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Por: Ana Jimena Bautista*
Los dolorosos hechos de Tumaco prenden las alertas sobre el cumplimiento del punto 4 del Acuerdo Final. El campesinado cocalero no está solamente en la mitad del fuego cruzado de la lucha contra las drogas, también está en riesgo de ser perseguido penalmente. Cuando un campesino/a que cultiva coca se acoge al Programa de Sustitución, está reconociendo que cometió un delito.
El Acuerdo estableció darles un tratamiento penal diferencial, reconociendo que la lucha contra las drogas debe apuntar a los altos eslabones de la cadena del narcotráfico. En consecuencia, se acordó que estas personas no deben enfrentar el brazo duro del derecho penal.
El tratamiento penal diferencial beneficia a pequeños productores de coca, que no pertenezcan a organizaciones criminales y decidan voluntariamente sustituir esos cultivos ilícitos; y mujeres en condiciones de pobreza, con cargas familiares, condenadas por delitos de drogas que no estén relacionados con acciones violentas.
A poco más de un mes para que termine el fast track, el Gobierno no ha radicado en el Congreso ningún proyecto sobre tratamiento diferencial. A 14 de septiembre de 2017, cerca de 115.000 familias se habían acogido voluntariamente al programa de sustitución. Sus integrantes podrían ser judicializados.
El tratamiento penal diferencial debe tener en cuenta las diferentes situaciones en las que se encuentran las personas involucradas con cultivos de uso ilícito, y frente a las mujeres se deben crear alternativas al encarcelamiento.
La implementación del Acuerdo se ha centrado en definir la responsabilidad de quienes participaron directamente en la guerra. Pero la estabilidad del proceso de paz, tal y como lo ha planteado Dejusticia, en el libro Coca, instituciones y desarrollo, también depende de que el Estado deje de perseguir penalmente al campesinado cocalero, que es el más vulnerable en la economía de la droga.
* Esta columna fue escrita con la línea de drogas, la sublínea de género y el grupo de Paz de Dejusticia.