De la Comisión y otras verdades

Pese a la reunión conciliatoria entre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad y el ministro de Defensa saliente, Luis Carlos VIllegas, la carta que se filtró seguirá dando mucho de que hablar. Para la muestra un botón.

En días pasados publiqué una columna manifestando mi rechazo sobre seis preguntas específicas de una batería de 40 que la Comisión de la Verdad envió al ministerio de Defensa.
 
La mayoría de los requerimientos me parecieron normales y a tono con el mandato de la Comisión. De hecho, colocándome en los zapatos de los comisionados, yo los hubiera formulado.
 
Mi crítica se centró en algunas preguntas contenidas en el segundo bloque, en específico las numeradas del 29 al 34.  De estas, me llamó la atención que se pidiera el kardex y "las hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia" en los últimos 60 años.
 
A mi juicio, el planteamiento de la pregunta da lugar a múltiples interpretaciones, entre estas que, para alguien en la Comisión, los profesionales de esta especialidad castrense son consumados violadores de derechos humanos y abyectos criminales de guerra. 
 
Al día siguiente, Francisco de Roux −presidente de este organismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición− salió a los medios a dar explicaciones relacionadas con el contenido de la misiva filtrada.
 
En un primer momento defendió a capa y espada el rol de la Comisión y su derecho por ley a requerir a las agencias del Estado y a los particulares la información que facilite el cumplimiento de su mandato. ¡Eso está bien y así debe ser!
 
Luego me dejó gratamente sorprendido un gesto de caballeros que dice mucho de su talante y hace honor a su cargo, dignidad y gobierno. Admitió haber firmado la misiva sin detenerse a detallar su contenido y se responsabilidad sobre lo actuado. El tema de las hojas de vida fue reconocido por él como un error. No esperaba menos de quien tiene la responsabilidad de escribir la versión final sobre la verdad del conflicto armado en Colombia.
 
Volviendo al quid de mi crítica, la petición de la Comisión está fundada en un equívoco: que Colombia vive las mieles del postconflicto. En esta nebulosa nos metió el gobierno Santos, creo yo, en su afán de hacer de la paz un propósito nacional, la cual perdió fuerza al imponerse el No frente al SI.
 
Ya que Colombia experimenta un periodo de posacuerdo y no de posconflicto −pues aún persisten movimientos armados ilegales con ropaje político o abiertamente narcotraficante como las Farc refundadas− se deberían pedir expedientes específicos de la guerra entre el Estado y el hoy partido político, pues desclasificar todo no es prudente por razones operacionales y de seguridad interna del país. Esta premisa esta fincada en realidades y no puede ser vista como mera excusa.
 
Hay otro hecho que, de ser cierto, avivaría la discusión. Una fuente me dijo que para indagar la verdad del conflicto, la Comisión dividió el país en diez macro regiones, asignando una por comisionado. Asimismo, que se les instruyó investigar lo ocurrido a partir de 1970, toda vez que hacerlo desde la década del 50 resultaría extenso e imposible, pues en Colombia la cultura de la gestión documental es de data reciente. Si esto es cierto, ¿por qué a la Fuerza Pública sí se le exigen archivos desde 1953?
 
Pese a estas líneas, aún creo en la necesidad de mantener vivo este imperfecto proceso de paz con las Farc, claro está con los ajustes necesarios que satisfagan a las partes, siempre y cuando estos operen bajo el imperio de la ley. 
 
Encontrar la tan ansiada verdad −con base en la centralidad de las víctimas sin importar su orilla− requiere equilibrio en el fiel de la balanza. La idea, padre De Roux, no es satanizarlo a usted o a la Comisión, sino hacerle ver que, al final del día, muchos colombianos queremos atestiguar su carácter imparcial.