Atención a sobrevivientes de violencia sexual, un tema de salud pública

Desde el 2015, MSF proporciona atención integral a víctimas de violencia en diferentes zonas de Colombia; en el transcurso de este año hemos atendido 645 casos de violencia sexual en poblaciones con elevados índices de violencia. En el 90% de los casos atendidos las víctimas son mujeres. En el marco de esta intervención hemos encontrado que, en varios de los casos atendidos, las víctimas suelen no reconocer una agresión sexual como tal, ya que en ciertos ámbitos, la violencia y los abusos contra las mujeres y las niñas son aceptados o normalizados.

No solo es preocupante la especial vulnerabilidad de esta población frente a esta problemática, sino que es necesario garantizar un abordaje integral para las sobrevivientes dentro de las estructuras de salud pública, con el fin de que se agilicen las rutas de atención y se realicen actividades de promoción y prevención que sensibilicen a la población sobre la importancia de buscar ayuda inmediata.

Pacientes de MSF han manifestado que una las razones por las cuales no buscaron atención en las instituciones de salud del Estado es porque suele haber una estigmatización o revictimización hacia las víctimas. Existe también una falta de información sobre los servicios a los que tienen derecho y un desconocimiento sobre la necesidad de buscar atención integral.
 
Todos estos obstáculos contribuyen a que las sobrevivientes de violencia sexual opten por permanecer en silencio. Este testimonio de una de nuestras pacientes lo ejemplifica con claridad: “Recuerdo que era muy cariñosa con mis primos y primas, una tarde mi primo mayor estaba enfermo y me dijo que me le acostara al lado, me bajó la ropa interior, se me montó encima y luego quedé toda sucia, él me dijo que me levantara… me fui a limpiar, nunca le dije a nadie sobre eso que pasó… desde hace cuatro años me pasa eso con mi esposo; me obliga a tener relaciones”.

Existe además una dificultad en el acceso al tratamiento médico y psicológico de emergencia, el cual debe ser recibido dentro de las siguientes 72 horas a la violación sexual para prevenir la infección por VIH o embarazos no deseados y proteger a los pacientes contra otras enfermedades de transmisión sexual como hepatitis B y tétanos. En los centros de salud las personas encargadas de brindar la atención integral a las pacientes condicionan y relacionan la atención con la denuncia y no existe una certeza de que ésta sea considerada como urgencia médica.

Para quienes viven en contextos de violencia urbana y sufren las consecuencias del conflicto armado, los riesgos de sufrir una agresión sexual son mayores. La Unidad de Víctimas (UARIV) asegura que 70 delitos contra la libertad y la integridad sexual, cometidos en el transcurso de este año, estarían relacionados con el conflicto armado. Esta cifra podría representar la punta del iceberg si se toma en cuenta que los delitos sexuales en estos escenarios son los menos denunciados.

Frente a esta alarmante realidad a la que se enfrentan estas mujeres, insistimos en que la atención integral en salud física y mental de las sobrevivientes de violencia sexual sea considerada como una prioridad y un problema de salud pública, que tiene que atenderse oportuna e integralmente; ofreciendo el tratamiento y prevención integral, que incluya un abordaje en salud mental para los sobrevivientes, principalmente a los más vulnerables como las mujeres y las niñas.
 

*Por Juan Matías Gil, Jefe de Misión de Médicos Sin Fronteras en Colombia