Apología de la violencia en debates políticos

Por Kenneth Burbano Villamarin*.

Los gobernados tienen que presenciar y escuchar con frecuencia la utilización de un lenguaje procaz por parte algunos dirigentes políticos colombianos. Entre los ciudadanos cunde la vergüenza y el asombro por estas conductas que incitan a la violencia, que en nada contribuyen a la búsqueda de la reconciliación, que perennizan el odio, emulado por personas que enaltecen y reproducen esos deplorables comportamientos.   

Pareciese que se discurriera en los caminos explorados por Schopenhauer, fundador del pesimismo, entre el arte de tener razón y el arte de insultar.  El primero, que triunfen nuestras tesis al margen de su falsedad o su inconsistencia; y el segundo, como último recurso cuando todas las demás artes de la argumentación han fracasado. Pero en ciertos dirigentes de nuestro país se empieza por el extremo del insulto, confluyendo, como lo dice Volpi, respecto al autor en comento, en hacer ver una de las caras más atrabiliarias, fulminantes y políticamente incorrectas.

El espectáculo que día tras día ofrecen algunos “representantes del pueblo”  se utiliza como arma contra quienes piensan distinto. Sin miramiento se instrumentaliza a las víctimas, haciendo prevalecer el rencor y el afán de protagonismo mediático como señuelo para conseguir respaldo electoral en una comunidad fracturada. Si como dicen quienes trabajan en resolución alternativa de disputas, los conflictos no se eliminan, se abordan o se transforman, entonces se está escogiendo el camino equivocado. 

Tras un agudo conflicto armado que ha dejado muerte y dolor hay heridas que no sanan,  lo que se espera es justicia, que quienes cometieron crímenes paguen por ello, y más aún, cuando son crímenes contra la humanidad entendidos como aquellos que causan un gran daño, lesión o agravio a la persona; estos comportamientos de menosprecio, de degradación y ofensa a la dignidad no son excusables por ningún Estado. Por tanto, no puede haber perdón, ni impunidad, tal como se previó para la justicia transicional en Colombia. También hay derecho a saber la verdad ¿qué ocurrió? ¿por qué ocurrió? ¿quién lo hizo? esa verdad que la experiencia y la historia ha demostrado que no está en los anaqueles judiciales; pues los expedientes en muchos casos son un acervo de actuaciones rodeadas de tecnicismos jurídicos donde se desdibuja lo que realmente aconteció.

Lo pretendido es la verdad como contribución al esclarecimiento de los hechos, aquella alejada de las manipulaciones y las rivalidades políticas, una verdad enrarecida o a medias deja de serlo, se pierde y solo será más de lo mismo, un artilugio para conseguir adeptos que mediante la disuasión continúen con la barbarie del conflicto armado y social, porque aunque es contraproducente, esta situación de zozobra le permite obtener beneficios políticos a unos pocos. Desde otra perspectiva, toda esta campaña de desprestigio pareciese encaminada a evitar que se sepa la verdad, que quienes tienen la intención de contribuir con el esclarecimiento de los hechos no sean escuchados o que sus versiones sean anuladas, parece que hubiese miedo a la verdad. 

No es posible superar las diferencias y buscar la reconciliación si a lo primero que se apela es al insulto y la descalificación del otro; los procesos del habla y la escucha, así como la deliberación hacen parte de los medios utilizados por los seres racionales para comunicarse y construir consenso o tomar distancia en forma razonada.  Tampoco le hace bien a la nación que se agreda a la Jurisdicción Especial para la Paz o a sus miembros por discordancias partidistas o ideológicas; la JEP se creó bajo el Estado de derecho, ciertamente puede haber diferencias respecto a lo pactado y al componente de justicia transicional, pero es una realidad, está funcionando y miles de personas han acudido a ella; por tanto, se puede sumar esfuerzos y mediante la crítica constructiva vigilar para que cumpla cabalmente con su cometido u optar por sindicaciones carentes de rigor, valiéndose inclusive de acciones contrarias al ordenamiento jurídico para llamar la atención mediante el sensacionalismo, sin importar que se esté destruyendo un esfuerzo colectivo en el que está comprometida la esperanza, los sentimientos, de quienes buscan una opción en la reconstrucción de un país donde los antagonismos partidistas han sido la antípoda del entendimiento.  

El umbral hace rato se traspasó también las ofensas y las andanadas desde determinados sectores políticos se hicieron contra la Corte Constitucional, resulta absurdo que los jueces sean considerados independientes e imparciales si las decisiones son favorables a las pretensiones de un grupo de personas; pero, cuando establecen controles o son desfavorables al Gobierno y las colectividades que lo respaldan, esos jueces son censurables y venales. La Corte Constitucional es una de las instituciones más importantes creada por la Constitución de 1991, su aporte a la salvaguarda de la Constitución y su gran legado en materia de garantía de los derechos fundamentales especialmente de las minorías es innegable, como también su invaluable jurisprudencia en materia de conflicto armado y paz. 

Hay que hacer un gran pacto para proscribir los insultos y la agresión; bienvenidos los argumentos, el debate,  el  respeto a los jueces y el acatamiento de sus decisiones. Que primen los principios civilizadores.

*Director Observatorio Constitucional U. Libre