Especial de los nueve años de la masacre

“Vamos a La Habana si las Farc cuentan la verdad y piden perdón”: familias de diputados del Valle

En una declaración que leerán este sábado en la Asamblea del Valle, familiares de los 11 diputados asesinados el 18 de junio de 2007 condicionan su presencia en la mesa de negociación.

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Los once diputados fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 y asesinados el 18 de junio de 2007.
/Cortesía.

En el estado del WhatsApp de Fabiola Perdomo aún está presente el recuerdo de su esposo, Juan Carlos Narváez, secuestrado por las Farc el 11 de abril de 2002 junto con sus 11 compañeros diputados que debatían en la Asamblea del Valle del Cauca el presupuesto de la región. “La muerte no es la muerte si permaneces en nuestros recuerdos”, se lee. Han pasado nueve años desde el fatídico día en que murieron 11 de ellos y el olvido no está presente en ninguno de los familiares. Madres, hijos, esposas y hermanos los recuerdan con las últimas pruebas de supervivencia en las que salían agobiados, pero clamando por el “acuerdo humanitario” que permitiera devolverles la libertad.

“Quiero hacerle un llamado al señor presidente Uribe y al Secretariado de las Farc para que muestren su voluntad con un sincero diálogo y así lograr el acuerdo humanitario, máxime cuando hay suboficiales, oficiales y civiles en abominable cautiverio, en total olvido e indolencia por el país nacional”, leía entonces Carlos Alberto Charry, desde las montañas de Colombia.

Los cuerpos llegaron a Medicina Legal de Cali en unas bolsas blancas y selladas, a principios de septiembre de 2007, casi un mes después del anuncio de la guerrilla, el 18 de junio, informando que “11 de los diputados que retuvimos en 2002 habían muerto en medio del fuego cruzado con un grupo militar sin identificar hasta el momento”.

“Nunca perdí la esperanza de reencontrarme con él. Teníamos una maleta lista con su ropa. Al segundo día de que la guerrilla se lo llevó, nos dijeron eso: ‘Ténganla lista para salir corriendo a recogerlo cuando lo liberen’. Tenía 21 años cuando me lo entregaron muerto”, rememora Carolina Charry, la hija mayor de Carlos Alberto Charry.

Este sábado, en el recinto de sesiones de la Asamblea del Valle, los familiares de los diputados vestirán de blanco, en apoyo al proceso de paz y a la no repetición de los hechos, y el diputado Carlos Alberto Orozco, hermano del asambleísta asesinado Nacianceno Orozco, leerá un documento en el que les exigirán a las Farc y al Gobierno la verdad absoluta de lo que pasó. “Ad portas de la firma del acuerdo de paz, que va a ser realidad, necesitamos que la guerrilla nos diga qué pasó ese 18 de junio (…) ellos han expresado que su propósito es pedir perdón y decir la verdad. Si eso es así, viajaríamos a La Habana a escuchar su versión, pero si no, a nada tendríamos que ir allá”, dice.

Y es que, nueve años después, las versiones oficiales siguen siendo confusas para los familiares, pues a pesar de que tienen la certeza de que no murieron en un fuego cruzado, como dijeron las Farc inicialmente, quieren saber cómo y quiénes fueron los responsables directos. “Aún está el sinsabor del canje o acuerdo humanitario que nunca se dio”, relata uno de los familiares.

La Comisión Internacional Forense liderada por la OEA para investigar las causas del deceso señaló que “todas las muertes fueron resultado de múltiples heridas de bala. En la mayoría de los casos (las trayectorias de los disparos) vienen de diferentes direcciones. En nueve de ellos, los disparos fatales son en el pecho y/o abdomen. En dos, en la cabeza con evidencias de disparos de corta distancia”, expresó en septiembre de 2007 el forense James Young en una sesión especial de la OEA. En el informe quedó claro que determinar quiénes fueron los responsables era especulación.

Luego, tras la llegada de miembros del CTI al sitio donde fueron dejados los cuerpos, la Fiscalía concluyó que “la autoría del múltiple homicidio es responsabilidad absoluta de las Farc”, según el entonces fiscal Mario Iguarán.

Son muchas versiones para una sola verdad: la que exigen hoy las víctimas de parte del Secretariado de las Farc. El diputado Orozco, vicepresidente de la Comisión de Paz de la Asamblea, expresa que quisiera escuchar esa verdad y esa petición de perdón de boca de Pablo Catatumbo. “Entiendo que es uno de los principales actores en La Habana y que planeó el secuestro. Además, quiero el perdón de todo el Secretariado, porque ellos son los responsables de lo que pasó en cada parte del país”.

Del proceso judicial lo único que se conoce es que, luego de que el fiscal Eduardo Montealegre se diera cuenta de que el fiscal encargado de llevar el caso, Pablo César García, estaba involucrando a testigos falsos, designó a Gilberto Guerrero, fiscal décimo delegado ante el Tribunal Superior de Cali, quien tomó la decisión de absolver a Sigifredo López, único diputado sobreviviente, acusado confusamente de la masacre. El expediente tiene más de 50 cuadernillos, cada uno con más de 300 folios. “La responsabilidad es clara: la orden del secuestro la dio el Secretariado de las Farc”, dice Élmer Montaña, abogado de López.

El único comandante de las Farc capturado por el plagio es Gustavo Arbeláez Carbona, alias Santiago Anaya. “Él fue el que comandó la toma a la Asamblea y estuvo allá metido. En este momento está pagando cárcel en Cómbita”, agrega Montaña. Y el único comandante condenado por el asesinato es Orlando Burbano, alias Mico, quien ultimó a Juan Carlos Narváez, el presidente de la Asamblea y esposo de Fabiola Perdomo, la mujer que sigue liderando la cruzada del perdón, pero con verdad.