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¿En qué sistema de justicia podrían caber 52 años de guerra y un sinnúmero de crímenes atroces que incluyen secuestros, masacres, extorsiones y civiles ejecutados a sangre fría y presentados como muertos en combate? Ese es el gran interrogante al que se enfrenta este año Colombia, su sociedad y su Congreso, el cual entrará a debatir este 16 de enero el punto del Acuerdo Final que, inevitablemente, más remueve heridas: el del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.
En este primer semestre de 2017, si las cosas salen según los cálculos políticos, la Constitución del 91 tendrá un nuevo “título de disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado”. El proyecto para modificar la Carta Política llegó a la Cámara de Representantes el lunes 19 de diciembre; lo enviaron los ministerios de Justicia y del Interior. Se trata de un proyecto trascendental: con él se calibrará el pulso entre paz y justicia que ha estado presente desde el día uno de las conversaciones en La Habana.
“Como la mayoría de los acuerdos de paz negociados, el de Colombia es incompleto e implica compromisos desagradables. Pero la alternativa es peor”, señaló el 24 de diciembre la revista británica The Economist cuando eligió a Colombia como su “país del año” por ser el que más había mostrado avances. En esa breve editorial, el reputado medio puso el dedo en la herida de la justicia con una frase: “Si los electores quieren arriesgarse a volver a la guerra, pueden votar en 2018 por un candidato presidencial que prometa penas más severas para los jefes de las Farc”.
Es bastante previsible que en la carrera por la Presidencia que se correrá en 2018, el tema de los castigos a los guerrilleros, especialmente al secretariado, sea el caballito de batalla de varias campañas. Se ventilará, quizá, la promesa de reversar la pena máxima de ocho años acordada en el proceso de paz para guerrilla y agentes del Estado que reconozcan sus actos. De ahí la importancia de lo que este año se discutirá en el Congreso. Los reflectores caerán, sin duda, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es donde se decidirá quién es sancionado o indultado y cómo.
No será nada fácil. En los archivos de la JEP —que se supone funcionará por 15 años— se acumulará todo el dolor de cinco décadas de violencia. Las Farc se tomaron una capital (Mitú); fueron responsables de 37 % de los secuestros en el país y, junto con otras guerrillas, de casi 4.000 asesinatos selectivos y más de 300 masacres (cifras del Centro de Memoria); dejaron, en culpa compartida con los paramilitares, a una humilde iglesia chocoana sin techo y sin un Cristo que protegiera a quienes habían buscado allí refugio. La lista sigue y sigue.
El dolor provocado por agentes del Estado también terminará en la JEP. Esclarecer su participación en crímenes que deriven de la guerra, sin embargo, será una tarea colosal, pues son demasiados los intereses del poder en juego. El mejor ejemplo de esta complejidad es el caso Jaime Garzón: la Fiscalía —que lo declaró de lesa humanidad el año pasado— indicó que militares y funcionarios se habían aliado con paramilitares para ejecutar al periodista y humorista por considerarlo “enemigo interno” en las altas esferas del poder. Han pasado 17 años de su magnicidio y hasta hoy no hay ni un solo condenado.
Aunque este proyecto de reforma constitucional da vida de inmediato a la Jurisdicción Especial para la Paz, este año igualmente se presentarán los proyectos de ley para reglamentar en detalle la JEP y los otros dos componentes claves del Sistema Integral. Uno es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya necesidad de que exista se explica fácilmente con una de las cifras más dolorosas que ha difundido el Centro de Memoria: en el país, desde 1970, más de 60.000 personas han sido desaparecidas forzosamente.
Según Pablo Cala, miembro del Colectivo Orlando Fals Borda (que ha trabajado con la mesa de negociaciones en afinar los mecanismos para hallar personas desaparecidas o sus restos), son varios los retos que deberá abordar la Unidad de Búsqueda. Para empezar, establecer “quiénes son y cuántos son los desaparecidos y de ellos cuáles corresponden a personas desaparecidas en razón del conflicto o por otras causas”; luego, buscarlos —que no es donde más ha fallado el Estado—; después, localizarlos y exhumarlos; identificarlos y, por último, entregarlos a sus familias.
El segundo componente es la Comisión de la Verdad que, como reitera el proyecto de reforma constitucional que ya está en la Cámara de Representantes, se trata de un organismo “temporal y de carácter extra-judicial”. En otras palabras, la información que allí se recopile no catapultará investigaciones penales o disciplinarias, sino que, se supone, está para satisfacer el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad. Alguna verdad.
La Comisión, la Unidad de Búsqueda y la JEP, dice el documento que discutirá el Congreso a partir de este 16 de enero, son las medidas de justicia transicional que, aspira el Gobierno, facilitarán “el logro de una paz estable y duradera”. Son, sobre todo, los espacios a los que acudirán las víctimas con sus historias de hijos, hermanos o esposos perdidos, agredidos, ultrajados; a los que recurrirán los victimarios que quizá quieran ayudar a quienes antes les destrozaron la vida o que tal vez solo quieren beneficios personales. En el pulso entre la paz y la justicia, el telón no cae todavía.