"El sinsentido común" del Estado colombiano

La corrupción, la ausencia del Estado, las enormes brechas de desigualdad, la falta de sentimiento y compromiso de lo colectivo llama a los ciudadanos a ser vigilantes del sistema, de modo que no atente contra nosotros mismos, sino que juegue a favor de nuestro bienestar.

El escritor y periodista español Borja Vilaseca escribió hace poco tiempo un libro titulado El Sinsentido Común, dirigido, según él, a las personas que intuyen que el sistema en el que viven va en contra de su bienestar. Es, en resumen, una invitación a reflexionar acerca de la manera como hemos sido condicionados por la sociedad y la necesidad de cambio, de comprender la naturaleza humana, confiando para ello en el sentido común, de ver las cosas con claridad  y así poder evolucionar como seres humanos, en comunidad. 

Pues nada más oportuno que este concepto para describir y reflexionar sobre nuestro acontecer nacional y lo que está ocurriendo con la implementación de los Acuerdos de Paz que, sin duda, pasan por un momento crítico.

Dentro de ese marco de “cosas inexplicables”, la realidad nos muestra una serie de hechos que servirían, por decir lo menos, para serie de televisión. Podríamos nombrar primero al polémico magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, suspendido de manera reciente por la sala plena de esa corporación, quien sigue devengando sueldo sin laborar y con todas  las prerrogativas de su cargo.

O también al falso fiscal que acude a una audiencia pública para lograr que un “líder” camionero, sindicado de saquear 600.000 millones de pesos dentro del programa de chatarrización, obtenga de forma ilícita su libertad y se fugue del centro de reclusión, dejando a la justicia como rey de burlas.

Por si fuera poco, ahora se cuestiona el manejo de los dineros destinados al posconflicto, un mal precedente en la hoja de ruta del proceso de implementación que apenas se está formando. Son varios los hechos que se deben revisar con lupa y que cuanto antes deben ser aclarados por el Gobierno. Por un lado, el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, renuncia después de cuestionamientos a su gestión y discrepancias con la presidenta de la corporación, Patricia Linares.

Por otro lado, el Fondo Colombia en Paz está en la mira de la  Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por el proceso de contratación y la administración de los dineros aportados por países amigos como Noruega, Suiza y Suecia, que con sobrada razón han pedido al Gobierno claridad y rendición de cuentas de la inversión y administración de los recursos. No huele bien que una de las medidas tomadas fuese el despido de Gloria Ospina, directora del fondo.

Para completar la serie de asombro, con toda la inversión presupuestal que se ha hecho para que la JEP se ponga en marcha, nombran a los magistrados para que elaboren su reglamento y presenten el proyecto de normas de procedimiento y así cumplir su función judicial. Lo paradójico del asunto es que luego de varios meses, éstos entregan más de 200 artículos, anunciando el gobierno que es un proyecto extenso y que se realizará un examen con un grupo de juristas para reducirlo y luego tomar alguna decisión.

¡Qué hecho más propio de nuestra cultura macondiana! En Colombia entre más normas existan y más se reglamente, se considera que “mejores” son las leyes; que entre más comités o comisiones se establezcan, “más filtros” se hacen. Olvidan los entendidos que se trata de una justicia transicional, expedita, edificada bajo la égida de eficacia y eficiencia para cumplir los altos cometidos que se le asignaron.

Lo único que se podría destacar dentro de esta caja de pandora es que estos hechos han salido a la luz pública. El control social lo han hecho los medios de comunicación, a través de una investigación minuciosa, conminando así a los entes del Estado a pronunciarse ante la opinión pública y a dar explicaciones. Ahora es deber urgente de los organismos de control auscultar rigurosamente estas denuncias que empañan la imagen del país ante la comunidad internacional.

Como bien lo afirmó Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, en la cumbre empresarial sobre responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción: “El único lujo que no se puede dar el país es que colapse el proceso de paz, por mala administración de recursos a la hora de su puesta en marcha”. Esto sería, como se dice coloquialmente, “¡la tapa de la olla!”. Esperaremos que no sea otra de las ollas que se han destapado por la corrupción que, como el óxido, nos corroe.

En estos momentos es fundamental un despertar. No sólo los medios deben ejercer ese control. La sociedad debe ser atalaya de estos acontecimientos que, como lo dice el autor del libro mencionado, afectan nuestra democracia, bienestar y legitimidad. No puede existir el menor manto de duda sobre las actuaciones de los servidores públicos en el manejo de los recursos del Proceso de Paz y menos defraudar la confianza que ha depositado la comunidad internacional en el manejo de sus aportes. ¿Cuándo aprenderemos las lecciones de éstos países en materia de manejo de recursos, de la ética y transparencia?

La implementación de los Acuerdos de Paz no es sólo el fin de un conflicto. Recordemos que es la oportunidad para una transformación profunda. Para un nuevo comienzo que aleje esos males que tanto daño nos han hecho, como el flagelo de la corrupción, la ausencia del Estado, las enormes brechas de desigualdad, la falta de sentimiento y compromiso de lo colectivo. Es momento de vivir un sistema que por fin juegue a favor de nuestro bienestar y termine con los malos hábitos y costumbres.