Es necesario fortalecer la tributación agraria

Por María Camila Jiménez Nicholls*.

A menos de una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, realizamos un análisis de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales sobre uno los puntos que más controversia genera en el tema rural: aspectos tributarios.

El impuesto predial en Colombia es en promedio la segunda fuente de rentas tributarias locales después del impuesto de Industria y Comercio. Pero en muchos municipios del país los recaudos son inferiores a su potencial^[1]. Y una de las razones del débil recaudo es la falta de formación catastral en los municipios, que, de acuerdo con el CONPES 2859 de 2016, está desactualizado en el 63.9% de los municipios del país.

Según el profesor Francisco Gutiérrez el recaudo en Colombia está por debajo de los índices de recaudo de América Latina. De hecho, a pesar de que ha aumentado en municipios urbanos,  el recaudo en los municipios rurales continúa estando rezagado. En este escenario de datos incompletos e incluso inexistentes (el 28% de los municipios no tienen catastro), los candidatos se dividen en los que promueven las exenciones tributarias y los que promueven la ampliación del cobro de impuestos.

En el primer grupo se encuentran Iván Duque y Germán Vargas Lleras. Duque promueve “10 años de incentivos tributarios para inversiones productivas que generen empleos permanentes y de calidad”, es decir exenciones tributarias para los empresarios de la agroindustria. Mientras que Vargas Lleras propone las “exenciones y recuperación anticipada del IVA por 5 años a favor de nuevos proyectos durante la etapa preoperativa, incluidos los costos por riego y ferti-riego”; la eliminación de aranceles y del IVA durante 10 años para maquinaria y otros equipos; y las excenciones tributarias a la materia prima necesaria para la producción de  biocombustibles como la palma africana y la caña de azúcar.

En un segundo grupo se encuentran Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Gustavo Petro quienes promueven la ampliación del cobro de impuestos con diferentes objetivos, como el fortalecimiento de entes locales y la dotación de bienes públicos. Para empezar, Fajardo promueve el apoyo activo a los entes territoriales desde el gobierno nacional para financiar el catastro multipropósito, con el objetivo de fortalecer los fiscos territoriales y la autonomía financiera de municipios y departamentos, y así estimular y facilitar el desarrollo de un mercado de tierras. Según el candidato este trabajo se complementará con los esfuerzos de la DIAN para identificar los patrimonios no declarados.

De la Calle promueve el fortalecimiento de las capacidades de los entes territoriales para mejorar el recaudo de los impuestos y la actualización del valor catastral de los predios, que a su vez incrementará de manera importante el recaudo por parte de los gobiernos locales. Junto con una reforma al Sistema General de Regalías, esta propuesta le dejaría a los municipios mayores recursos para la provisión de bienes públicos en sus territorios.

Gustavo Petro, muy similar a la propuesta de De La Calle, promueve una actualización catastral que permita el aumento del recaudo para la dotación de bienes públicos que apoyen la economía campesina local como una forma de mejorar la calidad de vida de la población dedicada a labores agrícolas y pecuarias. Pero a diferencia de los otros candidatos propone una tributación rural diferencial que desestimule el latifundio improductivo y penalice el uso inadecuado del suelo. La iniciativa serviría para incrementar los ingresos de los municipios y que estos a su vez puedan invertir en programas de desarrollo rural y gestión ambiental. 

Petro, Fajardo y De la Calle plantean la actualización del catastro (punto importante en la implementación del Acuerdo Final de Paz que no logró aprobarse en el Congreso en los tiempos de Fast-Track), el aumento en el recaudo del predial, el fortalecimiento de los entes territoriales y la dotación de bienes públicos. Sus propuestas parecen estar encaminadas a la obtención de recursos para la inversión en bienes públicos. Mientras tanto Duque y Vargas Lleras se enfocan más en las exenciones tributarias para la agroindustria y los grandes empresarios con el ánimo de atraer la inversión de capital privado al campo.

Los impuestos no son un tema menor dentro de cualquier política pública, incluyendo las agrarias. Y a pesar de la banalidad con que se puede llegar a debatir sobre ellos, constituyen un elemento importante para pensarse la descentralización del Estado, la capacidad del mismo para administrar e invertir en su territorio, política pública, el impulso a las economías regionales, etc. Los debates y las riñas en redes sociales son interesantes, pero las propuestas son lo que cuenta al final.

*Investigadora Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria