Desminar donde hay coca y áreas protegidas

Por: Mariana Escobar

La última vez que en Vista Hermosa, Meta, escucharon de la explosión de una mina fue el 23 de septiembre de 2014. Rubert Sogamoso Pérez, de 45 años, arriaba un ganado por la vereda Caño Ánimas, al sur del municipio.

Alrededor de las 10 de la mañana, el vaquero se desvió del camino, tomó la trocha y el perro de un vecino, que iba correteando delante de él, activó un explosivo. De no haber sido por las diez reses que recibieron el impacto, las secuelas de la mina en Rubert serían más que esquirlas en el costado izquierdo y en el brazo, una herida en la cabeza y pánico de volver a la zona.

Allí, en el sur de ese municipio, cerca del Parque Nacional Sierra de La Macarena, se ubica una franja estratégica para los grupos armados. Los caminos indomables y la presencia de áreas naturales recónditas han sido propicias para realizar actividades ilícitas, lejos de la mirada del Estado.

De hecho, aquel territorio fue morada para un grupo de campesinos aventureros que huían de la violencia partidista de los cincuenta, pero que luego, por la lejanía, la ausencia de autoridades y la riqueza de las tierras, se convirtió en centro de consolidación de las Farc y en lugar de despliegue de los frentes 7, 26, 27, 40 y 43.

Los que tenían el control del territorio, los que ejercían poder, eran sus ejércitos, que convirtieron la zona en un mar de coca con el que ningún producto del campo podía competir.

No había mano de obra para otra cosa, ni siquiera para el autoconsumo, y entre 1998 y 2002, tiempo en el que Vista Hermosa hizo parte de la zona que el gobierno de Andrés Pastrana despejó para negociar la paz con las Farc, los cultivos crecieron significativamente. Ese municipio y su vecino Puerto Rico llegaron a tener el 25 por ciento de toda la producción nacional.

Por ese entonces, la siembra de minas antipersona le servía a las Farc para su lógica de confrontación militar, pero cuando empezaron las campañas de erradicación manual de la coca, minaron y minaron para proteger sus cultivos, sin medir las consecuencias.

Había artefactos hasta en las raíces de las matas de coca, de manera que los ‘raspachines’ no se afectaban cuando arrancaban las hojas, pero sí los militares y voluntarios que desenterraban la planta. De hecho, el momento en que Vista Hermosa alcanzó su pico máximo de víctimas por minas antipersona (hubo 190 entre 2005 y 2007), coincide con la puesta en marcha del proyecto de erradicación manual.

Con ese paisaje de pesadilla, el municipio se ganó el pavoroso título de poseer el mayor número de víctimas por estos artefactos en Colombia: 363 en los últimos 25 años. En parte por eso fue elegido como piloto para desarrollar desminado humanitario durante los diálogos de paz de La Habana.

El nuevo escenario

A esto se sumaba que las minas antipersona eran una especie de candado para que la degradación a escala industrial no hubiera ingresado con ímpetu a La Macarena, región que alberga el patrimonio natural más representativo de la biodiversidad colombiana y a la que Rodrigo Botero, exdirector de la territorial Amazonia y Orinoquia de Parques Nacionales, denomina “aorta e hígado del sistema de parques del país”.

Si la colonización guerrillera y de campesinos cocaleros representó una gran amenaza ambiental, al desenterrar las minas, el avance de los cultivos ilícitos, la ganadería y otros proyectos productivos podía ser salvaje.

Pese a la negativa, el Ejército y otros cuatro operadores de desminado humanitario han hecho la labor. En julio de este año, la Campaña Colombiana Contra Minas entregó a ese municipio la primera zona despejada de artefactos explosivos: 4.003 metros cuadrados en la vereda Caño Piedra.

Sin embargo, las condiciones no parecen favorables. En el mismo mes, cuatro integrantes de la organización internacional The Halo Trust, que hacen desminado en Vista Hermosa, fueron detenidos por supuestos integrantes de disidencias de las Farc, y uno de sus vehículos fue incinerado.

Luz Dari Pineda, madre, agricultora y voluntaria de la Campaña Colombiana Contra Minas en el municipio, cuenta que las comunidades siguen con la incertidumbre de dónde se camuflan las viejas minas y las nuevas, ya que en dos veredas del sur de Vista Hermosa (Guapayo Alto y Guapayo Medio) hay denuncias de que las disidencias están sembrando los artefactos para proteger sus crecientes cultivos de coca.

“Estas veredas no tienen presencia ni recursos de cooperación ni del Gobierno, porque son áreas naturales protegidas, pero justamente por eso es que están sembrando más coca y minas, porque nadie los ve”, denuncia Luz Dari, preocupada también por otros lugares en los que este año ha recibido advertencias de presuntas disidencias, que le piden no transitar por la zona después de las 5 de la tarde cuando va a impartir talleres de educación frente al riesgo de minas.

El último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestra que, en 2017, incluso después de la firma del Acuerdo de Paz, existían 2.832 hectáreas de cultivos de coca en La Macarena, lo que convierten al parque en el área protegida con mayor afectación del país y en un punto con nuevos riesgos de presencia de minas.

¿Cuándo desminar?

El desminado humanitario y la erradicación manual de cultivos ilícitos devuelve la tranquilidad a los campesinos para cultivar la tierra –y eso es vital–. También propicia mejores condiciones para la protección de ecosistemas especiales, como los de La Macarena. No obstante, hacerlo en lugares donde el conflicto persiste con nuevas dinámicas podría terminar en un desgaste de recursos, e incluso de vidas humanas, de personas como Rubert.

Tal vez el mejor momento para desminar y erradicar manualmente llegue cuando el Estado haya hecho una presencia distinta en el territorio: cuando haya definido claramente la frontera agropecuaria en La Macarena, con una sólida participación de los campesinos y de excombatientes de las Farc. Cuando haya pensando e implementado, con los agricultores y ganaderos, estrategias de sustitución de cultivos ilícitos y de actividades pecuarias en áreas protegidas. Cuando Gobierno y ciudadanos coicidan en una misma vocación para esta zona y la hagan sostenible para todos.

Ojalá sea la conservación, y no la guerra ni las minas ni la coca ni el lucro.