El ataque a la verdad y la memoria (histórica)

La propuesta del Centro Democrático de agregar un Artículo transitorio 5A a la Constitución Política a informaciones confidenciales relacionadas con la seguridad nacional constituye probablemente el ataque más frontal a un sistema de justicia transicional jamás visto en el mundo.

Por Kai Ambos*

La reciente propuesta presentada por el Centro Democrático de agregar un Artículo transitorio 5A a la Constitución Política, impidiendo, en efecto, el acceso de la JEP, de la Comisión de Verdad y cualquier otro mecanismo del sistema de justicia transicional (JT) a informaciones confidenciales relacionadas con la seguridad nacional, constituye probablemente el ataque más frontal a un sistema de JT jamás visto en el mundo. ¿Les parece exagerada esta crítica? Lamentablemente no lo es, pues el eje central de cada sistema de JT es el establecimiento de la verdad histórica y, sobre esta base, la creación de la memoria histórica. Esta memoria histórica es importante para la sociedad (colombiana) en su conjunto y así igualmente para víctimas y victimarios, pues ambos grupos pertenecen y siguen viviendo en la sociedad.

Pero ¿cómo se puede lograr la verdad sin tener acceso a las informaciones confidenciales a que se refiere este proyecto? Además, si el impedimento de acceso ocurre en una forma tan amplía (“información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional …”), apodíctica  (“En ningún caso y bajo ninguna circunstancia…”) y autoritaria (“desconocimiento … constituirá falta gravísima… sancionada” disciplinariamente) alcanzando a todos los funcionarios públicos e incluso particulares que cumplen o cumplieron funciones públicas.

De hecho, si este proyecto se convirtiera en norma constitucional, se terminaría el trabajo de la Comisión de la Verdad y también de la JEP en cuanto a verdad se refiere. Es más, se terminaría todo el –por cierto muy complejo y ambicioso– sistema colombiano de JT. Tal vez este es el objetivo real de los congresistas ponentes. Pero entonces ¿por qué no decirlo? Así, por lo menos se podría tener una discusión más franca y transparente con y en toda la sociedad colombiana. Quiero entonces comenzar con la franqueza por mi parte: me llegó la información sobre este proyecto a través de instituciones internacionales trabajando en y sobre Colombia. Estas instituciones se preocupan por este tipo de iniciativas, pues temen retrocesos a un sistema de JT que los expertos internacionales consideran –con todos sus defectos y limitaciones– único.

*Kai Ambos es Profesor (catedrático) de la Georg-August-Universität Göttingen y Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma universidad. Además es Magistrado del Tribunal Especial para Kosovo, La Haya y amicus curiae de la JEP. – El autor agradece al Dr. Gustavo Cote (Prof. de la Universidad Javeriana) por la revisión del texto.