El fantasma del miedo

Mientras persisten los homicidios de defensores de derechos humanos sin que haya una respuesta efectiva de las instituciones que tienen el deber de proteger la vida de la población, en algunas regiones del país avanza otro fantasma que socava procesos colectivos: el de acusar a líderes sociales como guerrilleros.

Por: Irina Junieles- @IrinaJunieles

El miedo a que esos señalamientos conduzcan a detenciones arbitrarias amenaza procesos organizativos comunitarios. Don Bernardo**, en un municipio de la serranía al sur del Cesar, nos cuenta: “Capturaron a un vecino hace un mes, un muchacho bueno, trabajador, hasta apático a las  reuniones, teníamos que convencerlo para ir. Hay el comentario de que otras tres personas de la comunidad serán capturadas, entre ellas yo”.

Y continúa: “Hace dos años ante el mismo rumor me presenté a la Policía y dije 'aquí estoy', porque es difícil vivir con esa zozobra. Me dijeron que me fuera, que yo no tenía nada. Aquí estoy esperando, a esta edad no voy a correr, pasaré mis últimos días en la cárcel injustamente, pero no dejaré de hacer lo que estoy haciendo”.

Se refiere a construir con su comunidad una ruta estratégica para lograr que las disposiciones sobre Reforma Rural Integral contenidas en el Acuerdo de Paz puedan cumplirse. La mayoría de los casi 300 habitantes de esta vereda enclavada en la zona de reserva forestal de la Serranía del Perijá, son conscientes de que es la oportunidad para formalizar la tierra en la que han estado por más de 60 años, desarrollar un plan ambiental que contenga  los saberes que resultan de convivir con la naturaleza, y corregir, si hay que corregir.

Además, necesitan mejorar la vía para sacar sus productos, y que al puesto de salud, que está en buenas condiciones, llegue un médico porque el hospital más cercano está a tres horas en moto por caminos intransitables en esta época de invierno.

Allá llegamos con Dejusticia, por invitación de la Oficina de Derechos  Humanos de la ONU, a trabajar un taller sobre implementación del Acuerdo, y especialmente sobre acceso y formalización de  tierras (Decreto 902 de 2017), temas sobre los cuales la comunidad había  manifestado interés.

En la jornada conocieron que su vereda no es una de las dieciséis zonas que fueron priorizadas por el Gobierno para diseñar Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDTE (Decreto 803 de 2017), sin embargo, comenzaron a definir la ruta para mostrar a la Agencia Nacional de Tierras y a la Agencia de Renovación del Territorio que son población pobre,  que se trata de víctimas del conflicto y que la debilidad administrativa del municipio no les permitirá salir adelante sin apoyo nacional.

No obstante, en medio de las discusiones del taller, salía a flote una y otra vez el tema de la estigmatización de la comunidad y el temor por las supuestas órdenes de captura contra varios de los presentes. Un vecino decía: “¿Qué si el ELN comió en el mesón donde nos ganábamos unos pesos? Si, lo hizo algunas veces, antes, cuando nadie venía por acá. Solo estábamos nosotros los campesinos y los trabajadores que llegaban por el jornal. ¿Y que hacíamos? No nos podíamos negar. Quien tiene las armas tiene el poder. Pero de ahí, a que vengan a acusarlo a uno de guerrillero hay una gran falsedad. Aquí también comía la fuerza pública cuando venía a hacer rondas”.

La detención arbitraria de líderes sociales para frenar la movilización social ya ha sido una estrategia usada en el pasado. Aún está pendiente de abordar con criterios de justicia,  verdad, reparación y no repetición, el impacto que causó en regiones como Montes de María, la estigmatización y la privación injusta de la libertad de que fueron objeto cientos de campesinos entre 2000 a 2004,  y que debilitaron procesos sociales y liderazgos que tardaron mucho tiempo en recuperarse. 

Más de una década después de esos episodios, y aunque esa subregión es objeto de la intervención institucional que generó la Ley de Víctimas, los detenidos de Montes de María cargan en su bolsillo una fotocopia amarilla de la página del periódico donde se registró su captura. Hoy, decenas de estas personas ven en la Comisión de la Verdad un escenario propicio para saber qué pasó y se limpie su nombre.

Por eso, lo que ocurre en el Cesar, y que se denuncia en otros lugares como el Sur de Bolívar, no puede pasar desapercibido. Hoy no hay espacio para la vieja estrategia del uso del miedo. La fuerza pública y la rama judicial tienen que revisar con extremo cuidado sus decisiones y los contextos en los que las emiten. Tienen el deber de adelantar con lupa las investigaciones, proceder solo en los casos de real convencimiento, contrastar las versiones de quienes reciben réditos por entregar información y cuidarse de no ser útiles a los enemigos del tránsito a la paz. Los medios de comunicación deben ser cautelosos y responsables al difundir información.

Este momento del país exige el compromiso colectivo, la revisión de las equivocaciones del pasado y la no repetición de lo que ya sabemos que estuvo mal. Es el momento para que todas las autoridades públicas animen el fortalecimiento de la organización social  y campesina, la defensa de su territorio y participemos en la transformación del campo colombiano, donde también está el futuro del país.

**El nombre ha sido cambiado por solicitud de la fuente.