El arma jurídica contra las organizaciones criminales

El acuerdo del fin de conflicto entre el Gobierno y las Farc le impuso una tarea de gran calado a la Fuerza Pública en el posconflicto: La lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que incluyen las sucesoras del paramilitarismo y los disidentes de las mismas Farc que no continuarán delinquiendo.

En los acuerdos de paz, uno de los principios rectores a cumplir cabalmente por las partes es el de la transparencia, siendo la sociedad civil el juez más severo y crítico en su credibilidad e implementación. Sin esa legitimidad ningún proceso de paz o acuerdo entre los actores de un conflicto tendrá éxito.

El acuerdo del fin de conflicto, suscrito el pasado 23 de junio, en La Habana, entre el Gobierno y las Farc le impuso una tarea de gran calado a la Fuerza Pública en el posconflicto: La lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que incluyen las sucesoras del paramilitarismo y los disidentes de las mismas Farc que no continuarán delinquiendo. Pero frente a esta realidad aflora el interrogante ¿cómo combatirlas desde el punto de vista de la legalidad con las fuerzas legítimas del Estado?

Recientemente el Gobierno, con la directiva N° 15 de 2016, dispuso emplear “el uso de toda fuerza del Estado”,  incluidos los bombardeos aéreos, contra los principales grupos criminales del país, hoy conocidas como GAO, antiguas BACRIM. Esta directiva reevaluó la N° 014 de 2011 que restringía la acción militar contra estos grupos al margen de la ley y asignaba exclusivamente a la Policía Nacional la función de combatirlas, atendiendo las normas del derecho internacional de los derechos humanos, bajo la premisa de que este sólo autoriza las acciones militares contra grupos que ejerzan un control territorial y que tengan ideología política.

Frente a este tema, ha pasado desapercibido el aval dado por la Corte Constitucional para combatir a estas organizaciones criminales dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de nuestra Constitución. La decisión tiene que ver con la reciente reforma al fuero militar –Acto Legislativo No 01 de 2015-, que reiteró que los funcionarios de la justicia ordinaria y la justicia penal militar deben aplicar las normas y principios del DIH en el conflicto armado.

Lo novedoso de la reforma es que adicionó a su aplicación en un conflicto armado, la expresión  “o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del DIH”, tema que por primera vez fue abordado por la Corte Constitucional en su sentencia C-084 de 2016. Eso indica que un enfrentamiento que reúna tales condiciones, debe ser interpretado conforme a los instrumentos internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional.

Esto comprende situaciones que objetivamente reúnan las condiciones de un conflicto armado, excluyendo  de dicho ámbito los actos de violencia individual, la utilización de la fuerza que no constituya una acción típica militar o los hechos delincuenciales criminales ordinarios, además de de las tensiones internas y disturbios interiores.

Lo que se concluye es que para enfrentar a estos grupos y a las mismas disidencias de las Farc, como el Frente Primero “Armando Ríos”, que delinque en el departamento Guaviare, el Estado podrá combatirlos militarmente cuando estén organizados para ejercer un nivel de violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas, pues como lo advierte la directiva No. 15, “la finalidad o el móvil con que actúe un grupo no serán relevantes para la aplicación del uso letal de la fuerza en el marco del DIH”.

Sobre estos temas trabaja actualmente la Comisión de la mesa de negociación contra el crimen organizado a cargo del General en retiro Óscar Naranjo, quien tiene entre sus retos, evitar la retoma del territorio y de las economías ilegales por parte de estos grupos criminales, tarea que sin lugar a equívocos permitirá que la paz, como se pretende, sea estable y duradera.

Con este futuro que se avizora, es un imposible pensar en una reducción del pie de fuerza de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. En la medida en que se aclimate la violencia, su rol debe redefinirse una vez sean sometidos todos los actores armados al margen de la ley, trabajo en la que deben coadyuvar la justicia y las  instituciones del Estado. Sin esta realidad, no habrá tan anhelada paz.

*Militar retirado. Exmagistrado del Tribunal Superior Militar