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Desde hace un año, la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene una tarea especial: elaborar el primer informe sobre las graves y masivas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por causa y con ocasión del conflicto armado. Ayer, en la entrega de este documento a los magistrados, se oficializó la apertura de puertas al público de la sede, ubicada en la carrera Séptima con calle 63 en Bogotá.
El primer informe contiene las 7.916 actas de compromiso de quienes buscan acceder a este tipo de justicia, entre los que se encuentran exmiembros de la antigua guerrilla de las Farc, miembros de la Fuerza Pública —que expresó este miércoles su respaldo a la JEP— y agentes del Estado civiles. Además hace una caracterización de las víctimas: 8.883 por las Farc y 2.926 por la Fuerza Pública.
En ese sentido, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, explicó que este primer informe fue entregado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la puerta de entrada del sistema de justicia. Pero este documento no será el único. Las entidades del Estado, así como las organizaciones de víctimas, preparan información que detalla hechos relacionados con el conflicto y que ocasionaron graves vulneraciones de derechos.
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“La Fiscalía, por ejemplo, nos dice que tiene aproximadamente 25 informes descriptivos, y dos de ellos serán remitidos muy pronto. Ellos nos van a facilitar el acceso a su información sobre procesos completos. Sé que la Contraloría General diseñó la Unidad de Posconflicto, que está trabajando en la elaboración de otro informe. Vendrán otros de la jurisdicción penal militar, de la jurisdicción ordinaria, pero también de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Con certeza, sé que están avanzados”.
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Con base en esta información, la tarea de la JEP estará concentrada en las rendiciones de cuentas de los máximos responsables por los hechos más graves y representativos del conflicto. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que analizará la información, se encargará de contrastar los informes, llamará a audiencias y evaluará si hay verdad y reconocimiento. “Nos apoyamos en dos pilares: los informes del Estado y los de la sociedad civil organizada. Este último es el mecanismo central de la participación de las víctimas”, indicó Patricia Lemaitre, presidenta de la Sala.
Finalmente, Linares insistió en que la JEP “no es un tribunal de impunidad” y recordó que la piedra angular será la justicia restaurativa, enfocada en recuperar el tejido social que destruyó la guerra. “Esa dimensión supone que la víctima, por ejemplo, debe conocer la verdad de lo que pasó, quién cometió las infracciones y por qué; que contribuya a la reparación”, indicó la presidenta de la JEP.