Antioquia, un referente para Colombia

Este es el departamento con mayor afectación por desplazamiento forzado en el país: 1.6 millones de personas, más de 450,000 tan sólo en Medellín.

Las distintas visiones de desarrollo, la debilidad de la presencia del Estado, la desconfianza en las autoridades y el desconocimiento del poder comunitario contribuyeron a que el conflicto armado tomara tanta fuerza y dejara tanto dolor a su paso. Hoy, existe la posibilidad de la construcción de paz y es una oportunidad para reconciliar esas visiones, para construir el desarrollo regional desde la horizontalidad, concibiendo en el centro el desarrollo local.

Antioquia es el departamento con mayor afectación por desplazamiento forzado en el país con 1.6 millones de personas, más de 450,000 tan sólo en Medellín. Tiene nueve subregiones diferentes, tanto geográfica como culturalmente, todas marcadas por distintos fenómenos asociados al conflicto armado. En la lógica del desplazamiento fueron zonas expulsoras y receptoras de familias que huyeron para proteger la vida. Sin embargo, todas tienen algo en común y es que han sabido hacer frente a la adversidad y proponer futuros diferentes al conflicto.

Antioquia tiene regiones que avanzan en caminos de reconciliación y desarrollo por medio de diversos programas y mecanismos. Vale la pena señalar, el uso que las comunidades del Oriente antioqueño le han dado a la memoria y a los procesos de atención psicosocial y cómo le han enseñado al país que es posible ver la cicatriz sin que duela tanto, y que la unión y el sentido de pertenencia al territorio pueden reconstruir pueblos enteros. Por otro lado, Medellín ha brindado apoyo técnico y financiero a los municipios mayormente afectados por el conflicto armado para fortalecer sus capacidades, superando obstáculos administrativos que en ocasiones impiden ver a la región en su conjunto. Mientras tanto, en Bello, con el apoyo del ACNUR, la Defensoría del Pueblo, y la Administración Municipal, se construyó la Casa de los Derechos en el centro de Granizal, un asentamiento urbano de 20,000 desplazados forzados, acercando la institucionalidad a las víctimas. Hoy, este proyecto también recibe apoyo de una fundación del dinámico y comprometido sector empresarial antioqueño.

Así como lo muestra su historia, Antioquia ha sabido reconocer los problemas para enfrentarlos con innovación y sentido de pertenencia al territorio. El Gobierno local, la sociedad civil, las comunidades y los organismos no gubernamentales han trabajado como equipo para salir adelante. En esta lógica, es un referente para Colombia. Por ejemplo, fue el primer departamento que hizo frente al desplazamiento forzado asimilándolo a un desastre natural incluyendo medidas de protección, generando así respuestas inmediatas a emergencias humanitarias como las que iniciaron a finales de los noventa.

El Gobierno local también ha reconocido el desplazamiento intra-urbano como un fenómeno que debe ser atendido, ante la necesidad de identificar nuevas formas de violencia urbana que amenazan la vida, libertad y seguridad de las comunidades urbanas, y que exponen a niños, niñas y jóvenes a riesgos de reclutamiento por grupos ilícitos. Sin embargo, también hay zonas que siguen debatiéndose en medio de la confrontación, como es el caso del Bajo Cauca y parte del Urabá. Zonas en las que hay una gran riqueza de recursos naturales que durante años han estado a merced de la dinámica del conflicto armado, como el agua, la madera y el oro.

De firmarse el Acuerdo de Paz, en el departamento habrá tres zonas veredales y un campamento para las FARC. En este marco de construcción de paz, a Antioquia se le imprime un nuevo reto, y es justamente reconciliar las visiones de desarrollo sobre principios de equidad en los territorios. Construir la paz exige contar con la experiencia de los gobiernos locales, y más aún, con las experiencias de las comunidades. Las comunidades antioqueñas, que han tenido que afrontar la presión de la violencia y la pobreza, son un referente de resistencia, creatividad y fuerza para plantear el desarrollo regional. Son esas comunidades que han vivido el conflicto, las que con mayor fuerza anhelan la paz, y la posibilidad de construir un presente y un fututo sin la presión de la guerra.

Son las víctimas y sus memorias de desplazamientos forzados masivos, reclutamiento forzado de menores, desapariciones, falsos positivos y destrucción de pueblos, que hoy se autodenominan sobrevivientes, con quienes se debe trabajar hombro con hombro en la reconstrucción de la confianza y con ello, la paz.

Desde 2000, el ACNUR ha estado presente en Antioquia y fue testigo de cómo los actores armados capitalizaron las ausencias estatales en las llamadas zonas rojas. Romper dicha estigmatización y favorecer la presencia Estatal en estas zonas debe ser la respuesta, ad portas de un momento histórico para la sociedad colombiana.

Hoy, el ACNUR Antioquia trabaja de la mano con las comunidades apoyando sus procesos de incidencia para el restablecimiento de sus derechos, con la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, las Alcaldías de Medellín, Bello, Ituango, entre otras, fortaleciendo sus capacidades de respuesta para la construcción de soluciones con las víctimas, así como con la sociedad civil y empresarial.

Para nosotros, éste es el camino a la paz y a la reconciliación.

*Escrito por Bertrand Blanc, Jefe de Oficina, Antioquía y Chocó ACNUR, y Joan Sebastian Diaz Parra, Coordinador de protección, Antioquía ACNUR.