Bogotá: la exclusión haciendo de la ciudad un baño

Hasta el año pasado existían 113 baños públicos bajo la administración del Distrito. Un cálculo aproximado indica una proporción de un baño por cada 70.600 habitantes. Ahora bien, puede que para quien lea esta columna, como para mí, encontrar un baño de acceso público no sea un reto mayúsculo. Al fin y al cabo existen centros comerciales, cafeterías y establecimientos abiertos al público que cuentan con baños y un mínimo de baterías sanitarias disponibles para su uso: específicamente, según la Secretaría de Planeación, hay 32.660 puntos como estos. Cifra que utiliza el Distrito junto a la identificación de 1’001,422 de potenciales usuarios para concluir que la oferta real de baños es de uno por cada 33 personas. Lo anterior, a toda costa, no es más que un argumento para seguir haciéndole el quite a la orden de construir más baños públicos que, mediante Sentencia del 29 de agosto de 2011, emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco del proceso de Acción Popular 2005-02345; razón por la que recientemente fue multado el Distrito por orden del Juzgado 35 Administrativo de Bogotá.

Dicho eso, debe decirse que la falta de baños públicos afecta diferenciadamente a aquellas personas que se encuentran en constante uso de la calle, ya sea porque la habitan o porque es su lugar de trabajo. Cuando el distrito habla de 32.660 puntos de “acceso público” a baños lo hace sin pensar en que ese acceso es también un privilegio que deja por fuera a muchas personas; no actuemos como si en esta ciudad, hostil para tantos, fuese extraño ver que no dejen entrar a una persona habitante de calle a un centro comercial, por ejemplo, o que incluso llamen a la policía por su sola presencia en el espacio público.

Por otra parte, aún si logra acceder al interior del establecimiento para hacer uso del baño, existe una alta probabilidad de que el uso de éste se cobre: reglamentariamente, los establecimientos pueden cobrar hasta un 2% de un salario mínimo diario legal vigente ($520) por su uso. Cuando se pone en la balanza la posibilidad de comer, de conseguir lo suficiente para pasar la noche en un paga-diario o, para algunos, de mantener a raya la pesadilla de la abstinencia, de repente 500 pesos valen más que sólo una moneda. Y ciertamente valen mucho más que entrar a un baño.

El anterior panorama lleva a que la salida lógica a la falta de acceso - para  toda persona - a un baño es hacer de la ciudad misma el baño, cosa que implica varias cosas: (i) exponer el cuerpo públicamente, con la carga psicológica que eso conlleva; (ii) la posibilidad de ser multado, porque sí, en el país del sagrado corazón a las personas habitantes de calle la policía les imparte multas inocuas por hacer sus necesidades en público; relacionado estrechamente con lo anterior, (iii) la posibilidad de ser agredido y/o humillado por parte de la policía y, además, ser conducido a donde bien les plazca.

La solución claramente no pasa por ignorar que la ciudad sea el baño, pues eso lleva consigo afectación a la salud y la integridad del espacio público, argumento base para el fallo del 2011 que mencioné anteriormente. Y, por supuesto, tampoco pasa por la represión hacia aquellas personas que, por sus circunstancias particulares, hacen uso del espacio público como baño. Ni pasa por limitar a las personas habitantes de calle a acceder únicamente a ciertos espacios diferenciados en los que hay baños, como los hogares pertenecientes a distintos programas distritales.

Este es un asunto de garantizar la dignidad más básica a todas las personas independientemente de su provenir socioeconómico, bajarse los pantalones en público para ir al baño es la expresión de la falta de condiciones materiales concretas para una existencia digna e implica una afectación a la posibilidad de vivir sin tener que pasar por cualquier forma de humillación. Además, no sólo representa un riesgo en términos de violencia policial y sexual, sino que, a la postre, significa vivir en constante contravención con la ciudad. Una necesidad tan básica y natural para el ser humano termina convirtiendo, entre otras muchas cosas, a la población habitante de calle en sujetos clandestinos sin derecho a la ciudad.  No hay duda de que la solución es la habilitación de baños verdaderamente públicos a cargo del distrito, cosa que inexorablemente implica retos en materia presupuestal y social: ¿Cómo se garantiza el uso y mantenimiento apropiado de los baños? ¿Cómo se garantiza la seguridad al utilizarlos? estas, por ejemplo, son algunas preguntas que implican cargas sobre la administración, pero tales cargas son necesarias para la consecución de una sociedad verdaderamente democrática, en donde algo tan básico como la posibilidad de ir a un baño con dignidad no se le niegue a nadie.