LA JEP ABRE SUS PUERTAS A LA CIUDADANÍA EL 15 DE MARZO

El camino que recorrerán las víctimas

Giovanni Álvarez, fiscal de la JEP; Alejandra Miller Restrepo, comisionada de la verdad, y Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, respondieron a las víctimas cómo será su participación en este sistema de justicia transicional, que ya está operando en el país.

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Víctimas del conflicto durante el evento de Justicia para la Paz de Colombia2020 en Medellín./El Espectador.

Quienes sobrevivieron al conflicto armado y buscan una respuesta a sus anhelos de verdad, justicia y reparación, tuvieron ayer un escenario de reivindicación y atención. Por primera vez, representantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición se reunieron con ellos y respondieron con franqueza sus preguntas sobre cómo será la participación de las víctimas en este nuevo escenario y cuáles son las limitaciones que enfrenta este sistema.

Estas fueron las principales respuestas que dieron durante el evento de Colombia 2020 y su capítulo Justicia para la Paz: “Alcances y retos de la participación de las víctimas en la justicia transicional”, que se realizó ayer en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Garantizar la defensa de las víctimas en la JEP

El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, explicó que en este momento se encuentran construyendo un protocolo de comunicación para las víctimas junto a organizaciones sociales y los magistrados del sistema de justicia transicional, que el 15 de marzo abre sus puertas en Bogotá.

Según el jefe de la Fiscalía de la JEP, en lo corrido del año se han realizado cinco encuentros con víctimas de diversos sectores –mujeres, comunidades étnicas, infancia– para crear la hoja de ruta de atención a nivel nacional que cumpla con un enfoque diferencial, territorial y de género.

Sin embargo, aclaró que la JEP al ser una institución recién creada tendrá necesidades muy específicas que le impedirán cubrir totalmente las peticiones y reclamos de todas las víctimas. “Deberemos suscribir unos convenios con la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, la Policía Nacional, el Ejército y en general todos los organismos del Estado para satisfacer las necesidades de las víctimas, especialmente desde un punto de vista sicosocial”.

Frente a la figura de interviniente especial, Álvarez explicó que se creó en el acto legislativo y la ley estatutaria de la JEP para garantizar la participación de las víctimas a lo largo del proceso judicial. Además, el fiscal de la JEP manifestó que cualquier apertura de investigación que se inicie será notificada a las víctimas a través de vía telefónica, correo electrónico o mensajería.

Álvarez dio a conocer que la JEP tendrá un sistema de defensoría a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que no solo funcionará para quienes serán investigados, sino para las víctimas, con el objetivo de proteger sus derechos gracias a una representación técnica y jurídica. Uno de los principales objetivos para evitar que la JEP colapse es convencer a las víctimas de “que se unan y presenten a través de las organizaciones sociales sus solicitudes, de tal manera que el proceso se haga más eficiente y no colapse”.

Según Álvarez, la Unidad contará con 12 sedes a nivel nacional: Bogotá, Florencia, Neiva, Pereira, Popayán, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Apartadó, Quibdó, Villavicencio y Sincelejo. “Así buscamos la forma de atender a todas las víctimas del país. También se cubrirá desde Bogotá a víctimas en Cundinamarca y Boyacá, y se viajará para atender casos que se presenten en la Amazonia y San Andrés”, sostuvo el fiscal de la JEP, quien dijo que esperan que en agosto todas las oficinas entren en funcionamiento, porque solo en junio se podrán nombrar estos funcionarios.

“Cada una de estas sedes contará con un fiscal seccional, un grupo de investigadores y adicionalmente tendrá un grupo de apoyo psicosocial que se estará organizando según las necesidades que tengamos. Además, se ha pensado no solo esté personal de la Unidad de Investigación y Acusación, sino también de la Secretaría Ejecutiva”, dijo Álvarez durante el evento.

La verdad debe construirse desde las regiones

Alejandra Miller, comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, señaló que su trabajo solo tendrá fruto si hay una amplia participación de la ciudadanía. En líneas generales, la Comisión ha realizado múltiples reuniones en tres meses de funcionamiento y ha planteado que para lograr la participación global de víctimas se deben reconocer las experiencias regionales en construcción de verdad.

Miller sostiene que se debe crear una estrategia en la que se logre tener un acompañamiento sicosocial y se haga un proceso de comunicación efectiva, para que se comprenda en todas las zonas rurales del país cuál es la función de la comisión. Los enfoques de género, territorial y étnico deben ser el eje central de la Comisión de la Verdad para garantizar la multiplicidad de voces.

Frente a las audiencias públicas que deberá adelantar la Comisión de la Verdad, dijo: “Se realizarán diversos tipos de audiencia –algunas pueden ser sesiones cerradas en temas de infancia y violencia sexual para evitar la exposición de las víctimas–”. También señaló que una parte fundamental del proceso es realizar el camino de vuelta de la verdad a los territorios. Es decir, la devolución de los hallazgos a las víctimas, comunidades, organizaciones y distintos actores que participen.

La oportunidad de la declaración confidencial

Para que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas funcione, “requiere de recursos económicos, técnicos y humanos que generen condiciones para que la participación de las familias sea real y oportuna”. El llamado lo hizo Luz Marina Monzón, directora de este organismo que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

Esta entidad es la única del sistema que tiene un enfoque humanitario, explicó Luz Marina Monzón. Y esto supone que su centro de atención son las necesidades de las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Por eso tiene la atribución legal de “incentivar a la sociedad a suministrar información de manera confidencial que permita apoyar las labores de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas”.

“Esto es una oportunidad que se abre para que la Unidad pueda tener acceso a fuentes que de otra manera no acudirían ante las autoridades para contribuir a encontrar a las personas desaparecidas, pero también a aliviar el sufrimiento de las familias y la necesidad de esta sociedad de recobrar lazos de confianza, solidaridad y humanidad que la guerra nos ha ido quitando”, explicó Monzón.

La respuesta estatal

Al cierre del evento, Elena Ambrosi, procuradora delegada para la paz y la protección de los derechos de las víctimas, resaltó la importancia de que este sistema deje claro que no todas las víctimas podrán tener plenamente satisfechos sus derechos a la justicia y a la verdad.

Para ella es imposible que en tres años la Comisión de la Verdad indague sobre todos los hechos ocurridos y la JEP investigue y juzgue los crímenes ocurridos de medio siglo de conflicto. “La justicia no puede generar falsas expectativas sobre las víctimas”, anotó.

En la misma dirección, Sergio Roldán, director nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, mencionó que la participación efectiva de las víctimas inicia con un proceso de comunicación y pedagogía:

“Entender las limitaciones que cualquier sistema judicial tendría para esclarecer todos los casos. Además, el Acuerdo de Paz pretende crear un sistema de defensa pública y de representación judicial de las víctimas al interior de la JEP. La Defensoría puede asesorar con su experiencia para gestionar ese sistema autónomo”.

Ambrosi insistió también en que hay que capacitar a más funcionarios públicos sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional y así lograr una orientación y atención efectiva para las víctimas. “Ante la falta de recursos, la Procuraduría puede ser un real orientador en las regiones”, concluyó.

A su vez, la Defensoría del Pueblo cree que la atención a las víctimas no debe dispersarse en las distintas instituciones. Roldán propone que “las mesas municipales, departamentales y nacional de víctimas deben continuar su trabajo. La labor adelantada por las Unidades para las Víctimas y de Restitución de Tierras debe seguir avanzando y la asesoría psicojurídica que brinda a los usuarios la Defensoría del Pueblo, debe fortalecerse. Colombia no puede borrar todo lo que ha hecho”.