Reunión con delegados del Gobierno y las Farc duró dos días

“Nos preocupan los indígenas que estaban en las Farc”

Luis Fernando Arias, uno de los líderes indígenas que fueron a La Habana, habla de las propuestas que plantearon sobre el proceso.

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Luis Fernando Arias Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
/ Andrés Torres - El Espectador

El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC), Luis Fernando Arias, habló con El Espectador sobre las iniciativas y dudas planteadas en la mesa de negociaciones en La Habana por parte de las organizaciones indígenas.

Según cuenta Arias, allá llegaron impulsados por las movilizaciones nacionales de principios de junio pasado, que resultaron ser una especie de trampolín para que las comunidades indígenas expusieran sus opiniones a los negociadores del Gobierno y las Farc en Cuba. Esas movilizaciones, señala Arias, fueron el resultado de los incumplimientos a los acuerdos pactados tres años atrás, cuando se dio el paro agrario que el presidente Juan Manuel Santos negó.

¿Hubo disposición por parte del Gobierno y de las Farc para atender las inquietudes y sugerencias de ustedes?

La recepción de ambas delegaciones fue positiva. Nos explicaron los mecanismos que se han propuesto para poner en marcha los puntos acordados en La Habana. El movimiento indígena colombiano pudo hacer sus propuestas de orden político y estructural, que, a fin de cuentas, es lo que nos interesa. Ahora hay que esperar el final de este ciclo de conversaciones en Cuba para ver qué debatieron ellos como mesa y escuchar las conclusiones y propuestas. También acordamos reuniones bilaterales, con cada delegación por aparte, para revisar cada detalle de los temas que planteamos. Estos encuentros está previsto que se hagan entre el 7 y el 12 de julio.

¿Los espacios que se les ha dado a las organizaciones indígenas para que sean escuchadas en la mesa de La Habana han sido suficientes?

Lo primero que dijimos a las dos delegaciones es que lamentamos que no se hubiesen creado otros espacios antes. Ahora, por presiones nacionales e internacionales, y en el ocaso de las conversaciones, es que hemos podido entrar en la discusión. Fuimos hasta la Casa Blanca a hablar con John Kerry, la bancada afro y parte del equipo presidencial, mientras el presidente Obama se encontraba en Cuba sellando el restablecimiento de relaciones con el gobierno castrista, para que desde el Estado norteamericano solicitaran a la mesa nuestra participación.

¿No hubiera sido más conveniente participar desde el inicio?

Lo mejor hubiera sido que los espacios de diálogo se generaran desde el principio y desde ese momento haberles dado un enfoque más étnico, territorial y cultural. Sin embargo, creemos que nunca es tarde. Las circunstancias nos llevaron a que fuera en este momento y tenemos que mirar cómo incorporar nuestras perspectivas. Hacer un proceso de paz incluyendo a los indígenas y a los afros —principales víctimas del conflicto— hará que el acuerdo sea más completo y goce de mayor legitimidad.

¿La minga nacional que convocaron a inicios de junio sirvió para que se les diera espacios de diálogo en La Habana?

Dos días después de haber iniciado las marchas recibimos el anuncio por parte del Gobierno de que tendríamos la oportunidad de intervenir en las conversaciones de paz. Claramente, una de las motivaciones por las que salimos a protestar era la falta de participación de los grupos étnicos en los diálogos. Quizás el Gobierno usó esto para menguar la fuerza popular de la minga, pero nos mantuvimos firmes hasta solucionar los otros problemas que generaron la movilización.
 
Antes de viajar a La Habana, ustedes dijeron que tenían dudas en el tema de tierras. ¿Cuáles eran esos interrogantes y qué propusieron para solucionarlos?

No sabemos cómo serán impactadas positivamente las comunidades indígenas en el primer punto, que compete a todo lo relacionado con la tierra. Hay muchos vacíos en cuanto a la restitución de territorios étnicos que fueron utilizados para las economías ilícitas donde las Farc tienen influencia. Hay poblaciones indígenas que han sido desplazadas a raíz de esto. Lo que queremos es que, antes de que se dé la discusión sobre cómo sustituir la mata de coca por otros cultivos, nos devuelvan nuestras tierras. Esto es un tema crucial para la ONIC. Tuvimos la oportunidad de reclamarle al Gobierno sobre la vehemente protección que ha hecho con la propiedad privada, pero cuando se trata de la propiedad colectiva se queda callado.

¿En el punto de víctimas hicieron planteamientos?

Lo que más nos piden nuestras comunidades es que se exija la verdad. Conocer quiénes fueron los responsables de los más de 5.000 asesinatos de indígenas por parte de paramilitares, guerrillas y miembros de la Fuerza Pública en los últimos 50 años. Asimismo planteamos que en la Jurisdicción Especial para la Paz sólo existían unas amnistías para quienes cometieron crímenes en medio del conflicto armado y son juzgados por la justicia ordinaria. Pero con respecto a quienes han sido juzgados por las jurisdicciones especiales, como la indígena, no se sabe nada de cómo se va a proceder. En el momento en que se construyó la justicia transicional era para que nos hubieran convocado. El gobierno colombiano piensa que puede saltarse la Constitución y menospreciar la justicia indígena. En el caso de los desplazados, nosotros manejamos la cifra de 120.000 indígenas, mientras que el Gobierno dice que son 50.000.

¿Qué propuestas hubo por parte de los líderes indígenas sobre el punto de terminación del conflicto?

Nos preocupa la situación de los indígenas excombatientes de las Farc. No hay claridad frente a lo que va ser su reincorporación. Nosotros planteamos que estos jóvenes tengan un plan de formación integral, en términos organizativos, políticos, sociales y culturales, para que se puedan integrar de nuevo a nuestra comunidad. Ellos vienen con ideas de esta guerrilla, que no son afines a nuestro proyecto político indígena. Nuestro interés es que se acoplen con nuestro ideario y no exista confrontación.

¿Qué se habló respecto a los territorios indígenas minados?

Nos llama la atención que no haya protocolos claros para desminar nuestros territorios. En Colombia existen dos experiencias sobre desminado en territorios campesinos, pero cuando se trata de zonas de comunidades aborígenes, los procedimientos tienen que cambiar porque existen autoridades y procesos distintos. Que se involucre a nuestras comunidades es importante porque ellos han identificado los territorios minados. En Nariño, Alto de San Jorge (Córdoba), Cauca, Antioquia, Chocó y Guaviare se han registrado miembros que han sido víctimas de las minas. Planteamos que estos procedimientos sean de carácter civil y humanitario. Incluso hemos mantenido diálogos con la organización civil Ayuda Popular Noruega (APN). Ellos nos comentaron que en su plan se está priorizando algunas regiones del país donde hay mayor concentración de estos artefactos. Nosotros brindamos información de las tierras indígenas que están minadas y que coinciden con su metodología.

¿Cuáles son las principales amenazas para los diálogos de paz?

Los grupos paramilitares, sin duda alguna. En departamentos como Chocó y Antioquia han vuelto a aparecer estos grupos armados. Hace dos meses en Riosucio (Chocó) reportamos la presencia de mil paramilitares en el municipio. Se enfrentan con las guerrillas y ponen en riesgo a las poblaciones. Hay que reconocer el esfuerzo por parte del Estado para combatirlos y creo que a futuro esa arremetida se tiene que profundizar. Estos grupos nos son sólo una cuestión militar, también lo es de orden político. Si hay discursos en nuestra sociedad que los avalan, se mantendrán vigentes.