un grupo ilegal. Además, como lo refiere el numeral 32, se debe tener en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado.

Uno de los temas más polémicos de la justicia transicional tiene que ver con los homicidios fuera de combate, mal llamados “falsos positivos”. En una reciente entrevista para este diario, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), opinó que el acuerdo no le prevé y considera que no son delitos relacionados con el conflicto armado, sino violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción ejecutados por la existencia del conflicto, razón por lo cual no caben dentro de la Jurisdicción  Especial para la Paz.

De esta apreciación disiento, puesto que el mismo acuerdo habla precisamente de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio, punibles de lado y lado, que deben ser de resorte y conocimiento de la jurisdicción especial en razón y como consecuencia del conflicto armado.

Los fundamentos de esta afirmación los encontramos en la Ley 1448 de junio de 2011, que reconoce la existencia de un conflicto armado interno y en los mismos precedentes judiciales de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 36460 del 28 agosto de 2013, que de manera expresa señala que la oprobiosa práctica de los llamados “falsos positivos”, “en virtud de la cual miembros de las fuerzas armadas contrariando su posición de garantes, causan la muerte a ciudadanos inermes ajenos al conflicto armado se encuentra íntimamente ligada con el conflicto armado interno, pues éste es condición necesaria para que tengan lugar tales desmanes”.

Además, el Derecho Penal Internacional e interno son claros en afirmar que estas conductas infractoras constituyen homicidio en persona protegida, pues como lo indica la jurisprudencia internacional, la existencia del conflicto deber haber jugado, como mínimo, una parte sustancial en la capacidad para cometerlo cuando ocurren con ocasión del mismo y están comprendidas dentro de la justicia transicional.

Como lo expuso muy bien el Comandante del Ejército en reciente entrevista también en El Espectador, “el tema de los homicidios fuera de combate nos ha causado sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill. Pero dentro de este acuerdo está establecido que los crímenes de lado y lado, presumiendo que todo lo que hizo el Ejército fue legal y las Farc ilegal, han a ir a justicia transicional”.

Precisamente, se trata de acabar una guerra, un conflicto en el que algunos de sus actores incurrieron en atrocidades que saltan a la vista. Se desbordaron en los métodos y medios permitidos para hacer la guerra y que no pueden quedar impunes. De esto se trata, esperaremos el proyecto de ley que regulará y desarrollará este punto del acuerdo que tanta polémica  desata.

Empero, no podemos olvidar que  este es un instrumento de justicia necesario para avanzar en el camino de una paz estable y duradera, que cierra un ciclo de violencia en nuestro país. Lo cierto es que sus normas deben estar ajustadas a los estándares internacionales en materia de estos sistemas de justicia especialísimos.

*Militar de la reserva activa y exmagistrado del Tribunal Superior Militar