Los retos de un desmovilizado para reintegrarse a la sociedad dependen de él mismo. La voluntad de salir adelante, de conseguir un empleo y de estudiar van acompañadas de las herramientas que la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) le ofrece. Sin embargo, existe un reto mayor, y es que las entidades estatales y la sociedad se encarguen de crear estrategias para derrumbar las barreras de la marginación.
No se trata de hacer procesos de posconflicto, sino que, según explicaron funcionarios de la ACR y la Gobernación de Antioquia –entidad que dio el primer paso para crear el plan Preparémonos Para la Paz (PPP) hace tres años–, el objetivo es preparar el terreno para estar listos al momento de la firma. Acudieron a distintas entidades, como la Fundación Berghof y el Instituto Für Auslandsbeziehungen, y bajo el liderazgo de la Gobernación se empezó un trabajo que bien sería el broche de oro para un proceso de reintegración que logre realizar un desmovilizado.
La posibilidad de educar a la sociedad para que abra las puertas al diálogo y la reconstrucción de tejidos sociales es la forma de eliminar el rencor y la estigmatización. El primer paso fue entonces “reconocer el campo de trabajo que implica un posconflicto, porque no es lo mismo un posconflicto en Sudáfrica o Centroamérica que en Colombia. Cada realidad demanda una lectura y una respuesta distintas. No existe una cartilla que diga cómo se construye paz”, advirtió Iván Marulanda, asesor de paz de la Gobernación de Antioquia.
“Tenemos que entender como sociedad que cabemos todos juntos, que queremos hacer procesos de reintegración incluyentes y colaborativos que involucren a la comunidad. Las desmovilizaciones se han dado día a día: desde 2003 hemos desmovilizado 57 mil personas, a Antioquia han retornado cerca de 11.700 a los territorios. El tema no va a ser fácil si las comunidades y autoridades no se preparan para que los excombatientes se reintegren de una manera sostenible en la legalidad”, manifestó a su vez el director de la ACR en Antioquia, Juan Fernando Vélez.
Por eso la proclama es que los gobernadores y alcaldes tienen que entender que ellos serán quienes construyan políticas públicas o no habrá una institucionalidad preparada. Entre otras preocupaciones, la ACR espera corregir los errores que se presentaron en la desmovilización de las autodefensas, cuando se creyó que la construcción de paz era una matriz igual y se desconocieron los contextos de violencia de cada comunidad, el grado de victimización y el tipo de victimarios de la zona, lo que generó rechazo de la sociedad y discriminación contra los desmovilizados.
“Construir paz es aprender a vivir de otra manera, sin violencia y en democracia. Cuando se dio la noticia de las negociaciones de paz en agosto de 2012, el gobernador Sergio Fajardo manifestó: “Mientras el Gobierno negocie el cese al fuego en La Habana, nosotros en Antioquia vamos a trabajar por prepararnos para la paz, porque la paz es en los territorios, y cuando se firme el cese al fuego queremos estar listos en los territorios para la paz y llevar convivencia a las comunidades”. Esa tarea nos corresponde a quienes tenemos responsabilidades de gobierno en los territorios, gobernadores y alcaldes”, precisó Marulanda.
Preparémonos Para la Paz (PPP) comenzó con un plan piloto en la población de El Bagre (Antioquia), en distintas veredas que fueron azotadas por la violencia. Se dividió el trabajo en siete líneas de acción: memoria colectiva, reparación del tejido social, desarrollo de una cultura democrática, construcción de un proyecto de sostenibilidad económica y de sostenibilidad ambiental, desminado y reintegración de desmovilizados. “Nosotros como agencia queremos dar un impulso muy fuerte, ojalá el tema de “Preparémonos Para la Paz” lo copien las otras 31 gobernaciones y en muchos de los municipios de Antioquia y Colombia”, indicó Vélez.
El director de la ACR en Antioquia sostuvo que la entidad trabaja especialmente en la línea de reintegración comunitaria, ya que su conocimiento más valioso es en la creación de política pública comunitaria.” Además, ayudamos en la formulación y el pilotaje en el territorio de otras tres líneas (memoria colectiva, desminado humanitario y desarrollo de la democracia). Las políticas públicas son orgánicas y deben ir desde lo nacional hasta lo más local para que funcionen en el tiempo”, agregó. Estas acciones se adelantaron durante 2015 en el proyecto piloto que duró seis meses. De ahí salió un informe en el que la población admitía que empezaron a entender “cómo vivir con el vecino”.
“Ellos quedaron muy contentos porque se sintieron parte de unos temas de agenda pública en los cuales ellos no se sentían incluidos”, aseguró Vélez. En un video en el que muestran los resultados en la población de El Bagre, uno de sus habitantes, José Ramos, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel, dijo que ya estaban preparados para la paz tras 50 años de guerra: “Estamos cansados. Queremos vivir para dormir en tranquilidad y paz. Esta guerra no nos ha permitido vivir una vida que nos merecemos como colombianos. Nos da a entender cómo convivir con el vecino”.
La comunidad promovió iniciativas para mejorar las condiciones de vida y la construcción de pactos de convivencia y así resolver los conflictos. “La responsabilidad de los gobiernos nacional, regional y local consiste en alistar los programas que permitan hacer la transición de la guerra a la paz. Estos programas, según se concluye de las tareas adelantadas en Antioquia, deben adaptarse a las circunstancias y realidades históricas, sociales, culturales, económicas y políticas de cada lugar y de cada comunidad”, es una de las conclusiones del informe de la Gobernación de Antioquia, de la ACR y de las dos organizaciones extranjeras.
“Hay que decirle al país: la construcción de paz es una tarea compleja en la medida en la que cada comunidad necesita un programa para su propia realidad. Antioquia tiene inscritos en el Registro Único de Víctimas un millón y medio de víctimas. Va a demorar 20 años o incluso varias generaciones, porque el daño que hay en el tejido social es enorme y la reparación tomará muchísimo tiempo y exigirá muchos recursos, pero con total seguridad, es mucho menos que el costo de la guerra”, concluyó el asesor de Paz, Iván Marulanda.