Elecciones, coca y acuerdos de paz: implementación de la transición vs. reproducción de la transacción.

Los resultados electorales del pasado 11 de marzo en el Piedemonte Costero nariñense, una de las zonas más afectadas por la guerra, demuestran nuevamente que el ciclo de guerra, corrupción, pobreza y economía de la coca son funcionales a la clase política tradicional. Las profundas limitaciones de la implementación de los acuerdos hicieron que aun en las condiciones más extremas de pobreza e indignación repitieran curules casi la totalidad de senadores y senadoras, sólo uno de los grandes barones electorales se quemó.

Una semana antes de elecciones visité el departamento de Nariño, algunos municipios de los andes y del Piedemonte Costero, Imués, Guaitarrilla, Tuquerres, Mallama, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. Epicentro visible de la metamorfosis de la economía regional. Nariño pasó drásticamente de una economía campesina y de manufactura relativamente boyante a la sobrevivencia y miseria; allí donde papa, trigo, cebada, frijol, maíz, caña, café, leche, carne, marroquinería, calzado y turismo permitían sostener una clase media ligada a la industria nacional. Se abrió una profunda brecha cuando la apertura económica obligó a desplazarse a la compraventa de servicios, a la intermediación y privatización del estado, a la lógica de contratación que estimuló aún más la corrupción, arrastrando la población a la sobrevivencia del pan coger, la disputa de los pocos cargos de las administraciones y los flujos de intercambio que la vía hacia Tumaco permite.

Sólo cuando la coca llegó al Putumayo se establecieron nuevas rutas económicas en las cuales 'raspachines', 'químicos' y vendedores de suministros e insumos dinamizaron la quiebra. La coca fue migrando al Piedemonte Costero; Llorente, un corregimiento de 2 calles al que llamaron 'Putumayito', se convirtió en la capital de la bonanza. Es un secreto a voces desde hace 20 años que este corregimiento es el lugar donde se concentran los insumos, las entradas hacia los principales cultivos, las transacciones y también la regulación de la guerra.

Hoy, se evidencia que hay más comercio sobre la vía, construcciones con más pisos y nuevas construcciones, pero más allá de eso es como si el tiempo se hubiera suspendido, no existe ningún avance sustancial y al contrario la zona es más frágil y pobre. Las alcaldías, salvo muy contadas excepciones, son un fracaso; la corrupción goza de buena salud como la impunidad. Exalcaldes y asesores muestran con descaro y opulencia lo que “lograron” en su administración. “La primer obra del alcalde: su casa” rezaba en Ricaurte hace 20 años un grafiti.

La lógica rampante de la compra y venta de votos corroe hasta la organización indígena que se forjó ante el manejo del intermediario feudal. En el vuelo de ida viajaba uno de los senadores que repitió curul, durante el carreteo y con varios teléfonos en mano, confirmaba cifras cerradas: “¿cuánto es, 20? Listo”, “te envió 10 y cuida nuestros intereses”. No creo que hayan sido libros lo que el conservado senador repartía.

En todo el recorrido era vox populi no solo el costo del voto que se incrementó al paso de los días, también los chantajes sobre los proyectos que son derecho de toda la población, la presión sobre los empleados públicos para preservar su trabajo en las empresas de energía, de salud, en los contratos, interventorías, en el favor del traslado del magisterio, en las vías terciarias. Voceros de alcaldías son capaces de argumentar que esta es la forma de llevar el progreso a los municipios y que la gestión es hacerse amigo de quien favorezca más.

Esa política es una forma de control basada en las clientelas de la miseria, pero quienes “representan” estos pueblos votan en el senado para que los impuestos aumenten, para que la educación sea una lotería, para que la salud sea un negocio, para que los servicios públicos sean clientela y para que las alcaldías sean cajas menores de unos cuantos; ofrecen cada 4 años migajas por el voto de un pueblo condenado a la pobreza y la economía ilegal.

La expectativa de la implementación del acuerdo de paz podía empezar la sustitución de la coca hacia la agricultura; aumentar la inversión social, que no es más que empezar a saldar una deuda histórica de más de 100 años, pero también la posibilidad de tener una voz directa en el senado para hablar de su región y de lo que han vivido estas décadas. Pero la voluntad política de los partidos tradiciones de no resolver este ciclo del tránsito de la guerra a la implementación, hace que al final los votos sean para ellos mismos.

El que ganó es un modelo de política que gobierna con doble moral, aquel que es delincuente robando el presupuesto de los derechos para todos, es el mismo que se lucra votando en el senado por los intereses de unos pocos cobrando una parte. Mientras obliga a que el campesinado y la población rural no tenga más opción que la economía de la coca, una ruta casi obligada donde los pobladores serán tratados y perseguidos como delincuentes por los mismos que les compran el voto.

Colofón: Aunque el panorama es adverso, aún se encuentra gente honesta, propuestas organizativas económicas alternativas y eco sustentables, y una conciencia local que ha permitido gobiernos locales interesantes. Existe una separación entre la política regional y la política nacional, tal vez allí resida el problema, es la región la que debe empezar a pensarse el país.