El desplazamiento forzado debe ser aleccionador para Colombia

La JEP y la Comisión de la Verdad tienen la inmensa responsabilidad de asegurar que la calamidad del desplazamiento forzado sea aleccionadora para Colombia. Su adecuada investigación, sanción y búsqueda de la verdad  será imprescindible para que así lo sea.

Por Federico Sersale, jefe oficina de Acnur en Putumayo

“Solo pedimos verdad y justicia”, le dijo Ernesto Sábato al presidente Alfonsín el día que le entregó un informe sobre las atrocidades cometidas durante la dictadura militar argentina. Sin una “justicia que se fundamenta en la verdad”, le dijo convencido Sábato al Presidente, “no podrá haber reconciliación”. Fueron probablemente las palabras más difíciles que tuvo que escribir y pronunciar el célebre novelista (Sábato, 2011). Sábato tuvo la ardua tarea de liderar la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, y en sus palabras, recomponer “un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos” en Argentina.

Luego de haber superado la gigantesca tarea de la desmovilización las Farc-Ep y de estar en marcha el proceso de su reincorporación a la vida civil, Colombia ahora debe comenzar a recomponer el rompecabezas de su conflicto armado interno, tal como lo  empezó a hacer Argentina hace más de 30 años. El Acuerdo de Paz de La Habana pactó que habrán dos instituciones claves para hacerlo: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). El primero debe determinar la responsabilidad penal de los perpetradores de determinados delitos tales como el desplazamiento forzado y la desaparición forzada en el marco del conflicto y “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia”, y el segundo debe “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado” y “promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas” (www.altocomisionadoparalapaz.gov.co).

El resultado principal de dicho rompecabezas son las víctimas del conflicto armado, quienes componen alrededor de 8 millones de personas. De dicho universo de víctimas, alrededor del 90% lo son por desplazamiento forzado interno, es decir alrededor del 12% de la población total de Colombia. Para ambos mecanismos recién mencionados, el principio fundamental es la centralidad de las víctimas.  Por lo tanto, encontrar verdad y justicia para las víctimas de desplazamiento forzado debe constituir la piedra angular de la inmensa tarea que tendrá la JEP y la CEV.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el desplazamiento forzado es una violación múltiple y contínua. En ese sentido, en el caso de Masacre de Mapiripán vs. Colombia, la Corte IDH sostuvo que “en razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que afecta a dichas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados (…), su situación puede ser entendida como una condición individual de facto de desprotección respecto del resto que se encuentran en situaciones semejantes”).

De acuerdo el artículo 7.i del Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuando el desplazamiento forzado se comete como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”, constituye un delito de lesa humanidad. Al respecto, la Corte IDH ha manifestado en el caso Almonacid Arellano que el Estado “no puede sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad”, que son delitos imprescriptibles  y que las garantías de no-repetición son especialmente importantes dada la gravedad de la violación en cuestión.  

En cuanto al derecho a la verdad, la Corte IDH ha subrayado en el caso “Niños de la Calle” que no buscar la verdad puede constituir una violación a la Convención Americana y que la determinación de la verdad es importante para la “consolidación de los procesos de paz y reconciliación” (Caso Gudiel Álvarez).

Por lo tanto, de acuerdo a sus obligaciones internacionales, el Estado colombiano tiene el deber de investigar y sancionar el delito de desplazamiento forzado, como así también de buscar una verdad objetiva sobre él.  Además, tal como ha manifestado la Corte IDH en más de una ocasión, la falta de investigación de violaciones a los derechos humanos está inextricablemente vinculada con la comisión de las mismas,  y por lo tanto, no investigar y sancionar este delito de manera adecuada y efectiva puede ser una causa de futuros desplazamientos en el país, tales como los más de 45 desplazamientos masivos que han ocurrido a lo largo del país este año.

 “Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras”, le señaló Sábato a Alfonsín, segundos antes de entregarle el informe de la Comisión que presidió. La JEP y la CVE tienen la inmensa responsabilidad de asegurar que la calamidad del desplazamiento forzado sea aleccionadora para Colombia. Su adecuada investigación, sanción y búsqueda de la verdad  será imprescindible para que así lo sea.

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