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Luego de la euforia que produjo el acuerdo de fin del conflicto, anunciado el pasado 23 de junio, las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc han concentrado toda su energía en acordar temas pendientes. Entre ellos, uno de los más gruesos tiene que ver con los términos en que se aplicará la “amnistía más amplia posible” para los miembros de la guerrilla que tengan responsabilidad en delitos políticos y conexos que guarden relación con el desarrollo del conflicto armado. De igual manera, se deben concretar las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública a las que se les pueda aplicar la cesación de la acción judicial.
Eso sí, los beneficios jurídicos aplicables a guerrilleros, uniformados, funcionarios públicos o civiles tienen un ámbito claramente definido: los delitos no amnistiables ni indultables según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), es decir, delitos de lesa humanidad y graves infracciones al DIH. Sin embargo, las líneas grises del actuar en la guerra suponen un reto en la construcción de la mecánica de aplicación de la amnistía, el indulto y los beneficios jurídicos para quienes participaron directa e indirectamente del conflicto.
Y es que es una materia tan sensible que, según cuentan, los compromisos adquiridos por las partes en este ámbito fueron la clave que permitió que se firmara el acuerdo sobre el fin del conflicto. Aun cuando la agenda de diálogos incluye en ese punto un aparte sobre la revisión de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad por pertenecer a las Farc —que son cerca de 1.800— el acuerdo se firmó.
Fuentes cercanas a la mesa de diálogo coincidieron en afirmar que este proceso de paz es el único en el mundo en el que la guerrilla aceptó dejar las armas sin que se haya definido previamente cuáles serán los alcances de la normatividad que materializará la amnistía. Estas dos materias guardan una relación temporal importante, ya que la dejación de armas empezará al siguiente día de la firma del acuerdo final, mientras la ley de amnistía se conocerá hasta que éste haya sido refrendado y empiece a regir el procedimiento especial legislativo.
Y como el tiempo apremia, las partes han estado trabajando, por separado, en el diseño de esa normatividad que hará efectivo que quienes cometieron delitos que guarden relación con el conflicto puedan beneficiarse de los beneficios jurídicos, proporcionales pero diferenciados. Por parte del Ejecutivo, bajo la dirección personal de Humberto de la Calle, jefe negociador, un grupo de abogados de los ministerios de Defensa y de Justicia, y del Alto Comisionado para la Paz diseñan las salidas jurídicas para los uniformados que cometieron delitos menores en desarrollo de la guerra.
En términos generales, se busca que quienes mataron a un civil en medio de un combate, o están investigados por falsos positivos por cumplir órdenes de superiores, puedan acceder al beneficio de la cesación de la persecución penal. La idea, como lo dijo el pasado viernes el plenipotenciario del Gobierno, general (r) Jorge Enrique Mora, es no repetir la historia de que a los guerrilleros se le amnistió y a los uniformados se les condenó. Valga recordar que los beneficios a unos y otros están condicionados a sus aportes en verdad, reparación y no repetición. Y en el caso de la Fuerza Pública, la verdad será un costó alto de pagar.
Desde la perspectiva de las Farc, el tema es relativamente más sencillo, aunque no por eso menos espinoso. Lo primero son los tiempos, pues la dejación de armas se realizará, en una primera parte, entre los días 45 y 60 luego de la firma del acuerdo final, y la refrendación ciudadana del acuerdo no se hará antes de un mes después de su firma. Y dado que la ley de amnistía sólo se entregará al Congreso cuando el mecanismo de fast track (trámite especial legislativo) esté en vigor, los tiempos se ponen más apretados.
En este primer momento recibirán los beneficios de la excarcelación quienes están privados de su libertad por pertenencia a las Farc, quienes hayan sido condenados por rebelión y otros delitos políticos, y quien figure en los listados que la guerrilla haga de sus militantes y colaboradores. Aquí sólo se beneficiarán las conductas que se ajusten al delito político y conexos. Y es aquí donde está el punto álgido de la discusión.
La conexidad de las conductas que estén relacionadas con el conflicto armado serán determinadas por los magistrados de la sala de amnistía e indulto del Tribunal Especial para la Paz mediante los criterios orientadores acordados en el punto de víctimas. Los criterios son dos, uno de carácter incluyente y otro restricto. El primero consiste en definir como conexas las conductas relacionadas con la rebelión armada, como la aprehensión de combatientes, el apoyo, la financiación o el ocultamiento de actividades. El segundo consiste en excluir los crímenes internacionales establecidos por el Estatuto de Roma.
En este escenario se estudia una novedosa fórmula: los delitos de hambre. En esencia, la idea es incluir como conexas conductas relacionadas con la protesta social o la seguridad ciudadana. De igual manera, la propuesta busca extender el tratamiento especial a quienes estén condenados por hechos que se puedan relacionar con la vulnerabilidad social y económica de los sindicados. Por ejemplo, mujeres que hayan servido de “mulas” para el traslado de narcóticos o los campesinos que se vieron obligados a valerse de los cultivos ilícitos para sobrevivir.
Sobre estas propuestas los equipos de Gobierno y Farc enfilan sus baterías jurídicas para enfrentar una fuerte negociación, al parecer en una subcomisión que se encargará de redactar la ley de amnistía y la mecánica de los beneficios de ley que producirá el acuerdo final del conflicto. El debate apenas comienza.