El mundo de lo absurdo y el futuro de la JEP

Es cierto que se perdió tiempo valioso para la entrada funcional de la Justicia Especial para la paz (JEP), pues si bien están posesionados sus magistrados, tardará mucho en cumplir el cometido para la cual fue creada.

La esperanza de las víctimas, en el proceso de implementación de los acuerdos de paz con las Farc, está puesta en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dentro de ese sistema está la Justicia Especial para la Paz (JEP) con su Tribunal de Paz, que de manera reciente comenzó su espinoso camino con el nombramiento y posesión de la gran mayoría de sus magistrados y el director del Unidad de Investigación y Acusación. Ellos son los llamados a cumplir la promesa que señala el Acuerdo de Paz de resarcir a quienes han padecido el peso del conflicto armado en el país.

Sin embargo, como lo había señalado en anteriores columnas, se perdió tiempo valioso para su entrada funcional, pues si bien están posesionados sus integrantes, tardará mucho en cumplir el cometido para la cual fue creada. Por ahora sus esfuerzos se encaminarán a establecer su reglamento interno de trabajo, y a su vez, en paralelo, fijar las normas de procedimiento, un tema propio del Congreso. Es decir, las reglas de juego para  aplicar el derecho penal sustantivo que conduzca a investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar  las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario de los actores del conflicto.

Serán ellos quienes, paradójicamente, fijen sus propias reglas, las remitan al Ejecutivo para que las considere y sea éste quien lo presente como proyecto de ley ante el Congreso de la República en legislación ordinaria, en un momento electoral polarizado, que no hará fácil su tránsito legislativo.

La premura del tiempo hizo, como es costumbre en este país, que se seleccionaran los magistrados que administrarán justicia en la JEP sin que se pronunciara la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que le dio vida jurídica y sin que sus normas quedaran reglamentadas por ley estatutaria. En otras palabras, el carpintero tiene un lugar para su trabajo, sus herramientas, pero no la madera, la esencia para su ejercicio.

Dentro de los temas que se debe ocupar el alto tribunal está el régimen de inhabilidades de los magistrados de la JEP en el proyecto la Ley Estatutaria, que fue propuesto por un sector partidista del Congreso, que no contemplan ni la carta política, ni la ley 270 de la administración de justicia. Y que, por decir lo menos, tiene unos puntos insólitos.

Por ejemplo, el proyecto consagra que no se podrán posesionar los magistrados si en los cinco años anteriores: ejercieron una “representación judicial” en casos de conflicto armado, hayan pertenecido a organizaciones que hayan ejercido tal representación, o que hubieran gestionado o representado intereses en contra del Estado -en materia de reclamaciones por violaciones  a los derechos humanos, al DIH o infracciones al Derecho Penal Internacional, o demandaron en el mismo lapso ante tribunales internacionales.

¿No es esto el mundo de lo absurdo? Ahora el hecho de demandar al estado o  que se hayan interpuesto acciones ante tribunales internacionales, bien en ejercicio de un legítimo derecho o en representación dentro del ejercicio de la profesión, constituye per se  un  estigma y una condena moral, amén de una afrenta a la libertad de escoger y ejercer  profesión u oficio.

Es la doble moral, por demás pintoresca, que ocurre también para quienes se presentan o aspiran a ocupar  cargos públicos con hoja de vida intachable y se le condiciona para que desistan de sus pretensiones para nombrarlo, por el hecho de haber demandado a alguna entidad del Estado.

Como lo afirmaba en reciente entrevista el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, frente a la preocupación del Gobierno por las demandas en su contra: “Si bien es cierto que existen demandas temerarias con pretensiones astronómicas contra el Estado, la realidad es que un gran porcentaje de los procesos de ciudadanos contra el Estado están fundamentadas en violaciones de derechos”. Y como lo complementó el presidente de la sección Tercera de esa Corporación: ”Si a la gente se les causan daños tiene toda la legitimación de demandar”.

Tenemos que ser coherentes en el pensar y actuar. No puede existir una doble moral y pretender crear inhabilidades por  aspectos ideológicos o por aspectos subjetivos, de  errónea valoración moral, cuando lo que se ha perdido es la ética y los valores en la sociedad. Para eso existen procesos de selección, reglas de juego, sin dejar de lado que  también hay vías legales. Pero no podemos, dentro de una democracia, descalificar la idoneidad profesional hasta tanto no tengamos razones suficientes para demostrar lo contrario.  

*Exmagistrado del Tribunal Superior Militar.

Capitán de Navío de la Reserva Activa.