Con indios y negros

Los reportes del Sistema de Monitoreo SIMCI registran que la mayoría de cultivos de marihuana se ubican en territorios indígenas, y un alto porcentaje de las siembras de coca están situadas en territorios de comunidades negras. Sin embargo, la sustitución de cultivos de uso ilícito no tiene en cuenta un enfoque diferencial. 

La trágica situación de Tumaco, registrada a finales del año anterior, motivó que el Vicepresidente de la República se instalara en esa parte del país durante varios días. Diversas entidades del estado llegaron y miles de efectivos militares ingresaron a “recuperar” la región a comienzos de éste enero. En la implementación del Punto cuatro del acuerdo de paz, unos pocos acuerdos se han alcanzado con comunidades afrodescendientes en función de la erradicación “voluntaria”, y algunos miembros de la comunidad Awá han sido integrados a pactos, pero sin consulta previa en Asambleas comunitarias.

En el resto del país el Programa PNIS se ha adelantado sin que los indígenas y los afrodescendientes hayan sido visibles. Los pactos colectivos de sustitución que ya suman más de 120 mil familias se han hecho mayoritariamente con campesinos, quienes han estado mediados por organizaciones como la COCCAM. A su vez, una Junta de direccionamiento estratégico de dicho Programa se puso a andar hace casi un año sin la participación de las organizaciones nacionales tradicionales de los indios y los afros.

De los enfoques diferenciales ya se ha dicho bastante que no se notan todavía en la implementación del acuerdo. Pero de la perspectiva étnica que incluyera, a última hora, la presión de las organizaciones indígenas en un capítulo del acuerdo, poco se ha avanzado. Mas allá del funcionamiento de una instancia de alto nivel que poco se ha reunido y que es vista por el Gobierno como un lastre, en los territorios es menor el progreso en este aspecto y menor parece ser el interés de las entidades que tienen a cargo el desarrollo del Acuerdo.

En Corinto Cauca, hace casi un año, la Asociación de Cabildos Indígenas ACIN, hizo propuestas sobre el uso de la hoja de coca, planteó iniciativas sobre el cultivo de la marihuana y reclamó sobre la articulación de los proyectos de sustitución con los planes de vida. Sus dirigentes aseguran no haber sido escuchados. Un año mas tarde, varias empresas, algunas multinacionales, afirman tener acuerdos con comunidades para sembrar marihuana o abastecerse de aceite de cannabis de esa zona. Sin embargo, las autoridades tradicionales de los resguardos donde están los cultivos niegan que se hayan producido tales autorizaciones.

En algunas comunidades se han intentado pactos de sustitución pero sin el consentimiento de las organizaciones que representan a los indígenas. En Guaviare, donde el programa ha avanzado, permanece viva la discusión sobre el reconocimiento de pagos a familias campesinas que están dentro del Resguardo Nukak. Por ello, bien podría el Ministerio del Posconflicto divulgar los documentos de política pública que incorporan la perspectiva étnica en la implementación del Punto cuatro del acuerdo de paz, si los tiene.

Este clamor se hace fuerte, teniendo en cuenta que en los reportes del Sistema de Monitoreo SIMCI la mayoría de cultivos de marihuana se ubican en territorios indígenas, y un alto porcentaje de las siembras de coca están situadas en territorios de comunidades negras. La posibilidad de suscribir pactos colectivos mediados por las debidas consultas podría llevar a un enorme salto en el propósito de la sustitución, al tiempo que podría abrir las puertas a fórmulas creativas donde la autonomía territorial, la fuerza de lo comunitario, y los planes de vida y de etnodesarrollo sean efectivamente tenidos en cuenta.