Acosador laboral ascendido en la Defensoría del Pueblo

Indignación es lo menos que puede generar que el abogado Gustavo Eduardo González Carreño, al frente de la Regional Bogotá y acusado de acosador laboral, fue promocionado a un cargo más alto en la Defensoría del Pueblo. 

En la página web de la Defensoría del Pueblo encontré las etiquetas #El VerdaderoPoder y #RomperEl Silencio y eso es lo que está haciendo un grupo de mujeres de esa entidad cuya misión es la defensa de los derechos humanos. Según sus denuncias el tema está en el mero discurso porque el abogado Gustavo Eduardo González Carreño, al frente de la Regional Bogotá y acusado de acosador, fue promocionado a cargo más alto el 28 de marzo.

Las abogadas Luisa Fernanda Bernal y Sandra Paola Ortíz, junto con Adelina Garcés, Alexandra Malagón y Lida Isabel Bonilla padecen trastorno mixto de ansiedad, depresión y fibromialgia debido a las asfixiantes condiciones laborales que se condensaron en un acoso laboral. Según ellas todo con el objetivo de que después de tres “disciplinarios”  puedan ser expulsadas por insubsistencia para que su puesto quede libre y así cumplir compromisos de o para campaña electoral. ¿Qué más habrá detrás?

El rosario de hechos que destacan las  profesionales administrativas y coordinadoras de la Defensoría, Sandra Paola Ortíz y Luisa Fernanda Bernal, están registrados en cartas, derechos de petición, quejas, tutelas, algunas dirigidas al Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret. Denuncias que no han tenido un solo pronunciamiento del Defensor. 

Esta es la carta de presentación que hacen las funcionarias del que hasta hace unos días fue el Defensor del Pueblo Regional Bogotá: “Cambió los puestos de desempeño laboral por capricho, actitud más acentuada con las mujeres; la comunicación con la gente que trabajaba la hizo con memorandos. En un año no realizó ni una reunión”.

González Carreño "pidió a la gente que no le caía bien; negó horas de trabajo para liberar en diciembre; retardó hasta 15 días el trabajo de todo su equipo porque no leía los documentos a tiempo” por lo tanto no los firmaba, hecho grave cuando se trata de promocionar, ejercer y divulgar los derechos humanos en su ejercicio de defensoría pública.

El jefe de la Regional Bogotá hasta el 27 de marzo: “no respondió con su función cuando algún coordinador estaba incapacitado, solo abría un disciplinario”, tiene más de 10 quejas de acoso laboral en la Procuraduría porque no hubo conciliación en el Comité de Convivencia Laboral. Luisa Fernanda no lo hizo por “dignidad como funcionaria y abogada”.

Para las jóvenes abogadas se está desdibujando la institución por el tipo de contratos, se reduce el perfil profesional en detrimento de los derechos humanos y la pregunta es ¿por qué no se investigan estos hechos cuando se han denunciado con abundante documentación? ¿Silencio cómplice?

Un caso que deja muy mal parada a la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá fue el uso de bolas de ping- pong para hacer los cambios de Coordinador de Unidad en 2018. No hizo ningún análisis, no escuchó a funcionarias con experiencia y, pese a que enviaron cartas de solicitud para la intervención del Director Nacional de Defensoría Pública, no hubo respuesta. 

Del acoso en Bogotá solo queda Luisa Fernanda que ha sido víctima de estigmatización con el trato de “guerrillera”. Ella entró por concurso hace 16 años y él buscó dañarle su buen nombre. “Es terrible tener que trabajar y estar defendiéndose. Es una presión muy fuerte”. #El VerdaderoPoder #RomperElSilencio así no sea un eslogan publicitado por la convicción de los defensores del pueblo, si caló hondo en mujeres víctimas de acoso laboral envuelto en hojas de machismo.

“Aprovechó el ejercicio de su cargo para difundir sus creencias religiosas, leyendo a Jeremías y con actitudes desafiantes y machistas desautorizó a Luisa Fernanda, jefa inmediata de su protegido, que pese a que no realizó con profesionalismo su trabajo y no presentó informes exigió el pago saltando el cauce correspondiente”. Un acto más que muestra a la Defensoría del Pueblo en Bogotá como una finca y no como una institución defensora de los Derechos Humanos. ¿Acaso buscan enterrarla?

La arbitrariedad campea en esta conquista de la Constitución de 1991 que deslegitima lo que aún queda de Estado Social de Derecho, nada comunista, nada socialista, nada diferente al concepto liberal.

Colofón: El acoso laboral se premia: González Carreño es hoy Asesor en la Alta Dirección del Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret. ¿Habrá debido proceso para las denunciantes?  ¿Dónde queda la moral? ¿Dónde la dignidad? Larga vida al Estado Social de Derecho. Amén.

Nota:  Este artículo tiene como fuente la entrevista a Luisa Fernanda Bernal y Sandra Paola Ortiz y una serie de documentos que lo sustentan. A Sandra Paola le abrieron un "disciplinario" este 8 de abril.