El sofisma de la paz y el desierto de la realidad

La discusión sobre la conveniencia del Acuerdo Final, así como los ataques del Eln, solo nos dicen que seguimos buscando respuestas a preguntas inocuas. Este es el momento para hacerle frente a las causas históricas de la guerra.

Los recientes atentados en contra de la Fuerza Pública materializan un escenario previsible. En primera instancia, un mensaje de solidaridad y respaldo para las familias de los policías y militares fallecidos por causa del servicio. Todos los caídos por razón del conflicto armado deben ser motivo de recogimiento moral de la sociedad.

El desierto de la realidad, una vez más, ha evidenciado que el conflicto en Colombia y, sobre todo, la violencia, aún no es asunto del pasado. Previamente había señalado que la desmovilización de las Farc no sería, por mucho, el fin de las acciones armadas ilegales, por el contrario, la materialización de la paz para Colombia se ve distante.

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El Eln representa una lucha armada revolucionaria marchita, que se prolongó en el tiempo y desfiguró los principios ideológicos que alguna vez se planteó; su causa hoy día no es más que una utopía, su otrora significativo poder militar, acumulado a finales de la década de los noventa e inicios del nuevo siglo, cuando sumaban un número superior a los 5.000 combatientes, es asunto del pasado, hoy por mucho se acercan a los 1.500 guerrilleros (FIP, 2013). Sin embargo, aún posee capacidad de realizar acciones armadas circunscritas al terrorismo y el sabotaje y no a la posibilidad de plantear una confrontación militar disuasiva frente a la fuerzas de seguridad del Estado. Los recientes ataques dirigidos por este grupo son bochornosos, y evidencian el uso de estrategias anacrónicas, atroces e impopulares.  

De cualquier modo, lo sucedido evidencia lo distante que estamos en Colombia para erradicar la violencia política, ya sea aquella ejercida por el Eln o por el surgimiento de nuevos grupos armados organizados, que aunados a los establecidos en 2005 tras la desmovilización de las Auc en Santa fé de Ralito, constituyen un nuevo reto en los escenarios de seguridad en Colombia.

Las lucrativas prácticas ilegales del pasado como el narcotráfico y el contrabando, fuentes generadoras de riqueza, pervivirán en la medida en que no se solucione la cultura de la ilegalidad, se fortalezca la formación para la paz, se mejore la distribución de la riqueza, se garantice el  acceso a oportunidades laborales dignas y, con especial énfasis, se materialice la presencia de las autoridades, de todos los niveles, en las zonas rurales y ciudades intermedias en Colombia. En la medida que no se logre materializar una solución efectiva, siempre habrá alguien dispuesto a tomar las armas y luchar a sangre y fuego  por el control de estas prácticas delictivas tradicionales, las cuales, sumadas a la aparición de nuevos frentes de criminalidad como la minería ilegal, la trata de migrantes, la tala de bosques y maderas exóticas, la extorsión, entre otras, tienden a agravar el nivel de conflictividad nacional.

Quizá estos retos puedan en unos años hacer ver a las Farc como un mal menor frente a pequeños grupos acéfalos que no se guían por principios ideológicos o históricos, sino por el simple deseo de riqueza a cualquier costo. El espejo de las maras y la crisis de seguridad en Centroamérica es un panorama a evitar.    

Lo sucedido en Barranquilla es una oportunidad para que la opinión pública y la élite política abandonen la discusión inocua acerca de la conveniencia de los acuerdos de La Habana y sobre la paz que aún no se ha consolidado. Por el contrario, el debate se debe centrar en cómo estructurar una respuesta eficaz de cara al posacuerdo, por la vía de una verdadera revolución social e institucional para solucionar las causas históricas del conflicto.

A su vez, para la Fuerza Pública, este debe ser un llamado para que, controle los focos de crimen organizado local-trasnacional y desestimule, por medio del control efectivo en la totalidad del territorio, a las bandas criminales en formación. El éxito se obtendrá como consecuencia de la atención integral del Estado, la construcción de canales pedagógicos efectivos, la ampliación de la presencia y desarrollo del servicio de policía entre la comunidad como eje de autoridad y la lucha frontal por medios inhibitorios a los focos de delincuencia.  

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