Al gobernador de Antioquia solo le interesa una fotografía

Por Pedro Arenas*

El Plan Antioquia Libre de coca que comenzó el Gobernador, Luis Pérez, ahora incluye el uso de drones para fumigar –a dos y tres metros de altura–. Es presentado como una estrategia para erradicar más rápido los cultivos, los cuales llegaron en ese departamento a 13.681 hectáreas en 2017, según el SIMCI de la UNODC.

Ese gobernador, acompañado de militares y policías, hizo un show mediático en Medellín, para presentar esa una nueva técnica de fumigación, la cual, según dijo, no reemplaza lo que ya venía haciendo en materia de erradicación manual forzada. La idea se presentó como una acción para evitar el riesgo de los uniformados de caer en campos minados.

La fumigación planeada para los municipios de Valdivia, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Tarazá (en bajo Cauca), ya empezó y será parte de un pilotaje de 45 días. Según la Gobernación, se usan dos drones alquilados por un $1.2 millones al día que fumigan hasta tres hectáreas diarias. Según ‘las2orillas.co’, la empresa privada que se ganó este primer contrato es Fumi Drone S.A.S. que tiene dos años de experiencia, y está registrada en Villavicencio en cabeza de Eva Valderrama. Dice ese portal: “Aunque los contratos no son de gran valor, encabezar las pruebas les abre las puertas para ganarse otro contrato por $21.000 millones si el gobierno considera viable la fumigación con drones”.

Ese Plan es otra acción de fuerza, en la que policías y militares llegan a los territorios rurales donde por lo general no aparecen otras agencias del estado. El uso de drones es un método más de los muchos que ya se han aplicado en el país para hacer erradicación forzada con pésimos resultados. De hecho, el pilotaje se está aplicando a los municipios donde antes ya se hizo uso de la fuerza sin lograr una disminución sostenible de los cultivos. Según evidencia en campo en esas zonas la resiembra ha sido superior al 40% después de intensos operativos de destrucción de plantíos.

Aunque la Policía ponga el glifosato y la Gobernación pague los drones, los recursos para ello salen de los contribuyentes nacionales. Y ese dinero se usa de forma ineficiente. Los drones deben ser bajados a tierra constantemente, se debe cargar mucha agua, las operaciones son en medio de altas y empinadas montañas, las condiciones climáticas no son las mejores, y las de orden público tampoco. Se hace necesario un dispositivo de seguridad para cuidar a los técnicos de la empresa privada y a los drones mismos. Por ello, más que hablar de la técnica de fumigación debe plantearse es si la estrategia de erradicación forzada es el camino adecuado.

La seguridad de los agentes del estado y de las comunidades también deben situarse en la discusión. El 16 de octubre pasado fueron heridos policías y campesinos en dos hechos en Tarazá y Cáceres. En efecto, en esa región actúan grupos ilegales como el Clan del Golfo, los Brasileros y los Caparrapos, un sinnúmero de bandas, y las disidencias de los frentes 18 y 36 del proceso de paz con las Farc. Además, en esa región se han incrementado los ataques contra lideres sociales y la práctica de la extorsión a la luz del día tiene ahogados a los comerciantes, transportadores y comunidades.

Pero las fumigaciones no sirven contra el tráfico de drogas. De hecho, grandes cargamentos de cocaína salen por el Golfo de Urabá y los puertos del Caribe, tal como lo evidencia la mayoría de incautaciones del año anterior. Para cortar el suministro de materia prima tampoco sirve. A lo sumo, causan una perdida de ingreso temporal que afecta a los cultivadores campesinos, quienes aumentan su inconformidad con las instituciones cuando ven atacados sus cultivos pero sin que les ofrezcan oportunidades. Como ha constatado en terreno el Observatorio, los cultivos se trasladan de un lado para otro afectado en mayor medida los bosques existentes. Pero las fumigaciones si le otorgan a las disidencias el chance de recuperar una base social en el campesinado que ha querido ser incluida en la sustitución voluntaria.

Por último, los campesinos están alistándose para protestas que significaran un aumento de las desconfianzas de la comunidad con las autoridades. Como se sabe, el proceso de paz no se aprovechó para que el Estado llegara a esos territorios y los espacios vacíos fueron llenados. Ahora el gobernador, quien fue un duro crítico del acuerdo de paz, cree que con la llegada de tropas los cultivos caerán y que su plan tendrá éxito. El reciente Informe Sombra del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas –IDPC- muestra que ese tipo de programas han culminado en fracaso en el mediano y largo plazo.

Según Naciones Unidas, 9.312 familias se vincularon a sustitución de cultivos y cumplieron con arrancar 5.055 hectáreas el año anterior. Ese esfuerzo hay que sostenerlo y cumplirle a quienes creyeron en el Estado. Sin embargo, el Plan Antioquia meterá fuerza a los municipios vecinos y conllevará presión para el traslado de cultivos poniendo en peligro lo avanzado en Briceño, único municipio del país que puede decir que está libre de coca, pero gracias al compromiso de la comunidad y no necesariamente al apoyo de la Gobernación.

Al gobernador solo le interesa una fotografía y una cifra de una temporal reducción, nada sostenible. El desarrollo rural no le importa. Solo le afana mostrarse ante los Estados Unidos como un buen muchacho erradicador, quizá en aras de una campaña presidencial que quiere hacer.

*Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos OCCDI GLOBAL