El agridulce inicio de la JEP

Por Andrés Agudelo*

El Comité de Escogencia fijó los nombres de las 51 personas que conformaran las distintas salas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). El proceso procuró un ejercicio decantado y objetivo para la selección de los magistrados. Se pueden resaltar los criterios que buscan garantizar la participación de mujeres y minorías, la amplitud de la convocatoria y la diligencia del proceso.

No obstante y como era de esperarse, las críticas cayeron, tanto de las Farc como del uribismo, porque los consideran inapropiados para el cargo. Ambos sectores, paradójicamente, coinciden en afirmar que los criterios ideológicos o intereses políticos de algunos seleccionados pueden ser perjudiciales para la impartición de la justicia. 

Para infortunio del proceso de implementación de la JEP, las dudas sobre la conformación de la misma llegan en la peor coyuntura para la rama judicial. Con estupefacción los ciudadanos observamos algo que en décadas pasadas era impensable: la corrupción a borbotones por parte de las personas encargadas de impartir justicia.

El capital político que las Cortes habían acumulado desde la tragedia del Palacio de Justicia en 1985, el apoyo al proceso de la Séptima Papeleta y la preparación académica de los magistrados hoy está en vilo gracias a las conductas execrables de algunos jueces. La JEP necesitaba de un ambiente optimista en términos institucionales para su instalación porque viene cargando el fardo de las críticas al proceso de paz con las Farc; en nuestros días ese tal ambiente, no existe.     

La raíz de la polémica no radica, en principio, con el proceso de selección de los futuros magistrados de la JEP sino con la forma en la que se debatió el fin del conflicto con las Farc. Desde el momento en el que los diálogos de La Habana se hicieron públicos emergieron dos posturas casi irreconciliables. Por un lado, los alfiles del gobierno Santos secundados por figuras académicas, algunos grupos empresariales y un considerable sector de los medios de comunicación iniciaron una defensa abierta de las negociaciones. Por otro lado, los detractores del proceso encabezados por el ex presidente Uribe recorriendo un camino similar: relacionar las críticas a las negociaciones con ataques directos a la gestión del gobierno.

Lo anterior tuvo dos efectos: la polarización del debate público y la politización de la paz. Con respecto al primer aspecto habría que señalar, contrariando la opinión de muchos, que no es una situación nueva en el marco de la cultura política colombiana caracterizada por el personalismo, las rupturas radicales y la visceralidad en los debates.

Los ismos personalistas han caracterizado la fragmentación de los partidos políticos y las disputas entre los mismos. La polarización no es un fenómeno novedoso en la democracia colombiana; asunto a todas luces preocupante porque nuestra historia ha demostrado que, infortunadamente, los debates que empiezan con palabras terminan con balas.

Quizá resulte más preocupante que la paz sea una razón de conflicto entre los colombianos, situación compleja de explicar de cara a nuestra reflexión como nación y frente a la comunidad internacional. Más allá de los sofismas aplicados al término “paz”, cabe señalar que hoy se evidencia la irresponsabilidad de las partes en el marco de los debates de los años anteriores porque priorizaron los resultados de las encuestas y la imposición de radicales líneas rojas a la verdadera necesidad del país: una salida digna del conflicto con las guerrillas.

Desde hace varios años se discuten en esferas académicas dos fenómenos interesantes: la judicialización de la política y la politización de la justicia. No es un juego de palabras. La primera es una forma de control político que los ciudadanos y los jueces ejercen sobre las decisiones de los gobernantes. La segunda puede considerarse un desequilibrio brutal en los controles que cada rama del poder público debe ejercer sobre las demás. Un juez que falla con base en criterios políticos o ideológicos es tan peligroso como el que recibe sobornos porque ambos faltan al criterio de imparcialidad indispensable para aplicar justicia.

En política existe un adagio fundamental: el ser y el parecer son equivalentes. No cabe duda de que los procesos de selección para los magistrados de la JEP se basaron en criterios de transparencia y que las personas que sometieron sus hojas de vida han dedicado años enteros a trabajar por la justicia, a estudiarla e impartirla. Sin embargo, mientras perviva la polarización política y no se comprenda que la paz no tiene “buenos y malos”, la JEP seguirá pareciendo un tribunal de revancha política.  

*Profesor de Ciencias Políticas

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Universidad de La Sabana

Twitter: @andresagudelo00