Basta ya de posar con las víctimas de la Fuerza Pública I

Cansados de sentirse utilizados por el Estado, miembros de cinco organizaciones sociales de Bogotá que reúnen a víctimas de la Fuerza Pública, demandaron mayor respeto a su causa. ¡Basta ya! de ceremoniales pueriles y eventos donde sólo se les convoca para la fotografía oficial.

La semana pasada se realizó una reunión de víctimas de la Fuerza Pública en la Alta Consejería del Distrito. Un suceso normal si no fuese porque los asistentes exigieron respeto a las agencias del Estado responsables de atenderlos en su condición de víctimas del conflicto armado, principalmente aquellas instituidas en el sector Defensa.

Así quedó plasmado en un acta suscrita por integrantes de cinco organizaciones: Personas con Capacidades Distintas, Percadi; Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos, Acomides; Mil Víctimas; Fundehonor y Fuentes del sur. Una funcionaria de esta Consejería y otra del Concejo de Bogotá, estuvieron presentes.

La participación en el evento ‘Estaciones para la Reconciliación’ −organizado por esta Consejería como parte de los actos oficiales del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado− fue la gota que rebosó la copa. Según ellos, los situaron en la estación del Museo del Oro, lejos de la prensa, del foco de las cámaras y del evento central en la Plaza de Bolívar.

Si bien funcionarios de rango medio del ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares los acompañaron, ese día se sintieron más utilizados y solitarios que nunca. Tres días atrás habían sufrido otro desaire. Los convocaron al Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI), en el cantón militar de Puente Aranda, con la promesa de reunirse con el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Asistieron a la cita prevista para la tarde del viernes 13 de abril, convencidos de que por primera vez tendrían la oportunidad de sostener un diálogo franco y abierto con él. ¡No fue así! Aseguran que el único interés que perseguía el Ejercito, institución que les convocó, era publicitar el libro Los Miembros de la Fuerza Pública Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Lo curioso es que este trabajo académico ya había sido presentado siete días atrás en la Escuela de Ingenieros Militares, pero jamás les dijeron.

No es la primera vez que miembros de las organizaciones sociales que reclaman la calidad de víctimas de soldados y policías y sus familias, sienten que son convidados de piedra en los certámenes organizados para honrarlos. Verbigracia, el año pasado fueron objeto de bullying por parte de las víctimas del Estado y los organizadores de un evento que se celebró en la Plaza de Lourdes.

Lo cierto es que este maltrato sistemático se viene realizando bajo la mirada cómplice de algunos funcionarios del sector Defensa. Pero ¿cómo explicar esta improvisación estratégica para con las víctimas de la Fuerza Pública?  En primer lugar, el desinterés y la desidia de los funcionarios de alto nivel responsables del tema en este ministerio. Es tal el abandono, que afirman no tener siquiera claridad sobre la ruta para acceder a la Comisión de la Verdad.

También está el paupérrimo trabajo de otros funcionarios que, según afirman, deberían representarlos ante el Estado, pero no lo hacen. Es el caso de la coronel Martha Hernández, una oficial de la reserva activa del Ejército, quien, según parece, funge como enlace entre la Unidad para las Víctimas y el ministerio de Defensa.

De su crítica ni siquiera se salva Carlos Guillermo Ospina, único ex integrante de la Fuerza Pública que convenció al Comité de Escogencia para ocupar un solio en la Comisión de la Verdad. Este mayor retirado del Ejército, afirman, nunca les da la cara.

En una segunda entrega de esta columna contaré otros escabrosos detalles sobre el abandono sistemático del que son objeto las víctimas directas e indirectas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.