El país de los atajos

No callemos, el silencio solo cohonesta con los corruptos que debilitan las instituciones democráticas. Los colombianos desconfiamos, pero no asumimos el papel que nos corresponde de elegir y saber hacerlo. 

“El premio de la justicia es la admiración; el de la probidad, el amor”. “La honestidad es el único bien, o el mayor de todos los bienes” Marco Tulio Cicerón

Los filósofos griegos y los mismos romanos ocuparon sus grandes obras para tratar la ética y la moral, postulados universales que muchos hoy  día han dejado de lado por ambiciones personales, deseos desmedidos de poder y  por amasar fortunas de forma ilícita.

En este país prima el dinero fácil. No respetar las filas, trasgredir las normas de tránsito porque no está presente la autoridad, emplear el tráfico de influencias para ocupar un cargo, para recomendar a alguien, no regresar el dinero que por error se devuelve de más, dar un dinero adicional para facilitar un trámite, la famosa “propina” para expedir rápidamente documentos; en fin, nos acostumbramos a ser “ventajosos” como se podría decir coloquialmente, y lo más grave aún, a trasmitir esta faceta de la vida a nuestros hijos desde su más temprana edad.

Estos son solo ejemplos simples y comunes de lo que ocurre en una sociedad descompuesta, donde la moral y la ética no hacen parte del actuar cotidiano, ni por el ciudadano común ni por muchos de los servidores públicos que se olvidan precisamente de estas palabras que resumen y compendian su naturaleza “servidores”.

En su libro “El sinsentido común”, el autor español Borja Vilaseca, indica que el verbo corromper procede del latín corrumpere, compuesto por las raíces cor y rumpere, significado de corazón y romper, lo que indica que las personas que se corrompen marginan sus valores éticos esenciales como la integridad, la honestidad, el altruismo, en beneficio de su propio interés.

En Colombia la corrupción permeó todas las esferas del Estado, sin distingo alguno. Hoy la justicia está en el ojo del huracán, cuestionada en sus más altas cumbres. Jueces, fiscales, magistrados son llevados ante la misma justicia por faltar a sus deberes y por desviar sus funciones para cohonestar con el delito al que deben combatir por misión constitucional, formación jurídica y principios.  

Este es el país de la inmediatez, sólo cuando se presentan las calamidades, los desastres, cuando se ve afectada la institucionalidad, se corre a la expedición de normas, a reformar la Constitución como panacea. Nos apresuramos a buscar el muerto río arriba y no nos hemos puesto en la tarea de formar buenos seres humanos que respeten la ley, los derechos de los demás, pero por sobre todo a que cumplan efectivamente sus deberes ciudadanos. Muchos recitan y hacen valer sus derechos, pero pocos asumen sus deberes. ¿Cuándo se reivindicará ese principio que hoy adorna nuestra carta política: el de la buena fe?

Por eso, la recomendación va encaminada a generar conciencia erradicando los malos hábitos de los funcionarios púbicos, en particular de la justicia hoy seriamente  afectada en su estructura, objeto de desconfianza en la sociedad. Pueden presentarse muchas propuestas de reformas en este país -per se de inflación normativa-, donde para cada coyuntura se expiden leyes. Por eso cobra valor aquella frase “Que los árboles no nos impidan ver el bosque”. Como sabiamente lo decía Aristóteles “Una multitud de leyes en un país es como un gran número de médicos, un signo de debilidad y enfermedad”.

Empero, la solución no está sólo en reformar la constitución para crear tribunales de aforados (¿cuántas reformas ha tenido la Constitución de Estados Unidos desde su expedición?), tampoco en aumentar el quantum punitivo de los delitos o en tipificar nuevas conductas, paliativos que no atacan el problema de fondo y no   dan solución. Este es un problema social grave, con diagnóstico reservado, en cuidados intensivos, donde las facultades de derecho juegan un papel fundamental en la formación ética de los profesionales de derecho; en la elección de los funcionarios judiciales con meritocracia para acceder a los diferentes cargos, inclusive en las altas cortes a las que se les debe suprimir la facultad de elección de altas dignidades. Los resultados están a la vista, generaron los llamados “carruseles” y el cobro de favores.

Cuando una sociedad ve flaquear la espada de la justicia, el resultado está en que  la democracia y el estado de derecho tambalean en su estructura. Como bien lo afirmaba el poeta griego  Teognis de Megara (Finales del siglo VI a. J.C) “En la justicia se hallan representadas todas las virtudes”. No callemos, el silencio solo cohonesta con los corruptos que debilitan las instituciones democráticas. Los colombianos desconfiamos, pero no asumimos el papel que nos corresponde de elegir y saber hacerlo, de participar de forma activa en el fortalecimiento de esa democracia.

El Comité de Escogencia ha seleccionado a quienes integrarán la JEP. Los colombianos guardamos la confianza que dicho proceso efectivamente haya cumplido los objetivos deseados para administrar la justicia para la paz; con imparcialidad,  transparencia, equidad y sin sesgos ideológicos. La sociedad y las víctimas serán las veedoras de sus decisiones, la historia su juez implacable.    

Se aproxima el mes de diciembre, qué buen regalo sería para muchos servidores públicos el libro “Los deberes” de Marco Tulio Cicerón. Para los que ejercen la política -aún más cuestionada-, “Calila y Dimna”, el libro del soberano y del político, texto milenario que deben tener de cabecera.

*Exmagistrado del Tribunal Superior Militar.   Capitán de Navío de la Reserva Activa.