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Desde 2008 la Fiscalía General ha priorizado acciones para buscar, identificar y entregar cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Dentro de los más de 3.400 cuerpos que están en manos de la Fiscalía sin identificar, 1.560 corresponden a colombianos que murieron en medio de la guerra librada durante más de medio siglo en el país y que nunca fueron reportados como desaparecidos por sus familias.
En la Fiscalía se ha iniciado una cruzada por lograr entregar los miles de cuerpos que fueron enterrados como no identificados. El director de la Unidad Nacional de Justicia Transicional, Carlos Fidel Villamil, convocó a los familiares que nunca volvieron a saber de sus seres queridos para que se presenten ante la institución y puedan conocer si su familiar murió en medio del conflicto. El objetivo es que aporten muestras genéticas de laboratorio, fotos e historias clínicas para permitir la plena identificación de los restos encontrados.
Parte de estos cuerpos, que han sido hallados en el marco de la estrategia que se acordó en La Habana (Cuba) entre las Farc y el Gobierno para avanzar en la búsqueda de desaparecidos, fueron exhumados en diferentes zonas del país. La mayoría en Antioquia, los Llanos Orientales y las regiones del Caribe, que corresponden a víctimas que fueron reportadas como desaparecidas y asesinadas durante el lapso de 1996 a 2006.
Sin embargo, Villamil hizo énfasis en que la convocatoria no se restringe a estas zonas, sino que es a nivel nacional, porque muchos de estos cuerpos pueden ser de personas que fueron desaparecidas en múltiples regiones colombianas. “Una cosa es dónde desapareció la persona y otra dónde se encuentra el cuerpo. Tenemos un caso de un cuerpo encontrado en Antioquia, pero que era caqueteño y su familia actualmente reside en Santander”.
Además, se han hecho exhumaciones en varios cementerios del país. En febrero del año pasado las autoridades recuperaron en Bocas de Satinga (ubicado en el municipio Olaya Herrera, de Nariño) 62 cuerpos de víctimas del paramilitarismo que murieron entre 2002 y 2005. De este grupo ya se logró la identificación de 13 personas, la que se hace efectiva cuando los cotejos genéticos, que reposan en un banco de muestras -que ha sido construido con información de la Policía, Fiscalía y Medicina Legal-, logran ligar la información del cuerpo encontrado con el de algún pariente. Por eso la importancia de que los familiares entreguen sus muestras al banco genético y no tengan que terminar como los 1.560 cuerpos que están en manos de la Fiscalía: en el limbo.
El funcionario también le aseguró a este diario que en muchas ocasiones los pobladores y los actores armados -en su mayoría postulados de Justicia y Paz-, quienes guían a las autoridades en la búsqueda de restos, pues ellos son quienes conocen el lugar exacto en el que fueron enterrados. “Luego, cuando nos remitimos a la documentación histórica del conflicto armado, evidenciamos que los cuerpos encontrados corresponden con la zona y el tiempo en que ocurrieron hechos de la guerra colombiana”, dijo Villamil.
Carlos Valdés, director de Medicina Legal, le contó a El Espectador que en aquellos casos en que los cuerpos no sean identificados la institución los conservará en sus laboratorios: “Desde 2008, cuando llegué a Medicina Legal, decidimos que los cuerpos recuperados no se devuelvan. En los cementerios se pueden volver a refundir o podrían desgastarse”. Agregó Valdés que otra de las dificultades que encara Medicina Legal para lograr la identificación es que en muchas ocasiones los restos óseos hallados en fosas comunes se mezclan y se descalcifican.
La labor de recopilación de muestras genéticas ha sido titánica. Según los registros del banco de perfiles genéticos, hasta septiembre de 2016 se han ingresado datos de 39.208 familiares que denunciaron la desaparición de su ser querido. Asimismo, que entre el 1° de abril y el 30 de septiembre se logró la identificación de 25 restos luego de ser cotejados. Además, gracias a la labor de las autoridades se entregaron 283 cuerpos.
n el futuro inmediato, durante noviembre de este año, el CTI de la Fiscalía ha proyectado realizar varias exhumaciones: dos en la ciudad de Bogotá, dos en el departamento del Valle del Cauca y una intervención en el cementerio Universal de Medellín. El principal reto es lograr la ubicación o la entrega de los restos de las 60.630 víctimas documentadas por desaparición forzada.